El Plan Mérida (I)
Por
Frank La Rue - Guatemala, 19 de junio de 2008
En estos días se ha hablado mucho del Plan Mérida; sin embargo, los pueblos centroamericanos saben poco o nada de dicho plan, y éste no ha sido sometido a consideración pública por los gobiernos del área.
El Plan Mérida es un programa de cooperación de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México y Centroamérica, pero únicamente contempla la acción policial de interdicción de las drogas, y no desarrolla componentes claros de fortalecimiento institucional de los estados del área.
El Plan Mérida promoverá y financiará cuerpos de élite que enfrenten al narcotráfico internacional en la región y que coordinarán acciones con los cuerpos de élite de Estados Unidos. Además, restablece la ayuda militar y el entrenamiento a cuerpos especiales de los ejércitos del área, en particular la Fuerza Aérea y la Marina.
En este análisis debemos partir de reconocer que el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado en nuestros países, y muy especialmente en Guatemala, es un problema serio y urgente, que no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino también la seguridad nacional, pues debilita fundamentalmente la institucionalidad del Estado y los procesos democráticos. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que el remedio que se aplique no contribuya a la crisis, y a la larga sea tan peligroso como el mal mismo. No es fácil aceptar el retorno a la ayuda y el entrenamiento militar en el área.
Por supuesto que ante el enorme poder económico del crimen organizado, un país pequeño y con un Estado precario, como Guatemala, necesita de apoyos externos para enfrentarlo, pero esta cooperación debe ser adecuada a las necesidades del país y debe dirigirse prioritariamente al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado.
El crimen organizado ha creado sus propios cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs), que además son responsables de haber generado gran parte de la impunidad que impera en el país. Fue precisamente esta la razón que nos llevó a negociar con Naciones Unidas el establecimiento de la Cicig como una alternativa de apoyo de la ONU en la lucha contra la impunidad. Esta misma situación nos debe llevar a entender que todo plan de seguridad ciudadana y de combate del narcotráfico y del crimen organizado debe incluir como parte fundamental un componente de fortalecimiento del sistema de justicia.
Un plan de seguridad debe buscar la depuración y profesionalización de la Policía en su conjunto, y no solo de los cuerpos especializados en narcotráfico. De igual manera, cuando observamos el crecimiento acelerado de las maras y sus acciones violentas vinculadas al crimen organizado debemos entender que la única alternativa para que este fenómeno no crezca es impulsar un Plan de Prevención de la Violencia Juvenil, como la solución más efectiva y más humana para frenar su desarrollo, pues, además de ser instigado por el crimen organizado, también se origina de causas estructurales como la falta de cobertura escolar y el desempleo juvenil.
En general podemos afirmar que un plan de seguridad debe ir de la mano con el plan de desarrollo económico y social del país para que tenga viabilidad. Estados Unidos debe considerar también como necesaria la inversión en estos planes de desarrollo integral, y no solo en iniciativas policiales y militares de nuestra región. Fuente: www.prensalibre.com |
