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Capturas ilegales
Por Félix Loarca Guzmán - Guatemala, 27 de abril de 2005

¿Cuál es el destino de Guatemala? ¿Hacia dónde llevan al país las condiciones en que vive la mayoría de su población? ¿Qué depara la situación política con que nos enfrentamos en la actualidad? Estas son las inquietantes preguntas que poco antes de su asesinato en 1979 formulaba el doctor Alberto Fuentes Mohr, uno de los principales líderes social demócratas de Guatemala que junto a Manuel Colom Argueta, el otro gran mártir nacional, soñaba con un país sin represión policial, sin el uso de la coacción y sin violencia.

Estas preguntas siguen vigentes y no sólo constituyen una fuente de preocupación, sino también plantean un desafío intelectual, pues crean la obligación de fijar nuestra definición ante la hora crítica que vivimos. Todo indica que la situación de hoy en Guatemala no es más que la continuación de la de hace casi treinta años con el engaño de la voluntad popular haciendo aparecer como democrático el supuesto respeto a fórmulas legales.

El gobierno de los empresarios que encabeza el finquero y abogado Óscar Berger, está transitando por un camino peligroso pues sus actos no responden a las necesidades del pueblo y sólo ofrecen un magnifico pretexto para quienes estando obligados a garantizar la vida y la seguridad pública como el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil, confunden sus obligaciones cayendo en la tentación de violar la ley con actos de represión en contra de ciudadanos pacíficos como los que han sido denunciados por los medios de comunicación en los últimos días.

Ayer martes, el diario Prensa Libre publicó en la página cuatro, las declaraciones del procurador de los Derechos Humanos, Doctor en Derecho Sergio Morales Alvarado, indicando que las capturas efectuadas recientemente en las operaciones de la Policía Nacional Civil son ilegales, por el abuso de poder".

Según esa versión periodística, el Magistrado de Conciencia puntualizó que "Sólo se puede detener a alguien cuando existen motivos razonables". También condenó la actuación de los agentes de la policía señalando que las acciones que efectúan con el pretexto de contrarrestar la criminalidad en el país están fuera del marco legal.

La nota del matutino agrega que el doctor Morales Alvarado dijo que "El protector de la ley se está convirtiendo en un abusador de la misma". Al mismo tiempo recordó que las aprehensiones sólo se pueden hacer con orden de juez competente o en casos flagrantes y que de no cumplirse con estos requisitos, los miembros de la policía no pueden detener a nadie.

El Procurador de los Derechos Humanos opinó que aun con este tipo de operaciones indiscriminadas y fuera de la ley, los índices delictivos en el país no bajan, porque las bandas delincuenciales están libres, mientras personas inocentes están siendo llevadas a la cárcel.

El mismo periódico publica una fotografía y un texto en donde pregunta si no ha habido exceso de fuerza en los patrullajes de la policía. El domingo se produjeron varios incidentes cuando los agentes de la "autoridad" acorralaban en la zona uno de la capital de Guatemala a diversos ciudadanos como parte de un operativo para registrar a presuntos delincuentes.

El pasado lunes, los medios de comunicación impresos y hablados trasladaron denuncias sobre que en las acciones realizadas a inmediaciones del Cerro del Carmen, la policía cometió incalificables abusos en contra de los parroquianos al golpearlos, además de realizar detenciones indiscriminadas.

El Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil, deben tener presente que con este vergonzoso procedimiento "los agentes del orden" están violando el artículo 6 de la Constitución Política de Guatemala el cual establece que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Sólo se exceptúan los casos de flagrante delito o falta.

La Carta Magna manda que el funcionario o agente de la autoridad que infrinja esta disposición será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.

Hay que preguntar al Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido, si el despacho a su cargo ya inició la investigación sobre estos atropellos de la policía en contra de la ciudadanía, ya que todo apunta a que tal como se lo increparon ayer varios diputados demuestra desconocimiento de los casos relativos al quebrantamiento de la ley en perjuicio de la población, pero en cambio está muy al tanto de los de tipo político.
También se debe subrayar que la actuación de la policía está al margen de la ley con los retenes de registro de automóviles y de personas como el que montaron el pasado domingo en horas de la tarde en la 5ª. calle y avenida San José, zona 1, pues violando el derecho de locomoción garantizado por la Constitución, los agentes de la policía impedían que los automovilistas continuaran su marcha sobre esa calle en dirección a la despensa familiar situada en el sector.

Esos retenes no se justifican, porque de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución de Guatemala, el registro de las personas y de los vehículos, sólo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello.

Además, la norma constitucional ordena que para este efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas.

En resumen: es un imperativo exigir al gobierno que no siga violando la Constitución de Guatemala y que no actúe como un tirano del siglo pasado que decía: "La ley se hizo para mis enemigos. Para mis amigos la amistad".

Fuente: www.lahora.com.gt


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