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La corrupción en la Policía: un reto para la democracia
Por Félix Loarca Guzmán - Guatemala, 23 de junio de 2005

El estudio sobre La Democracia en América Latina publicado el año pasado por un grupo de destacados expertos del continente bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas, dice que en la actualidad no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia.

Para resolverlo es indispensable hacer uso de la libertad, el instrumento más preciado que brinda la misma democracia. Libertad para discutir lo que molesta, lo que algunos preferirían que se oculte. Libertad para decir que el actual gobierno de los ricos en Guatemala está transitando por el camino equivocado. Libertad para saber por qué la corrupción está enraizada en todas partes, tanto en el sector privado como en el público.

La historia de Guatemala está llena de esperanzas y frustraciones. Uno de los principales desencantos es la inseguridad ciudadana y el alarmante avance de la corrupción en algunas instituciones del Estado, particularmente en las relacionadas con el sector justicia como la Policía Nacional Civil, PNC.

Muchos analistas y organismos internacionales coinciden en que el conflicto armado de más de treinta años de duración debilitó el sistema policial y judicial. Para lograr efectividad contra la guerrilla izquierdista, el Ejército usurpó todos los espacios de la política anticriminal del Estado. Fue así como los principales cargos de jefaturas en la policía fueron tomados por militares y los planes policiales formaban parte del diseño de la inteligencia militar. En vez de profesionalizarse, la Policía se militarizó.

Como consecuencia, la Policía padece desde entonces una serie de deficiencias difíciles de superar en un corto plazo. Algunas de ellas son un débil sistema de reclutamiento, falta de control para evitar que se infiltren o permanezcan en la institución personas con antecedentes delincuenciales, precarias condiciones económicas, bajo nivel de escolaridad, limitado manejo de las leyes por parte de los policías, especialmente en materia de derechos humanos, equipo obsoleto y presiones externas ilícitas que coartan la investigación judicial.

La creación de la nueva Policía Nacional Civil, PNC, contemplada en los acuerdos de paz, estaba llamada a permitir la superación de todos estos problemas gradualmente. Las fuerzas de seguridad civil tenían que pasar por una transformación que incluía un componente de depuración y otro de formación. Primero, algunos miembros de la vieja Policía Nacional y de la Guardia de Hacienda fueron despedidos a causa de su participación en actos al margen de la ley.

Segundo, las autoridades iniciaron un plan de formación de la nueva Policía Nacional Civil, que comprendió el reciclaje de los miembros de la antigua policía y la capacitación de los nuevos integrantes.
Pocos años más tarde, quedó al descubierto el fracaso de la nueva policía inaugurada durante el primer gobierno de los empresarios que encabezó el ultraderechista Álvaro Arzú. Probablemente el error esencial fue haber reciclado agentes viejos con los nuevos, ya que desafortunadamente las manzanas podridas siempre arruinan a las buenas.

En su undécimo informe sobre derechos humanos, dado a conocer en septiembre del año 2000, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, reveló que la PNC era la principal responsable institucional de violaciones a esos derechos.

El documento expuso que los agentes de la nueva Policía Nacional Civil fueron los autores de gravísimos casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como participantes en las denominadas operaciones de limpieza social. MINUGUA expresó su honda preocupación por la persistencia de la práctica de torturas, especialmente por miembros del Servicio de Investigación Criminal, SIC.

En la actualidad los elementos de la PNC enfrentan un momento de alta desconfianza, como agentes garantes de la protección y seguridad de los habitantes, lo cual es un desafío clave para la sobrevivencia de la democracia.

Las denuncias que las compañías de seguros formularon en la edición del diario Prensa Libre del pasado sábado sobre que los miembros de la Policía son los que desmantelan los carros en los predios del Organismo Judicial, constituyen una invitación para debatir sobre la necesidad de promover a fondo una depuración en esa institución, que en lugar de seguridad lo que proyecta es un profundo temor entre la población en general.

El Ministro de Gobernación, el industrial Carlos Vielmann, ha reconocido que existen robos en los predios que son vigilados por la Policía Nacional Civil, hechos por los cuales ya fueron detenidos dos agentes. Para la percepción de la ciudadanía, ello no es suficiente pues lo que hay que hacer es impulsar una transformación completa a todos los niveles de la Policía.

La citada nota periodística, señala que cuando ocurre un accidente de tránsito en que hay lesionados, los automóviles son llevados a los predios del Organismo Judicial, vigilados, la mayoría, por agentes de la PNC. Los vehículos pasan meses en esos lugares, mientras se tramita el proceso judicial, sin que los propietarios puedan ir a revisarlos. Cuando finalmente son devueltos, les falta hasta el motor.

El señor Mario Mendizábal, de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), afirmó al mencionado matutino que si no retiran los vehículos de los predios en 48 horas, cosa poco probable, 80 de cada 100 aparecen desmantelados. El corredor de seguros Manuel Morales, dijo que “A nuestros clientes les han solicitado hasta 500 quetzales a la quincena para que sus autos no sean “desguajados”.

En conclusión: la corrupción en la policía no sólo es una vergüenza para Guatemala, sino uno de los mayores retos para el futuro de la democracia.

Fuente: www.lahora.com.gt - 220605


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