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Un histórico fallo
Por Félix Loarca Guzmán - Guatemala, 21 de julio de 2005

La semana pasada la Corte de Constitucionalidad dejó en firme su histórico fallo mediante el cual resolvió que los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, podrán jubilarse a partir de los 60 años de edad y no a los 65 como había decidido anteriormente la Junta Directiva de esa institución a través del acuerdo 1,124.

La decisión del máximo tribunal de justicia constitucional del país ha sido recibida con beneplácito por miles de trabajadores que durante 15 años o más cumplieron con cubrir las respectivas cuotas para el régimen de IVS, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, que tiene a su cargo la administración del sistema de pensiones.

El fallo es resultado de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Morales Alvarado, al considerar injusta e ilegal la medida administrativa de las autoridades del seguro social. Uno de los argumentos que expuso el Magistrado de Conciencia es que la expectativa de vida de los guatemaltecos es de 65 años y si elevaba a esa edad el requisito para acceder al plan de jubilaciones, prácticamente esa prestación se convertía en un sueño inalcanzable.

En términos concretos, los funcionarios del seguro social estaban negando de manera encubierta la posibilidad de que los obreros y campesinos pudieran gozar de una pensión en el ocaso de su existencia y por la cual tributaron importantes sumas de dinero durante su vida productiva de trabajo.

Uno de los elementos de mayor peso jurídico que el Procurador esgrimió fue que la determinación de la Junta Directiva del IGSS al aumentar a 65 años la edad para jubilarse, violaba el artículo 51 de la Constitución Política de Guatemala que ordena claramente que el Estado debe proteger la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Esa norma establece que el Estado garantizará a los menores y ancianos su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social.

Como es del dominio público, las condiciones de vida en que se desenvuelven centenares de ancianos de Guatemala son muy difíciles no sólo por la aguda situación económica, sino por la indiferencia de la sociedad y muchas veces hasta de sus propios familiares que les dejan en el abandono.

Hemos conocido numerosos casos de ingratitud, uno de ellos el de un señor de 70 años de edad, que a pesar de su avanzada edad y los achaques de salud, sigue trabajando de sol a sol vendiendo periódicos sin tener la esperanza de una jubilación.

Otras personas de la tercera edad que hicieron efectivas sus contribuciones al seguro social afrontan el problema que no cuentan con las constancias de trabajo de las empresas en las cuales prestaron sus servicios. En otros casos el problema adquiere dimensiones distintas pues las empresas cerraron sus puertas y los propietarios ya fallecieron.

En la actualidad, numerosos trabajadores afrontan muchas adversidades pues en no pocas empresas, incluso algunas de comunicación social, se les mutila la esperanza de obtener una jubilación decorosa mediante el pago de un sueldo base de menor cuantía y una bonificación más alta que el salario.

La desafortunada práctica de la bonificación ha sido enteramente perjudicial para los trabajadores y también lesiva para las propias finanzas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues los aportes de las respectivas contribuciones no están en consonancia con el total de ingresos que las empresas pagan a los trabajadores. En ese caso, las cuotas se calculan únicamente sobre la base del salario ordinario.

Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, deben analizar las implicaciones negativas de toda esta política de las bonificaciones y asumir una actitud positiva con los trabajadores brindándoles facilidades para sus trámites de jubilación y no estar asustando con el petate del muerto al pintar una situación dramática por el impacto financiero que tendrá el fallo de la Corte de Constitucionalidad.

Lo primero que deben hacer los funcionarios del IGSS es combatir los altos niveles de corrupción que se han denunciado en el pasado y en el presente como el escándalo del fideicomiso por el cual están tras las rejas el ex presidente y el ex gerente de esa entidad.

El segundo paso debe ser invertir en forma creativa los fondos del programa IVS para que produzcan utilidades destinadas a atender las necesidades financieras del programa. Una propuesta concreta es la creación de una lotería semanal, quincenal o mensual, la cual podría reportar importantes rendimientos. Quizá el mejor ejemplo es la Lotería Santa Lucía que con gran éxito realiza sus sorteos semanales, cuyas ganancias sirven para cubrir el presupuesto de las diferentes actividades en beneficio de los ciegos y sordos de Guatemala.

El gerente del IGSS, Carlos Sosa Aldana, debería exhibir una postura constructiva acatando de inmediato la resolución de la Corte de Constitucionalidad y poniéndose a trabajar conjuntamente con la Junta Directiva, para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, pero sin recurrir al fácil expediente de propiciar un aumento en las cuotas que pagan los patronos y trabajadores.

De una vez por todas el gerente debe desechar las ideas de privatizar el sistema de pensiones del IGSS o unificar ese plan con otros sistemas de jubilaciones como el de los militares, ya que ello sería un mal negocio como ocurrió con la fusión del Banco del Ejército con el Crédito Hipotecario Nacional, CHN, que ha sufrido un fuerte deterioro por tan descabellada medida.

Las organizaciones sindicales más representativas del país tales como la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG y la Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP, tienen que estar vigilantes para exigir que los funcionarios del seguro social procedan a recibir de inmediato las solicitudes de jubilación de los trabajadores de 60 años o más, tal como ordenó la Corte de Constitucionalidad. Las resoluciones de la CC no se discuten, se acatan.

Fuente: www.lahora.com.gt - 200705


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