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Ataques al estado de derecho
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 4 de julio de 2020

En Guatemala se ha desatado una crisis constitucional que amenaza la institucionalidad democrática y el estado de Derecho, provocada por los ataques y acciones contra la Corte de Constitucionalidad (CC) que las élites, sus lacayunos, testaferros, políticos, empresarios, algunos diputados y togados corruptos han impulsado, molestos porque la máxima Corte en materia constitucional emita resoluciones y sentencias contrarias a sus intereses, tal como ocurrió cuando la CC ordenó al Congreso Nacional excluir de la elección para integrar Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones a candidatos que están comprometidos con actos de corrupción. La citada resolución desató la tormenta y la junta directiva del Congreso Nacional, decidió no acatar la orden de la CC, por considerarla ilegal. Además los congresistas se negaron a entregar el expediente original de la solicitud de antejuicio, promovida contra tres magistrados de la CC.

Ante tal desobediencia, la CC resolvió certificar lo conducente contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso. Todo este embrollo corre el riesgo de vulnerar al estado de derecho, a la incipiente institucionalidad democrática y sobre todo a la independencia de jueces y Magistrados.

Estamos ante una situación delicada que vulnera la institucionalidad constitucional, por eso las reacciones nacionales e internacionales producidas por los ataques no se han hecho esperar.

Un reflejo de estas reacciones en defensa de la independencia judicial y el trabajo de los jueces, es una recopilación de extractos tomados de pronunciamientos hechos por funcionarios de organismos internacionales, senadores estadounidenses, diputados guatemaltecos, organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, que relato a continuación.

António Guterres. Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación al trabajo de los jueces expresó: “…es vital asegurarse de que los jueces puedan realizar sus funciones sin restricciones”. También llamó la atención de las autoridades guatemaltecas “…para que protejan los derechos y garanticen la seguridad de los operadores de justicia y los defensores de los derechos humanos que trabajan para apoyar el estado de derecho en Guatemala”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Estado guatemalteco debe promover las medidas suficientes que permitan que la institución o entidad de justicia no sea sometida a abusos o restricciones indebidas por parte de otros poderes o instituciones estatales”.

Patrick Leahy. Miembro del Senado estadounidense, solicito al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y al Ministerio Público (MP) de este país centroamericano, “…oponerse a un esquema corrupto” en alusión a quienes intentan afectar y debilitar a la Corte de Constitucionalidad.

Ante la gravedad de la crisis, un grupo de 50 diputados de oposición, ha dirigido una nota a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, pues consideran que está en riesgo la institucionalidad democrática del país.

La misma posición de los congresistas, la sostiene Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, quien estima que una salida a la confrontación es pedir la mediación de la OEA para evitar un rompimiento constitucional que sería de graves consecuencias para el país.

Asimismo, muchas organizaciones sociales, académicas, de derechos humanos, campesinas, sindicales, gremiales y estudiantiles se han pronunciado en repudio y rechazo al golpe al estado de derecho, promovido por las élites neoliberales, empresarios y políticos corruptos e impunes. #ApoyoalaCC.

 

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