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Seguridad y justicia
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 15 de abril de 2016

“Consideramos que no se hizo un esfuerzo suficiente por parte del Estado, y no queremos compartir la responsabilidad de no haber hecho lo suficiente para frenar la ola de violencia”.

Grupo de los Cuatro G-4, al explicar su retiro como garantes del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia ANASJ. Guatemala, 2009.

El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia ANASJ, fue firmado el quince de abril de 2009, hace exactamente siete años, por los entonces presidentes de los tres organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. El Gobernante de entonces, era Álvaro Colom.

En un acto histórico, realizado en el teatro nacional Miguel Angel Asturias, abarrotado de público, cuerpo diplomático, funcionarios, representantes de organismos internacionales, periodistas nacionales e internacionales, las más altas autoridades del país, presentaron el ANASJ, considerado como una herramienta necesaria para combatir la impunidad, los índices de criminalidad y la violencia social existente, el acuerdo ayudaría a mejorar la seguridad pública y la administración de justicia. Los cuatro funcionarios citados, rubricaron el acuerdo, expresaron su voluntad de impulsar y cumplir con los compromisos en el ámbito que compete a cada organismo del Estado.

El llamado G-4, integrado por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, PDH, la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC y las dos principales denominaciones religiosas, católica y evangélica, aceptaron ser el Grupo Garante de la verificación del Acuerdo, acompañar y verificar el cumplimiento de los 101 compromisos asumidos por el Estado. Meses después, entre la frustración y el desánimo, el G-4 se retiró como garantes y denunciaron la falta de voluntad política para cumplir el acuerdo nacional. ¿Qué pasó con los 101 compromisos, asumidos por los tres poderes del Estado en el ANASJ? El acuerdo se congeló, muy poco se cumplió, hoy es historia, parte de las permanentes mentiras de los políticos corruptos. El espectáculo ofrecido durante la firma del citado acuerdo, en abril 2009 y la retórica de los políticos, fue solo un acto publicitario de politiquería barata.

Ahora, el actual Gobierno ha lanzado otra iniciativa, que esta vez, apunta a impulsar reformas en el sector Justicia, comprometiendo a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público y también a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG. Por la seriedad de esta última, se esperaría que la propuesta del Ejecutivo, avance y cumpla con los compromisos que se asuman, que incluye al Congreso Nacional de la República, de cuya voluntad política, dependen algunas reformas constitucionales, necesarias para producir reformas profundas del Estado.

Esta vez, los políticos y funcionarios empiezan a entender, que para lograr cambios en algunas situaciones del país, es necesario reformar la Constitución Política de la República CPRG, propuesta original contenida en los Acuerdos de Paz y que, es una demanda actual de la ciudadanía.

Los temas de seguridad y Justicia siguen siendo materia pendiente de resolver. La falta de planes estratégicos, políticas públicas y leyes específicas, lleva también a la improvisación y a acciones de ensayo. El actual Gobierno de militares, oligarcas, neoliberales y saltimbanquis, debe abandonar la improvisación, aprobar planes y políticas públicas, que generen confianza, combatan la inseguridad pública, la impunidad, la corrupción y fortalezcan el trabajo de operadores y administradores de Justicia.

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