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Contravía
Estrategia de impunidad
Por Factor Méndez Doninelli - Guatemala, 1 de abril de 2022


En la actual crisis del sistema de justicia en Guatemala, los ataques, intimidaciones, amenazas, hostigamientos ilegales y criminalización contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, han arreciado como parte de la estrategia de impunidad diseñada por las redes de corrupción. Múltiples voces coinciden en señalar la preocupación y el malestar ciudadano, por lo que se califica como una cooptación de la justicia por parte de grupos criminales y fascistoides que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.

En estas últimas semanas, resaltan las capturas de fiscales y ex fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, del Ministerio Público y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, las abogadas Leidy Santizo Rodas, Siomara Sosa Pérez y Lilian Virginia Laparra Rivas, Fiscal de la FECI de Quetzaltenango. Santizo y Sosa fueron liberadas, ligadas a proceso y cumplen arresto domiciliario, mientras tanto, Laparra Rivas continúa privada de libertad.

En estos momentos, el caso más visible de atropello a la justicia y a los derechos humanos es el de la Fiscal Laparra Rivas, porque su vida, seguridad e integridad personal están en riesgo, no se ha respetado el debido proceso, se han cometido arbitrariedades contra su persona y violentado sus derechos humanos. Profesionales del derecho señalan que la denuncia a su persona es espuria y sin fundamento. Por eso, sufre doble persecución, se le impide el derecho de defensa, se obstaculizan las acciones legales que interponen los abogados defensores y le vulneran derechos constitucionales.

Ante esos hechos, es necesario que la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, verifique su situación y de seguimiento a la causa número 01079-2019-00324, que se conoce en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, a cargo del juez Sergio René Mena. Aparecen como querellantes, Omar Barrios, Lesther Castellanos y la fundación contra el terrorismo.

Según el Ministerio Público MP, los hechos por los que se acusa a la Licenciada Virginia Laparra son: No tener las facultades para denunciar administrativamente al Juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. Se presentaron 4 denuncias administrativas. En La primera denuncia, número 658-2017-JDJ oficial III Expediente 273-2017 SGTQ de fecha 07 de noviembre de 2017 se le dio el trámite correspondiente y el señor Lesther Castellanos Rodas fue sancionado disciplinariamente. Las otras tres denuncias son porque el señor Castellanos Rodas, en su calidad de Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente en procesos de mayor riesgo de Quetzaltenango, con fecha 13 de julio de 2018, momento en que ya no conocía ninguna causa a cargo de FECI agencia de Quetzaltenango, fue recusado por la parte querellante en las dos causas que en su momento conoció.

Dichas recusaciones se declararon con lugar, por lo que, no es posible aseverar como lo afirman los querellantes, que es un atentado contra la independencia judicial de un juez, que no conocía ninguna causa al momento de presentar denuncia contra la citada fiscal.

La presentación de denuncias administrativas, es un derecho de todo guatemalteco y no existe ninguna ley, que prohíba o indique que un fiscal del MP no puede presentar denuncias, tal extremo va contra el orden jurídico guatemalteco, debido a que, ni la Carta Magna ni la Ley de la Carrera Judicial establecen ese impedimento, al contrario, la Constitución Política de la República, instaura los derechos de igualdad y de hacer lo que la ley no prohíbe. En prisión, la vida, seguridad e integridad personal de la Licenciada Lilian Virginia Laparra Rivas están en grave peligro, por lo que debe gozar del beneficio de medidas sustitutivas y otorgarle arresto domiciliario.

 

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