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Reforma constitucional a sector justicia
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 31 de marzo de 2017

“Desde que acordamos retirar nuestra propuesta a la reforma del Artículo 203 constitucional, creímos que el Congreso de la República de Guatemala, iba a tomar con responsabilidad sus funciones legislativas y encaminar una discusión objetiva y transparente; sin embargo, han evidenciado que su agenda no responde a oxigenar, democratizar y fortalecer la justicia, ya que únicamente responde a la operativización de agendas de corrupción e impunidad.”

Pronunciamiento de las autoridades indígenas ancestrales de Ixim Ulew. Sololá, Guatemala, 23 de marzo de 2017.


A partir del momento que se presentó al Congreso Nacional la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia, elaboradas por la mesa técnica integrada por diversas organizaciones académicas, sociales, de pueblos originarios y campesinas, reaccioné con escepticismo, con la certeza que el proceso de aprobación legislativa iba a ser complicado, no exento de maniobras de todo tipo que los mismos diputados impulsarían para bloquear, manosear, tergiversar e impedir que las reformas fueran aceptadas. En efecto, eso fue lo que pasó y conociendo que en este país la clase política es corrupta, cooptada y al servicio de los intereses de la clase dominante, de las élites oligarcas, de neo liberales, de militares, de racistas y discriminadores, anticipé que el proyecto de reformas constitucionales iba a ser macheteado, como ocurrió y que el conservadurismo dominante, haría todo lo necesario y posible para impedir que se aprobara la versión consensuada en la mesa técnica, en especial, la reforma del artículo 203 relacionada con el pluralismo jurídico, fue este tema el más polémico debido a que fuerzas oscuras en actitud racista, se resisten a reconocer el sistema de justicia ancestral de los pueblos originarios, que sigue vigente y se aplica en las comunidades indígenas.

El debate acerca del pluralismo jurídico, despertó pasiones y los diputados usaron como excusa el citado artículo 203, para detener la discusión de la reforma. Pero la maniobra de los legisladores fue atajada por decisión de los pueblos originarios, que para evitar excusas, decidieron retirar la propuesta del 203, dando un ejemplo de sabiduría ancestral, de madurez política y una lección de unidad, que dejó como camote podrido a los diputados. Luego de un prolongado abandono del proyecto de reformas por más de cinco meses y la presión social que exige depurar el Congreso Nacional, los congresistas retomaron la discusión y aprobaron un primer artículo. Seguro, seguiremos percibiendo un ritmo lento en la discusión de los siguientes artículos.

Mientras tanto, sigue creciendo la demanda por depurar al Poder Legislativo, debido a que muchos diputados están en conflicto con la ley penal, algunos ya han perdido la inmunidad que les otorga el cargo, otros están capturados y también hay varios prófugos, como Luis Rabbé y el militar Edgar Ovalle Maldonado del oficialista partido Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación.

Las autoridades indígenas mediante el pronunciamiento mencionado, fueron los primeros en desconocer al Congreso de la República,…“ya que siempre hemos señalado su falta de legitimidad y debido a que hoy constatamos su sometimiento a los poderes fácticos de este país; es por ello que, convocamos a todas las fuerzas sociales y democráticas de Guatemala a demandar un proceso de depuración de los Órganos del Estado cooptado por las mafias empresariales y militares corruptas y mafiosas.”

Otra vez, la crisis sistémica del Estado se manifiesta en la actual coyuntura política de la que el Congreso Nacional es el principal protagonista, debido a que la mayoría de diputados están embarrados por actos ilícitos de diversa índole y porque han pretendido aprobar iniciativas de ley maliciosas y perversas para beneficiar intereses personales y a militares violadores de Derechos Humanos.

La propuesta de las autoridades indígenas que desconocieron al Congreso Nacional, ha sido secundada por diversas organizaciones sociales, académicas, de desarrollo social, gremiales, de mujeres, de estudiantes universitarios, profesionales y de Derechos Humanos.

Ahora más que nunca, frente a la crisis política nacional e institucional, cobra fuerza la propuesta de convocar e integrar una Asamblea Nacional Constituyente, que redacte un nuevo pacto social acorde a la condición plurinacional y multiétnica de la Nación.

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