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En qué falló el gobierno de Berger
Por Fundadesc - Guatemala, 21 de enero de 2006

Al nomás inaugurarse, la administración del presidente Óscar Berger catalizó una crisis de escándalo de corrupción que no tenía precedentes en Guatemala. La plana mayor del gobierno anterior fue perseguida de manera implacable, señalada de haber promovido actos corruptos. Al margen de los resultados penales de las demandas en cada caso, esa persecución levantó una alta expectativa según la cual el gobierno desmantelaría la estructura corrupta del Estado. Como esa reforma no se emprendió, al cabo de pocos meses el nivel de aceptación del mandatario entre el público se desplomó, para algunos de manera inexplicable. Así, la lucha anticorrupción quedó reducida a poco menos que una cacería de brujas. Ahora el público fija su atención ya no en lo que dice perseguir la actual administración sino en lo que hace.

Pero el costo de no desmantelar un aparato público corrupto ha ido más allá: saboteó los planes de seguridad pública y quebrantó la estrategia de atracción de inversiones privadas, es decir, las dos materias que califican el desempeño gubernamental. Con ello, las aspiraciones del grupo de empresarios que sustenta a Berger de mantenerse en el poder más allá de un periodo de gobierno, han quedado seriamente comprometidas. Los escándalos de corrupción ya salpican al equipo de Berger y rondan muy cerca de Casa Presidencial, de acuerdo a una denuncia documentada; en tanto, el margen para emprender la reforma capilar se achicó de la mano del capital político del gobernante.

El pecado capital

La tarea en la que reiteradamente han fallado los seis gobiernos democráticos desde 1986 ha sido no desmantelar la estructura corrupta del Estado. Se trata de un emprendimiento que va más allá del imperativo ético de la política. Ahí corre la suerte de la democracia y sus instituciones, incluyendo el crédito de los partidos.

Tras la administración de Vinicio Cerezo (1986-91) la Democracia Cristiana, el partido mejor organizado de la política moderna, casi colapsa. Jorge Serrano (1991-93) dio un salto al vacío al fracasar su golpe de Estado, en medio de una lucha por controlar los negocios de la energía. Ramiro de León (1993-96) fue un puente entre gobiernos que abrió paso a la segunda generación de reformas del Estado y a las nuevas modalidades de gasto discrecional. Álvaro Arzú (1996-2000) ejecutó esas reformas y acabó de formalizar esas estructuras corruptas con gravosas privatizaciones y concesiones de negocios públicos a particulares. Alfonso Portillo (2000-2004) quiso liberar al Estado de la captura oligarca sin desmantelar la estructura corrupta y engendró un boomerang.

El grupo de poder tras el presidente Berger desató una persecución ejemplificante sobre la plana mayor del gobierno de Portillo. El mismo ex presidente, tras perder su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, escapó de la cárcel y ahora enfrenta un complicado proceso de extradición en México. El ex vicepresidente Juan Francisco Reyes pasó varios meses en la cárcel sindicado de intencionalidad de fraude contra el Estado. El ex ministro de Finanzas Públicas, Eduardo Weymann, también fue encarcelado por firmar –cuando ya no era funcionario- unas actas que sustentaban una reunión de la Superintendencia de Administración Tributaria (sat, que no tuvo lugar) en la cual se habría decidido la transferencia de unos 30 millones de quetzales que fueron robados del erario.

A la vez ocurrió una “depuración” de las cabezas de los órganos contralores del Estado. El Fiscal General, Carlos de León, fue separado del cargo y enfrenta un proceso penal. El Contralor General de Cuentas, Óscar Dubón Palma, fue capturado en Nicaragua tras un fallido escape y luego recibió condena por desviar fondos públicos para financiar las campañas de los opositores Álvaro Colom (une) y Lionel López (pan). Y tras meses de permanecer escondido el superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío, fue capturado y permanece en prisión a la espera del juicio público.

El gobierno de Berger hizo un gesto de su compromiso contra la corrupción. Nombró a Carlos Vielmann, industrial y hombre de confianza de las más influyentes corporaciones, como Comisionado de Transparencia, pero a los seis meses fue trasladado a la cartera de Gobernación. El mandato, entonces, pasó a manos del Comisionado de Reforma del Estado, Mario Fuentes, pero éste renunció antes del año. Finalmente Hugo Maul, un ex magistrado de la Corte Suprema, asumió el cargo. Pero, aparte de algunas iniciativas muy limitadas (la aprobación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo, la puesta en marcha de Guatecompras y un Acuerdo Gubernativo de Acceso a la Información), la reforma estructural del Estado para desmantelar los mecanismos de la corrupción nunca se emprendió.

El pecado se revierte

Incluso leyes como la de Libre Acceso a la Información –de la cual existen unas seis versiones atoradas en el Congreso desde 1998- no han sido promovidas con la misma enjundia que la persecución penal contra supuestos agentes corruptos. Es más, la aprobación del Acuerdo Gubernativo sobre acceso a información, habría polarizado al gabinete de Berger, de acuerdo a fuentes confiables: el ministro Vielmann a favor e, inopinadamente, la ministra de Educación María del Carmen Aceña (promotora de la transparencia desde la sociedad civil) en contra. Otras fuentes periodísticas aseguran que la renuencia de la ministra estaba asociada al mantenimiento de tres plazas por contrato con honorarios exorbitantes, en torno a los 70 mil quetzales mensuales.

La propia Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, firmada por Guatemala en diciembre de 2003, llevó al gobierno casi dos años tramitar su ratificación en el Congreso. En todo caso, tampoco se observan los preparativos legales e institucionales para que el país cumpla los compromisos de esa convención.

Los mayores esfuerzos de transparencia del gasto han provenido de la ministra de Finanzas Públicas, María Antonieta de Bonilla, y de la superintendente de Administración Tributaria, Carolina Roca. La ministra procuró la puesta en marcha de Guatecompras, que no es ninguna garantía contra el manejo oculto de información privilegiada o el pago de comisiones ilícitas, pero al menos es un gesto de información pública. La superintendente Roca está promoviendo una ley contra la evasión fiscal, aunque el acento se carga a los impuestos al consumo, no al impuesto a las empresas ni a la propiedad, donde la elusión es desproporcionada.

El ministro Vielmann ha querido llevar las cuentas de Gobernación en orden y dar muestras de ello al público (aunque la materia de seguridad anda descarrilada), sin embargo fuentes de los diarios locales sostienen que su cartera no ha estado libre de favorecer, mediante licitaciones confeccionadas a la medida, a financistas de campaña para la compra de equipo de seguridad.

En fin que en la tensión entre intentos parciales por ganar transparencia y negocios corruptos en la administración de Berger, ha ido ganando terreno el uso de fondos discrecionales. Una decena de funcionarios han debido de ser separados de sus cargos por actos de corrupción. Uno de ellos, amigo de infancia del mandatario, ex director de Tránsito (Policía Nacional Civil, Gobernación) fue capturado in fraganti, pero escapó de la cárcel a los pocos días. Otros señalados han tenido declinaciones del cargo menos ruidosas: el Intendente de Aduanas, el director de Migración, un ex viceministro de Gobernación, el primer ministro de Defensa de este gobierno, y directores de agencias intermedias.

Ha habido denuncias también contra el Ministerio de Comunicaciones por supuesto conflicto de intereses. Altos funcionarios emplearían la facultad de los fideicomisos (sólo el de covial es de 640 millones de quetzales) para trasladar los fondos a ong y así evadir el concurso público. O que califican a empresas de “papel” para eliminar la competencia real. Además el Ministerio de Agricultura habría comprado, vía administración de fondos con organismos internacionales, fertilizante por encima de los precios de mercado. Al sumar el conjunto de gastos discrecionales del gobierno central –fondos sociales, recursos administrados por ong y organismos internacionales, fideicomisos y otros- éstos sobrepasan el 40% de los gastos totales. En el presupuesto de 2006 se incluyó un 4% de los gastos para reconstrucción sin supervisión. No obstante, la propia ley de presupuesto vigente para este año ordena fiscalizar fondos sociales, fideicomisos y demás recursos discrecionales.

Pero sin duda el expediente más voluminoso y molesto para el común de los ciudadanos corresponde a agentes y comisarios de la policía, identificada en las encuestas más reciente como la institución más corrupta del Estado.

El caso que ronda Casa Presidencial

Informe Guatemala recibió una denuncia, cuyo contenido ha sido verificado en lo fundamental. Se trata de un juego de documentos oficiales (en fotocopia) que muestran cómo, utilizando la prerrogativa de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (sosep, que está exenta del pago de impuestos para recibir mercadería donada), un equipo vinculado al presidente Berger realizan negocios ilícitos. Emplean contenedores con el propósito de contrabandear productos de eeuu (presuntamente pollo, electrodomésticos, ropa, dinero y quizá armamento y explosivos).

La documentación a la cual este Informe tuvo acceso está respaldada con un testimonio ante notario de Óscar Germán Platero Trabanino, un ex oficial del Ejército que se desempeñó como Coordinador de Seguridad Aduanera de la sat entre mayo de 2004 y mayo de 2005. La función de Platero Trabanino era asegurar la infraestructura de la sat y controlar los accesos fronterizos. En su declaración jurada el ex funcionario denuncia la injerencia que en el control de aduanas ejerce Ricardo Ortiz, que no ejerce funciones públicas pero es yerno del presidente Berger. Ortiz habría dado “instrucciones” a funcionarios de la sat de “monitorear los movimientos de importación de pollo y combustibles”, según el testigo.

Platero vincula al ex intendente de la sat, Emilio Pacheco (cercano a la esposa del presidente, Wendy de Berger) de autorizar contenedores sin supervisión; muestra también su molestia porque Pacheco le habría reclamado sus estrechos vínculos con agentes de la dea en Guatemala, entre ellos con Carlos Fonseca. El ex funcionario de la sat también acusa a Esdras Solórzano, ex administrador de la aduana de Puerto Quetzal con operaciones de contrabando empleando la cobertura de la sosep. Y adjunta a su testimonio copias de denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Literalmente su declaración ante el notario, sobre ese punto, dice:

Segundo. Comenta el señor Platero Trabanino que en un principio fue contactado por el señor Ricardo Ortiz (yerno del Presidente de la República), para que pudiera controlar las aduanas y con el especial encargo de vigilar todo lo que fuera pollo y combustibles. Su superior jerárquico era el Superintendente de Administración Tributaria de dicha época, el señor Willy Zapata. A partir de septiembre de 2004 su superior jerárquico pasó a ser el Intendente de Aduanas, que en ese momento estaba acéfala dicha Intendencia. No obstante la dirigía y la coordinaba el señor Emilio de Asis Pacheco Pilón, quien no podía ser intendente por no llenar requisitos de perfil académico, no obstante de hecho él dirigía toda la Intendencia.

Tercero…. Recuerda que el señor Pacheco puso una seguridad distinta a la que él (Platero Trabanino) manejaba, personas de mucha confianza del señor Pacheco. Este señor juntamente con el licenciado Rosales trasladaban muchos contenedores con Despacho a almacenadora para que no fueran revisados.

El expediente cruza varias fuentes. Corrobora que la Municipalidad de Guatemala nunca recibió donaciones, registradas como tales en las aduanas. Incluye manifiestos de carga de la firma naviera Great White Fleet us Ltd. en los que se consigna que algunos de los contenedores que transportaron los barcos de esa empresa a Guatemala, cargaban bananos. Esos contenedores tenían como destinatarios a la sosep como donaciones de la empresa Chiquita Brands, vinculada a cobigua. Aunque los embarques de fruta tienen tradicionalmente como puerto el Atlántico, éstos anclaron en el Pacífico. El declarante manifiesta dudas sobre la autenticidad de la documentación de respaldo. También se incluyen notas oficiales del Ministerio de Agricultura (7 de diciembre 2005) en las que se niega la existencia de registros de importaciones de bananos, plátanos y piñas, contrario a lo que indican los documentos de la sat.

La documentación involucra a la representante legal de la sosep, Edna Lima de Morales, solicitando por escrito a la sat el retiro de contenedores donados por cobigua de las aduanas de Puerto Barrios, Santo Tomás y Puerto Quetzal bajo el argumento de que “la fruta se arruina rápidamente”, a la vez que se compromete a tramitar luego las franquicias. En consecuencia esos contenedores son retirados sin revisión. Los informantes que solicitaron no ser citados, adjuntan además el peritaje de un experto en dactilosopía (Rodolfo Oseada Hernández) quien concluye que las firmas del representante legal de cobigua que amparan el movimiento de las mercaderías “son falsas”. Tampoco la Contraloría General de Cuentas encontró en los libros contables de la sosep registro de las supuestas donaciones de frutas.

La documentación oficial indica que entre 2004 y 2005 alrededor de 1,500 contenedores con mercadería supuestamente donada a la sosep, en realidad ingresaron al país contrabando. Justamente en enero pasado se hizo público que Ricardo Ortiz y tres hijos más del presidente Berger y sus familias habían abandonado el país. El gobernante se limitó a decir que sus hijos tenían derecho de salir de Guatemala y lo hacían con frecuencia. No obstante, un día antes de esa declaración la oficina de Migración había negado a la prensa que alguno de esos familiares del mandatario hubiese salido en los últimos dos meses.

Las empresas de contrabando de pollo en Guatemala conectan a varios grupos poderosos ya establecidos. A donde apunta la documentación es que, supuestamente, el yerno del gobernante se habría constituido en socio de otro grupo poderoso con intereses en esa actividad ilícita.

Fuente: www.fundadesc.org - Número 37 - 160206


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