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Economía y violencia
Por Félix Loarca Guzmán - Guatemala, 5 de enero de 2005

En todos aquellos lugares del mundo donde prevalecen condiciones de injusticia y explotación inhumanas, existe latente el desenvolvimiento de la violencia como búsqueda del cambio social que impone tal situación.

La violencia se genera entre otras causas, por la existencia de hambre, pobreza y demás calamidades a que están condenadas las poblaciones marginales.

Al iniciarse el nuevo año 2005, confirmamos con preocupación que no existe una política clara y definida para proteger los derechos de los trabajadores del país y que en vez de ir hacia adelante, caminamos hacia atrás como los cangrejos. Un ejemplo de ello, es la decisión del gobierno del presidente Óscar Berger de otorgar el salario por productividad, medida sobre la cual ya fueron presentadas las primeras impugnaciones.

La legislación laboral existe sólo en teoría, pues tanto las autoridades judiciales como administrativas del ramo, no aplican las leyes de trabajo con independencia de criterio, sino generalmente sometidas a los intereses del capital nacional y extranjero.

Esta situación ha generado hechos negativos como el desquiciamiento del sindicalismo libre y democrático, la utilización de las organizaciones sindicales por líderes corruptos o representantes de sectores descalificados, incumplimiento real de las prestaciones y derechos laborales, entre otros, de los salarios mínimos, violación de las jornadas de trabajo, trabas legales a los conflictos colectivos y la negación del derecho de huelga.

Grandes sectores populares están desprovistos de protección de las leyes de trabajo y de la seguridad social, que los coloca en situaciones aflictivas para satisfacer sus necesidades económicas, de salud y previsión social.

Por ello resulta interesante y debe ser apoyada la acción legal emprendida por el Procurador de los Derechos Humanos ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, que fijó la edad de los pensionados en 65 años y no en 60, como estaba con anterioridad.

El máximo tribunal de justicia constitucional ya emitió un fallo provisional que suspende el citado acuerdo, lo cual dio origen a que el equipo de abogados del IGSS haya enderezado todas sus baterías jurídicas para lograr convencer a los Magistrados que modifiquen el espíritu de su resolución.

Queriendo asustar con el petate del muerto, el gerente del IGSS, Carlos Raúl Sosa, argumenta que con la reducción en la edad de los beneficiados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IVS, es probable que más afiliados se acojan al beneficio, lo cual acortaría el tiempo del programa. Pero lo que no dice es que si bien la medida podría causar algunos problemas, los pagos atrasados del Estado que suman varios miles de millones de quetzales, pueden devolver la solvencia financiera a la institución.

Tampoco dice que para alcanzar la solvencia financiera es indispensable que los actuales miembros de la Junta Directiva deben suspender los aumentos desproporcionados a las dietas que se recetaron, según denuncias de los sectores sindicales del IGSS.
Frente al problema de la escalada de violencia que sacude a Guatemala desde los últimos meses, el gobierno de la GANA ha reaccionado con acciones de represión policíaca, anunciando con bombos y platillos haber recibido una donación de vehículos del gobierno de la República de China en Taiwán para mejorar la capacidad de movilización de las fuerzas del orden.

Desafortunadamente, éste es solamente un lado del problema. Como bien apunta el economista José Guillermo Salazar Santizo, Presidente de la Fundación para la Investigación Económica, FIE, la seguridad no es sólo asunto de policías.

Dicho profesional pone un ejemplo muy elocuente. La represión de la delincuencia es exactamente como cuando se presiona hacia abajo un resorte. Todo marcha bien mientras se mantiene presionado el resorte, pero tan pronto se quita el dedo del mismo, el resorte salta más alto. Subraya que eso pasa cuando se acude al único expediente de reprimir la violencia, pues los delincuentes se ríen de las autoridades y se esconden mientras se ejecuta esa estrategia.

El licenciado Guillermo Salazar explica que tan pronto desaparece la vigilancia de excepción, la delincuencia vuelve de nuevo a ocupar sus espacios.

Expone que "nuestros dirigentes no logran entender que la verdadera guerra contra la delincuencia hay que desatarla en el área económica, pues si la economía no funciona, si no hay inversión, si no se crean empleos, no será posible combatir y erradicar el germen de la delincuencia."

El destacado profesional subraya que fácilmente puede probarse en términos estadísticos que los países que ofrecen el mayor número de puestos de trabajo a sus ciudadanos, tienen los menores índices de delincuencia.

Luego pregunta ¿Creen ustedes que puede el gobierno del presidente Óscar Berger tener éxito en el combate a la delincuencia cuando hay 200 mil jefes de hogar sin empleo actualmente en Guatemala y no se hace absolutamente nada para reducir esta dramática situación?

¿Creen ustedes que puede haber más seguridad en el país si se despilfarra el dinero en jugosos aumentos de sueldos para los diputados en vez de adquirir equipo de comunicaciones para la policía?

Nosotros podríamos agregar que quien primero dio el mal ejemplo en el despilfarro del dinero fue el propio presidente Berger, pues a los pocos meses de asumir el mando de la Nación se aumentó en 100 mil quetzales el sueldo para él y para el Vicepresidente de la República. Hay que recordar que el presidente Alfonso Portillo tenía un salario de 43 mil quetzales y que el del presidente Óscar Berger es ahora de 143 mil quetzales mensuales.

Fuente: Diario La Hora - www.lahora.com.gt


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