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Una justicia subordinada
Por Félix Loarca Guzmán - Guatemala, 23 de marzo de 2013

El caso de la condena por genocidio contra el exjefe de Estado, general Efraín Ríos Montt, y su posterior anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad, ha originado reflexiones importantes.

La primera es la percepción de la falta de independencia de las instituciones de justicia en Guatemala, y su probable supeditación a sectores de gran poder económico y político, lo cual actualiza el debate sobre que nuestro país continúa viviendo en el marco de una situación colonial.

A nivel mundial hubo muchas reacciones, mientras internamente cada vez son más visibles las grietas institucionales que hay en el país. La impresión que ha quedado en el ambiente, es que el fallo de la Corte fue político, demostrando que los “poderes reales” se oponen al juicio.

El director de Incidencia Pública de la Universidad Católica Rafael Landívar, Renzo Rosal, ofreció declaraciones sobre la anulación de la condena, las cuales fueron difundidas al exterior por las agencias internacionales de noticias.

El académico señaló textualmente: “Yo creo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad expresa el nivel de subordinación que tiene ese tribunal a sectores de interés, especialmente a los empresarios organizados, que literalmente giraron instrucciones de cómo debía resolverse el caso”.

En esta columna, nosotros nunca externamos ninguna opinión ni a favor ni en contra de Ríos Montt, y únicamente nos limitamos a señalar que la condena había provocado un alto grado de polarización, formulando un llamado para resolver cualquier controversia por el conducto de los órganos de justicia.

Desafortunadamente, las cosas tomaron un camino equivocado, sobresaliendo una gigantesca campaña mediática promovida por sectores de mucho poder, para estigmatizar a los tres jueces del Tribunal que dictó la condena, especialmente a su Presidenta, la abogada Jazmín Barrios.

La descalificación fue verdaderamente apabullante, creando las condiciones propicias para estimular la resolución revocatoria con el argumento de la existencia de algunos errores procesales.

El fallo anula todo lo actuado desde el 19 de abril, lo que obviamente incluye la sentencia condenatoria del pasado 10 de mayo. La resolución deja abierto el camino para continuar el juicio, pues no suprime todo lo actuado, pero en opinión de representantes de organizaciones de derechos humanos, se trata de un camino empedrado.

Obviamente los abogados de Ríos Montt no permitirán que los mismos jueces sigan conociendo el caso, pues ya expresaron opinión al emitir la condena. En esas condiciones, el tribunal tendrá que integrarse con otros juristas, quienes no querrán exponerse a toda la campaña de manipulación y ataques de que han sido objeto sus antecesores. En esas condiciones, son escasas las probabilidades de que vuelva a producirse una condena.

Fuente: www.lahora.com.gt


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