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Martes de preguntas variopintas
Por Eduardo Villatoro - Guatemala, 16 de agosto de 2005

Fragmento

Como el espacio es corto, aprovecho para presentar de inmediato las interrogantes de este inicio de semana.

¿Por qué al señor Ricardo Cajas, alto funcionario de Estado, se le discrimina al no invitarlo a las reuniones de ministros, secretarios y comisionados presidenciales? ¿Será por su tez cetrina? ¿Por su condición racial indígena? Si ostentando el elevado cargo gubernamental que ocupa se le relega de las juntas con el gobernante Berger ¿cómo le iría si intentara hablar con algún ministro de Estado o con el mismo mandatario si no fuera el supuestamente influyente Comisionado Presidencial contra la Discriminación y el Racismo?

¿Qué más pruebas requiere el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa para iniciar el debido proceso contra el diputado Abel Sandoval, de la GANA, acusado de apropiarse del caudal de un río, cuando están a la vista tubos a flor de tierra, cajas con llaves para regular la presión del agua, el socavamiento de un puente y declaraciones de testigos? ¿Cómo es posible que el titular de ese juzgado haya sobreseído el caso si el fiscal Roberto Díaz-Durán comprobó que la maquinaria que utilizó el ahora ex alcalde de Oratorio es del Estado, y que llegó a falsificar actas del concejo? ¿Cuál será la posición de la Supervisión de Tribunales y la opinión del presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia ante semejante veredicto? ¿Estarán enterados de que el ex alcalde Sandoval construyó una presa en el río Las Marías y entubó el 92 % del caudal hacia las parcelas de su propiedad en la aldea Las Cabezas? ¿Es este caso otra muestra de impunidad, prepotencia y abuso de poder? ¿O de negligencia judicial, para no usar un término que riñe con la probidad?

¿Qué esperan los habitantes de los restantes municipios del país donde operan las distribuidoras de energía eléctrica propiedad de la empresa española Unión Fenosa, para reclamar sus derechos y protestar masivamente contra los fraudes de que son víctimas? ¿Seguirán agachando la cabeza resignadamente ante la insolencia y las ilegalidades de esos españoles? ¿No son suficientes más de 4,500 denuncias planteadas contra Deocsa y Deorsa para que el presidente Berger no sólo amague con intervenir sino que, siguiendo el ejemplo de otros países latinoamericanos donde ha operado la Unión Fenosa, la expulse de Guatemala? ¿Es creíble que un empobrecido pescador de El Estor, para citar un amargo ejemplo, que gana Q1,900 al mes y que habita en casa de lámina, con tres focos de 80 vatios y dos refrigeradores, haya consumido electricidad por el equivalente a Q23 mil en tres meses? ¿Puede el Estado quedarse indiferente ante el caso de don Domingo de León quien tuvo que vender un inmueble para pagar la deuda a esa empresa española? ¿Y la delegación de la PDH en Izabal, qué?

Fuente: www.lahora.com.gt


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