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Incapacidad ante la delincuencia
Por Eduardo Villatoro - Guatemala,4 junio de 2005

Resulta sumamente difícil intentar condensar en este espacio un documentado análisis publicado por la Fundación Myrna Mack, acerca de la violencia imperante; pero procuraré resumir los aspectos más relevantes del diagnóstico, como un pequeño aporte a su divulgación, que por sus características se restringe a ciertos círculos de opinión.

Señala el diagnóstico que las tendencias mundiales, especialmente las provenientes de Estados Unidos, en materia de seguridad, comercio y otros ejes estratégicos, han configurado en Guatemala la agudización de viejos problemas estructurales que determinan un impacto casi devastador en las relaciones del Estado con la sociedad, lo que, a la vez, que augura más dificultades de gobernabilidad, impide la reconciliación, la armonía y la convivencia social, sobre todo porque el Gobierno no diseña ni ejecuta políticas y acciones encaminadas a atender aquellos añejos problemas de las estructuras domésticas.

Los signos de las actuales circunstancias se identifican con el incremento de la violencia política que afecta a opositores políticos, ataques del crimen organizado hacia específico tipo de víctimas, su consolidación a causa de la incapacidad e irresponsabilidad del Gobierno, y la inexistencia de un Estado de Derecho, que es sustituido por rígidas formas restrictivas y hasta represivas en la aplicación de la ley y el orden.

A lo anterior se suman la virtual paralización del proceso de democratización, al acallarse voces disonantes y cerrar espacios de participación; una acentuada inoperancia de la institucionalidad política con el deliberado fin de hacer funcionar el aparato estatal y los controles democráticos sólo en casos específicos, y la caída de la calidad de vida que genera más pobreza en los sectores históricamente más vulnerables.

Indica el estudio que la violencia política se caracteriza porque afecta a quienes hacen oposición y cuestionan intereses de los bloques de poder tradicional y emergente, en vista de que, como busca generar impunidad, se ensaña contra operadores de justicia, así como se ejerce contra personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, a lo que se agrega la violencia que surge de la conflictividad agraria, teniendo como víctimas a dirigentes de grupos campesinos, pero también afecta a otras corrientes populares que se oponen a la explotación minera, al TLC y a la Ley de Concesiones, y exigen la aprobación de la Ley de Catastro, cuestionando los intereses del empresariado.

Hasta el momento -advierte el documento- no ha existido una investigación policíaca confiable sobre los ataques a los sectores populares, de modo que el Ministerio Público no tiene bases para proseguir con la investigación y, por consiguiente, no se procesa a los culpables.

Respecto al crimen organizado, la situación está fuera de control, asevera el análisis de la Fundación Myrna Mack, porque se carece de disposiciones estatales que puedan combatir las estructuras de la narcoactividad, el contrabando y los secuestros, lo que mueve a pensar que esa pasividad del Estado pudiera ser voluntaria y sospechosa, porque de otra manera no se explica por qué siendo tan evidentes los delitos de alto impacto no se definen políticas públicas y estrategias al respecto.

Además, órganos de seguridad y justicia están penetrados por agentes del poder emergente, que controlan instituciones políticas, especialmente en filiales de partidos en el interior del país y en instancias estatales que son determinantes para el crecimiento imperturbable de ese poder, fundado sobre bases criminales.

Precisa el documento que a la incapacidad de la Policía Nacional Civil de combatir el crimen organizado, la delincuencia común y la violencia política, se suman otros factores negativos, como la decisión de recurrir al ejército y a militares retirados para llenar el vacío de planes estratégicos, y de ahí que la fuerza policial se limita a deambular por las calles en busca de trasnochados, prostitutas, sujetos indocumentados, ebrios escandalosos y otras personas que capturan por faltas a la moral y al orden público, sólo por tener apariencia sospechosa y rasgos propios de pandilleros, y como generalmente no hay delito flagrante ni denuncias concretas en contra de los aprehendidos, la acción de la PNC es arbitraria e ilegal, que se agrava con la "siembra" de drogas, todo lo cual deriva en la liberación de los falsamente acusados.

Ese comportamiento policial -puntualiza el estudio- genera una cadena de errores que cuesta millones de quetzales al año, puesto que cuando ocurre una captura se pone en movimiento todo el sistema, al intervenir policías, fiscales, jueces y defensores públicos, de manera que los operadores de justicia, incluyendo a la propia PNC, se concentran en faltas y delitos menores, reales o inventados, con el consiguiente gasto de dinero, recursos y tiempo, mientras se mantienen intocables el crimen organizado, la narcoactividad, la delincuencia común y las estructuras de la violencia política.

La segunda parte de este diagnóstico, según mi caprichosa distribución del documento, incluye un análisis en torno al ejército y la seguridad interna, la ausencia del estado de Derecho, algunas prioridades para afrontar el problema de la violencia delincuencial, tales como el fortalecimiento de la institucionalidad política y de la PNC, y la reconversión del Ejército.

(Un pillo reincidente es conducido por enésima vez al tribunal, y el juez Romualdo le reconviene: ¿Y no le repetí hasta la saciedad que ya no quería verlo de nuevo por aquí? El redomado delincuente replica: ¡Le dije al policía lo que usted me había dicho, señor juez, pero no me hizo caso!).

Fuente: www.lahora.com.gt


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