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Pobreza y conflictividad en el Polochic
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 12 de abril de 2013

“La población q’eqchi’ ha sido recurrentemente despojada de sus tierras a través de distintos procesos históricos: en el período colonial, cuando sus tierras se inscribieron en nombre de la Corona Española y fueron otorgadas a la administración de la orden de los dominicos; en el período liberal, cuando se autorizó la adjudicación de las tierras a extranjeros y ladinos y; en la contrarrevolución militar, mediante el registro de las tierras a nombre de finqueros vinculados con el poder político local. Todos estos procesos de despojo han sido promovidos o autorizados por el Estado, así como revestidos de una forma legal. Hoy las comunidades enfrentan el nuevo reto de la re-concentración de la tierra por parte de las empresas dedicadas a los monocultivos. Este proceso, que no deja también de revestir una forma legal, está implicando que se reduzca drásticamente el acceso a la tierra por parte de los campesinos q’eqchis’, limitando sus posibilidades de auto subsistencia y poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.”
(Los desalojos en el Valle del Polochic. OACNUDH. Guatemala, 2013).

Uno de los varios focos de conflictividad social en el país derivado de la problemática agraria, se concentra en el Valle del Polochic que abarca los municipios de Tamahú, La Tinta, Tucurú, Panzós, Senahú en el departamento de Alta Verapaz y El Estor en el departamento de Izabal. El Valle reúne una población que supera los 294,000 habitantes, de los cuales un 89% son indígenas maya-q’eqchís y el 11% restante son maya-poq’omchi’ y ladinos pobres. El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2006 señala que, los cinco municipios de Alta Verapaz pertenecientes al Valle del Polochic, registran los índices de desarrollo humano más bajos del departamento y es de los más bajos del país. Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, la región presenta los mayores índices de mortalidad materna de toda la República con un promedio de 181.77 muertes de madres por cada 100,000 niños nacidos vivos, mientras que la desnutrición crónica alcanza porcentajes que van del 65% al 85% de las niñas y niños menores de cinco años.

Esta lacerante realidad, es producto del despojo sistemático y recurrente que oligarcas terratenientes, utilizando el aparato del Estado y la violencia armada, han hecho contra los campesinos maya-q’eqchís.

Un estudio realizado en Guatemala por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, sobre la situación de los desalojos de 732 familias q’eqchís ocurridos del 15 al 18 de marzo de 2011 en Panzós, Alta Verapaz, presentado esta semana, identifica un fenómeno de reconcentración de tierras por parte de empresas privadas, dedicadas a los monocultivos de caña de azúcar y palma africana en el área y revela la restricción impuesta a los campesinos de acceder a la tierra para cultivar sus alimentos. Plantea que los desalojos ocurridos, evidencian un problema estructural e histórico de falta de acceso a las tierras por parte de las familias campesinas que habitan el Valle y de cómo las instituciones del Estado, no tienen los mandatos adecuados ni los recursos suficientes para generar alternativas de desarrollo y de acceso a la tierra.

También se analiza la criminalización de la lucha campesina y el proceso penal seguido en el caso de desalojo a las comunidades rurales, advirtiendo los riesgos que se generan al utilizar la justicia penal como primera vía para atajar los conflictos y las incompatibilidades de esos procesos en relación con los estándares internacionales de derechos humanos. Así mismo, identifica inconsistencias que afectaron el proceso penal que se siguió para desalojar a las 13 comunidades y cómo esta acción interrumpió los esfuerzos por resolver el conflicto mediante el diálogo.

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