Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 2 - 2005

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Los ataques en contra de las organizaciones sociales
Por Félix Loarca Guzmán - Guatemala, 15 de junio de 2005

Recientemente el buen amigo don José Pinzón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, nos envió copia de un interesante documento que con fecha 24 de mayo del año en curso fue entregado al gabinete de seguridad del Estado de Guatemala, por conducto del vicepresidente de la República, doctor Eduardo Stein, sobre los diferentes ataques, atentados, asesinatos, amenazas, intimidaciones, controles, escuchas ilegales, allanamientos y persecuciones que se vienen produciendo en contra de diferentes organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

El texto señala que de acuerdo a la información recabada, desde hace algún tiempo varios sectores sociales han sido víctimas de diferentes ataques que vulneran su integridad física, así como otros derechos garantizados en la Constitución Política de la República. Durante el primer año del gobierno del presidente Óscar Berger (2004) se contabilizan 122 ataques y durante el 2005 aparecen registrados 68; de estos 12 se produjeron en las últimas dos semanas previas al 24 de mayo.

La denuncia es bastante grave y debería originar la investigación de oficio de parte del Fiscal General y del Ministerio Público, pues puntualiza que detrás de los hechos de violencia perpetrados en contra de las organizaciones sociales y sus dirigentes, los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, iglesia y otros sectores, se encuentran cuerpos ilegales o aparatos clandestinos vinculados con las fuerzas de seguridad, particularmente inteligencia militar, así como con el crimen organizado y ciertos grupos empresariales.

Al leer el documento a uno se le para el pelo, pues pareciera ser que estamos volviendo al tenebroso pasado que tanto luto, sangre y dolor dejó en nuestra sociedad. El documento hace un señalamiento concreto sobre que están operando grupos clandestinos vinculados con los servicios de seguridad del Estado y con núcleos del sector privado. Esto hace recordar la actuación de los famosos escuadrones de la muerte durante los gobiernos castrenses de las décadas anteriores que con el patrocinio de sectores económicamente poderosos, tuvieron el dudoso honor de exterminar a los opositores políticos dentro de la más asombrosa impunidad y bajo las narices de la comunidad internacional.

Las "hazañas" de estos remedos grotescos de la Gestapo que fueron los comandos parapoliciales que hubo en el pasado reciente, hundieron al país en la más impresionante vorágine de violencia.
Los regímenes neofascistas que hubo en Guatemala desde 1954 hasta 1984 los cuales actuaron en complicidad con algunos sectores empresariales que hoy hipócritamente enarbolan la bandera de la democracia, daban la impresión de estar empeñados en cumplir el "malthusiano" cometido de liquidar buena parte de la población de nuestro país para completar el "trabajo" que comenzaron hace casi cinco siglos los capitanes de la Conquista y la "Civilización" de Indoamérica.

El documento que nos envió don Pepe Pinzón, dice en el numeral 3, que tanto las organizaciones sociales como el Procurador de los Derechos Humanos coinciden que muchos de los ataques tienen indicios de haber sido llevados a cabo por estructuras que, con el tiempo, han perfeccionado el empleo de métodos y técnicas de inteligencia, las cuales operan con una compleja división del trabajo, gozan de recursos y de impunidad.

Son estructuras que difícilmente pueden estar fuera del aparato estatal, competir contra el mismo o ser totalmente ajenos a su conocimiento. En dichas estructuras ilegales se combinan formas y motivaciones diversas de organización, entre las que se incluye el apadrinamiento de las estructuras formales de inteligencia militar, con las cuales y atendiendo a los objetivos de las operaciones, existen niveles de coordinación, además de tener cierta autonomía y estar vinculadas al fenómeno del crimen organizado o a la ejecución de "encargos personales".

La exposición entregada al Vicepresidente de la República enfatiza que la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala determinó en su undécimo informe que "En varios de los casos mencionados, los autores de las amenazas utilizan líneas telefónicas intervenidas y disponen de vehículos con placas de circulación asignadas al antiguo Estado Mayor Presidencial; poseen la experiencia suficiente y la infraestructura necesaria para amedrentar a sus víctimas. La alta capacidad operativa demostrada respaldaría la hipótesis de que cuentan con la participación, aquiescencia y tolerancia de agentes del Estado".

El documento añade que este conocimiento generalizado y las denuncias sistemáticas de las víctimas acerca de la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), como fueron denominados en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, no ha tenido una correspondencia con la respuesta del sistema de justicia en materia de investigación y procesamiento.

En particular, es notoria la deficiencia del Ministerio Público en materia de persecución penal. Más del 90 % de los casos denunciados ante la fiscalía de ataques a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y otros sectores continúan archivados sin que, en muchos casos, se realicen procesos iniciales de investigación. Este fenómeno se da tanto por falta de capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo este tipo de investigaciones como por la falta de voluntad política.

A lo anterior se suman retrocesos importantes en materia de derechos humanos, como son la reagrupación de las Patrullas de Autodefensa Civil, la contratación de asesores militares tanto en el Ministerio de Gobernación como en la Policía Nacional Civil, la limpieza social en contra de jóvenes y la profundización del fenómeno del feminicidio.

También es preocupante que dentro del actual gobierno existan sectores que insisten en menospreciar y deslegitimar el trabajo de las organizaciones y líderes sociales quienes consideran el uso de la violencia estatal como un recurso para mantener el "orden social", que estigmatizan la oposición política, criminalizan la protesta social y la pobreza, que atacan a las organizaciones sociales y debilitan la institucionalidad democrática propiciando el cierre de espacios de participación ciudadana.

Es digna de encomio la postura asumida por don José Pinzón y los demás dirigentes de las organizaciones sociales al formular esta denuncia y presentarla con toda valentía al gobierno de los empresarios.

Fuente: www.lahora.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.