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Contravía
Al servicio de los poderosos
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 17 de enero de 2017

El balance de logros y avances del primer año del Gobierno de Jimmy Morales es intrascendente por la ausencia de planes, proyectos y programas que solucionen los problemas estructurales del país, por la falta de preparación y decisiones erráticas del Gobernante, quien exhibe clara ignorancia de las funciones y comportamiento que debe asumir como estadista para buscar el bien común.

Un comunicado de la Asamblea Social y Popular ASP, publicado esta semana advierte que, “Este Estado continúa al servicio de los poderosos: reprimiendo, criminalizando, negando derechos fundamentales, como el derecho a un salario justo.”

Al analizar la situación del país la ASP sostiene que,...”el Estado guatemalteco y sus instituciones continúan actuando en contra de los intereses de las mayorías. El modelo extractivista contiene no solamente proyectos de despojo de bienes sino una estrategia de articulación y actuación entre empresas, estado, medios de comunicación, redes de abogados, comunidad internacional. La forma en que esta articulación se dio durante el gobierno del partido Patriota está variando, pero no deja de ser amenazante. Paradójicamente, el fracaso de algunos proyectos y la sentencia de la CSJ en el caso Oxec, fortalecen la reglamentación de las consultas comunitarias, anunciada como proyecto estratégico por la Ministra de Trabajo el día 12 de octubre del 2016.”

Triunfo popular. La ASP asume que la suspensión de operaciones del proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas, Huehuetenango y de los proyectos extractivos El Tambor en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, al igual que Oxec sobre el río Cahabon, son triunfos de las luchas y las demandas populares. Considera la ASP que la resolución del 5 de enero del 2017, aprobada por la Corte Suprema de Justicia CSJ, ordenando paralizar el proyecto hidroeléctrico Oxec por irregularidades en la consulta, otorga la razón a los pobladores de las comunidades afectadas quienes exigen respeto a la consulta previa, informada, libre y vinculante.

El modelo extractivista no está detenido. Según la ASP, el Gobierno corrupto de Otto Pérez Molina, apostó por reprimir, hubo centenares de capturas y presos políticos, restricción de libertades, estados de excepción, ataques a la libertad de expresión y de organización y militarización de las instituciones. Esta estrategia consideró superflua la legalidad, las empresas operaron al margen de la ley omitiendo el derecho de consulta, los estudios ambientales, el Convenio 169, las licencias de construcción, la autoridad municipal y la representación comunitaria. Las resistencias en la Puya, en Barillas, Sierra de las Minas, Monte Olivo, Ixcán-Xalalá, San Juan Sacatepéquez, San Rafael Las Flores, Quezada, Polochic, El Estor, Cahabon y las luchas de las mujeres contra la violencia física y sexual asociada al despojo del territorio, han desgastado esa estrategia.

La ASP reprocha fijación del salario mínimo 2017. Para esa organización la decisión presidencial muestra que el Ejecutivo defiende intereses empresariales y excluye la solicitud sindical, que pedía un aumento que mejorara el salario mínimo en relación al costo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica vital que son bastantes mayores respecto al salario mínimo, es decir, que el miserable aumento decretado, ni siquiera alcanza a cubrir el costo de las canastas mencionadas, además, ya se han aumentado los precios de alimentos, combustibles, energía eléctrica y otros que vendrán.

También el Observatorio de Pueblos Indígenas desaprobó al Gobernante, señalando el carácter racista y excluyente que predomina, la falta de acciones positivas y de un programa de Gobierno.

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