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La entrega de Portillo
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 17 de mayo de 2013

El ex Presidente de la República Alfonso Portillo Cabrera, se encuentra en la antesala para ser extraditado de Guatemala hacia los Estados Unidos de América, solicitado por la justicia estadounidense para juzgarlo en aquel país por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero. La entrega de Alfonso Portillo fue autorizada por Álvaro Colom otro ex presidente, que durante su mandato sirvió a intereses espurios perversos y opacos, aprobó la solicitud estadounidense, luego que un proceso judicial viciado, amañado y acelerado en las instancias guatemaltecas, abrió la puerta para que se entregue a otro país a un ex Mandatario, lo cual es un precedente ominoso para la soberanía, la libre determinación y la dignidad de la Nación.

La entrega del ex Presidente Portillo a los estadounidenses, es un acto de envilecimiento, de entreguismo y de clara violación a los derechos humanos del sindicado. Portillo cumple más de tres años de estar privado de libertad. La reclusión carcelaria de la que es víctima, el proceso judicial guatemalteco del que fue absuelto y la entrega a los Estados Unidos de América, han sido procesos parcializados, sesgados respondiendo a intereses perversos por lo que, los derechos humanos y del debido proceso del ex Presidente, son y han sido violados de forma sistemática, abusiva e irrespetuosa. El Gobernante Pérez puede y debe derogar el Decreto de extradición.

A Portillo se le han violado derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en específico, el artículo 9 de la Convención, que relaciona el Principio de Legalidad y de Retroactividad. Este artículo, garantiza que los Estados respetarán a sus ciudadanos el principio de legalidad y la no aplicación retroactiva de la ley. En el caso de Portillo, se produjeron dos claras violaciones al principio de no retroactividad: primero, cuando en el 2005 se aplicó retroactivamente el Tratado de extradición entre México y Guatemala, y luego, cuando se pretende aplicar retroactivamente la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Violación al artículo 25 de la Convención. Protección Judicial. Este artículo garantiza la tutela judicial efectiva por parte de los jueces. Esta garantía se incumplió, porque Portillo no fue amparado por ninguna autoridad judicial, contra los actos que violaron sus derechos fundamentales, contenidos en la citada Convención y en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Otra violación es el derecho a la certeza y la seguridad jurídica, se violentó cuando la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, exigió garantías a Estados Unidos para otorgar la extradición, pero las mismas no fueron aseguradas, pese a la negativa estadounidense, el ex presidente Colom en un acto de entreguismo, otorgó la extradición.

También hubo desprotección judicial cuando se cometió el error de otorgar la extradición del ex Presidente Portillo, por el delito de “conspiración para el lavado de dinero”, cuando fue solicitado por “asociación delictuosa”, que no es lo mismo, porque en Guatemala la conspiración y la asociación son dos delitos diferentes con penas distintas. Este error judicial genera desprotección e incertidumbre.

Durante la administración de Alfonso Portillo, hubo avances significativos en las políticas de Estado relacionadas con los derechos humanos. Por primera vez en la historia, se produjo la aceptación de responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a violaciones de derechos y libertades fundamentales de las personas, ocurridas durante el Conflicto Armado Interno. Este avance pretende ser revocado por los actuales gobernantes, quienes con cinismo han sugerido que el Estado no debe aceptar responsabilidad en las violaciones a derechos humanos, por carecer de solvencia económica para pagar resarcimiento e indemnizaciones a las víctimas y sus familias. Aceptar semejante desfachatez del actual Gobierno oligárquico militar, es retroceder en los avances logrados por la vigencia y el respeto a los derechos humanos.

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