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Dudosa mejoría
Por Eduardo Villatoro - Guatemala, 3 de marzo de 2005

Probablemente la simpatía personal del presidente Berger y la buena fe de sus enunciados, promesas y acciones, aunque a menudo se equivoque o tenga que rectificar, podría haber provocado que no fuera tan áspero el lenguaje del informe del gobierno de Estados Unidos respecto a las condiciones prevalecientes durante 2004 en torno a la observancia de los derechos humanos en nuestro país, sobre todo si se compara con la administración del ex presidente Portillo.

Aunque la exposición escrita enfatiza que en Guatemala ya no se practica como política de Estado la violación a los derechos fundamentales individuales, como intentando aprobar la gestión del actual gobernante en esta materia; al leerse con algún detenimiento el informe, cuya traducción no oficial tengo en mi poder, cualquiera puede darse cuenta que sólo es cuestión de semántica, porque si efectivamente no se califica como persecución oficial los ataques contra activistas de derechos humanos y los abusos y limitaciones a trabajadores del periodismo, entre otros hechos punibles, especialmente porque el gobierno actual cuenta con una mayoritaria prensa complaciente, eso no significa que se respeten fielmente las garantías constitucionales, y prueba de ello son los ejemplos que se describen en el mismo informe.

Para entender mejor mi punto de vista, transcribiré casi literalmente los primeros párrafos, para que se pueda advertir la existencia de contradicciones entre el enunciado formal y su contenido de fondo.
"El gobierno (de Guatemala) generalmente respetó los derechos humanos; sin embargo, hubo problemas muy serios en algunas áreas. Informes creíbles de muertes ilegales de parte de las fuerzas de seguridad. No hubo informes comprobados (el subrayado es mío) de asesinatos motivados por la política. (Pero) La ONU informó que continuaba la 'limpieza social'. El número de linchamientos fue aproximadamente el mismo que el año anterior".

Continúa: "Hubo informes creíbles de la participación de agentes de la policía en secuestros por rescate. Las fuerzas de seguridad torturaron, abusaron, maltrataron a sospechosos y detenidos. Las condiciones carcelarias siguieron siendo durísimas. En la mayoría de los casos, los sistemas de fiscalía y judicial no han garantizado investigaciones amplias y oportunas, juicios justos o el debido proceso. El arresto arbitrario y largas detenciones previo a los juicios han sido problemas. Los jueces y otros funcionarios de la ley fueron objeto de intimidación y corrupción. La impunidad ha estado ampliamente extendida".

Prosigue: "Miembros de los medios (periodistas asalariados) fueron objeto de ataques e intimidaciones. El número de agresiones a miembros y empleados de ONG´s se redujo ligeramente. La violencia aumentó y la discriminación contra la mujer continuó, así como el abuso social de los niños y la discriminación contra indígenas y personas con incapacidades. El tráfico de personas fue un problema. Hubo informes de represalias de parte de patronos contra trabajadores que buscaban formar sindicatos y participar en actividades sindicales, y el gobierno no hizo cumplir consistentemente las leyes para proteger a los trabajadores que ejercían sus derechos".

Advierte el informe que "No hubo muertes políticamente motivadas de parte del gobierno o sus agentes, pero (aquí el infaltable pero) las fuerzas de seguridad cometieron algunos asesinatos ilegales" (si no fuera una traducción no oficial, se preguntaría al gobierno de Estados Unidos si pueden aceptarse los términos de "asesinatos legales"), y seguidamente se pormenorizan casos específicos sobre desapariciones, arrestos arbitrarios, pornografía infantil, acoso sexual contra la mujer, desalojamientos de campesinos con uso excesivo de fuerza policial, torturas y otros castigos crueles, inhumanos y degradantes.

En términos generales, según el documento, puede aseverarse que en 2004, el primer año de gobierno del presidente Berger, disminuyeron relativa y parcialmente las violaciones a los derechos humanos y que ya no es una política de Estado la transgresión sistemática de esos derechos; pero como puede observarse, las circunstancias no han registrado una transformación radical que permita asegurar que los derechos fundamentales de los guatemaltecos son plenamente garantizados y protegidos, sobre todo si se toma en consideración el estado de indefensión en que se encuentran amplias capas sociales, las más desposeídas, por supuesto, ante la arremetida de las bandas juveniles, la delincuencia común y el crimen organizado, con el narcotráfico en primer lugar.

Un aspecto relevante radica en que, quizá por primera vez durante la historia reciente del país, el ejército no es señalado por el gobierno norteamericano de ser el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos, sino que todo el peso de la censura recae en la Policía Nacional Civil, y adicionalmente se notan algunos esfuerzos del Estado guatemalteco para mejorar la observancia de tales garantías, y aunque se critica al sistema de administración de justicia, se asevera que en los casos específicos del Ministerio Público y el Organismo Judicial se han impulsado reformas el sistema judicial, subrayándose como elemento positivo que "bajo el nuevo fiscal general Juan Luis Florido, el MP abrió una serie de investigaciones de esquemas de corrupción que involucraban a funcionarios de gobierno, civiles y militares de la anterior administración".

En suma, podría aventurarse a afirmar que de no ser por el encanto personal del presidente Berger y su inocultable adhesión a las políticas de Washington, el examen de Estados Unidos a la situación de los derechos humanos en Guatemala durante el año anterior, hubiese sido mucho más severo, conforme la realidad imperante, especialmente en lo que respecta al angustiante incremento de la violencia que agobia básicamente a los menos favorecidos, como es usual en cualquier asunto de carácter general.

Nota de la redacción de la Revista albedrio.org:
A colación del informe en cuestión con que solvencia el gobierno estadounidense hace señalamientos en cuanto a DDHH cuando este país es el mas grande violador de los mismos en el mundo entero y a lo largo de la historia moderna. Los casos mas recientes entre otros Guantanamo y Abu Grhaib, le incapacitan para emitir juicios de este tipo.

Fuente: www.lahora.com.gt


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