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Los Acuerdos de Paz, ¿son todavía una buena idea?
Por Fundadesc - Guatemala, 4 de enero de 2007

El 29 de diciembre de 2006 se conmemoró la primera década de la firma de los Acuerdos de Paz, que clausuró 40 años de enfrentamiento armado interno, distinguidos por el uso desproporcionado de los métodos represivos (extensivamente, matanzas de sujetos indígenas) para contener la protesta social e inhibir la disidencia política, incluso la moderada. Estos acuerdos superaron el formato tradicional de cese al fuego en la experiencia de otros países, y se propusieron como hoja de ruta para la modernización sociopolítica de Guatemala, con el ánimo de remover los fermentos de la larga rebelión armada iniciada en los 60, reivindicatoria, básicamente, de las reformas del periodo 1944-54.

Sin embargo no ha habido demasiadas razones para celebrar, más allá de la ausencia de rebrotes de violencia política sistemática y la anotación de maneras declarativas y programáticas de asumir los acuerdos en diversas agendas estatales y sociales, que acompañan algunos procesos, aún lentos y débiles, de reconstitución local y nacional, así como la dinámica desbordante, aunque difusa, de actores que hacen más plural la representación sociológica en la política, a pesar de que ello aún no altera las relaciones de fuerza, expresadas como movilización social, movilidad económica y delegación electoral.

La pesada carga de la historia oligárquica de este país, agravada por las nuevas amenazas de la seguridad transnacional, la globalidad económica, la postergada reforma institucional del Estado y su indigente inversión social, así como los nudos en el Estado de derecho, que los acuerdos no contribuyeron hasta ahora a desenredar (quizá sirvieron de pretexto para inmunizar el pasado, abarcando la impunidad presente del crimen y los negocios ilícitos), marcan de pesimismo la mayoría de análisis y balances de la paz en estos días. Pero la propuesta de los acuerdos como imaginario general de una sociedad menos oprimida, insegura y desigual, trasvasa sus documentos y compromisos específicos, y sigue insinuando el borrador de un futuro pacto social reformista en los albores de la tercera década de democracia a la cual asistimos hoy.

El Ejército de Guatemala ganó sobradamente la guerra interna tras un año de ofensiva militar, que arrancó en septiembre de 1981. Ganó en términos de ahogar la amenaza insurgente y, posteriormente, con el concurso de los partidos políticos y las representaciones empresariales, estabilizar el poder del Estado, hasta recuperar el crecimiento económico y ganar normalidad en la vida ciudadana. Pero no ganó en términos convencionales: conquistar la claudicación sin condiciones del enemigo, la urng.

Las negociaciones de paz, que se extendieron por más de una década, fueron el reconocimiento explícito que la paz no era en esencia militar sino social, e implicaba tareas progresivas de modernización estatal.

La pregunta ahora es ¿por qué la piedra angular de esas tareas centrales de renovación no se cumplió en estos diez años? Los analistas coinciden con que los Acuerdos de Paz, trasversales a tres gobiernos electos consecutivamente, fueron firmados a conciencia de los actores involucrados, incluso de aquellos que pesando decisivamente en la sociedad no asistían de manera directa a las mesas de negociaciones. Básicamente esos compromisos se resumen en tres temas: la nación multiétnica, la reforma del Estado y una mejor atención a los asuntos sociales.

Si fuésemos a las elites ahora con una encuesta cerrada, seguramente seguirían coincidiendo con que esos son tópicos indispensables sea para el crecimiento económico y la inserción ventajosa en la globalidad, sea para afianzar la democracia y conjurar futuros conflictos sociales y étnicos, sea para mitigar la pobreza y disminuir la brecha de desigualdad, sea para afianzar el Estado de derecho y contar con un Estado fiel de la balanza entre el mercado (sin sociedad) y la sociedad (sin mercado). O sea, benefician a todos un poco, y no afectan a nadie mayor cosa.

En teoría, entonces, parecía una fórmula viable por necesaria. Pero no discurrió así. Si contamos las fuerzas que concurrieron y el momento en que ocurrió la negociación y la firma de los acuerdos, resumiríamos así: el momento es irrepetible, por el concurso y la simpatía internacional; aunque las fuerzas internas eran desiguales. El problema no fue de mayorías ni de minorías duras resistentes, fue de actores específicos y de cultura política.

La relación de actores alude a la medida de liderazgos con compromiso histórico en la insurgencia y en el establishment, y a organizaciones lúcidas para interpretar el momento político y saber administrar sus propias demandas y movilizaciones. Y la cultura política se entiende como un cambio de actitud ante el Estado, la forma de apropiación de bienes y la existencia del otro (o de los otros).

No puede alegarse, de manera absoluta, ausencia de oportunidades, no obstante la sangría de la oposición durante la etapa de terror, pues el llamado grupo Antigua (que reunía a la cúpula empresarial, política, sindical y social) vino tramando una reforma constitucional, en el marco de la paz, luego de la reunión de El Escorial (1990), hasta que el presidente Jorge Serrano dio el golpe de Estado en mayo de 1993. Entonces el llamado grupo Pirámide (parte de cúpula empresarial) hegemonizó, acuerpado por grupos de la sociedad civil, el rescate de la democracia y la calificación de los términos morales de la política.

Los Acuerdos de Paz fueron una agenda comprehensiva, con actores limitados (necesariamente), con invitados tomados básicamente en cuenta, pero en el terreno secuestrados por los actores con prácticas y expectativas diferentes y con mayor poder efectivo. El secuestro, como suele ocurrir en estos casos, no fue para bien. El gobierno que los firmó –el de Álvaro Arzú- los exhibía internacionalmente como ejecutoria propia y a la vez, internamente, recelaba de opiniones criticas y cuestionamientos a su gestión mezclando operación (o falta) de los acuerdos (de Paz) que ya correspondían a acuerdos de Estado, con acciones de gobierno, como las onerosas privatizaciones sin regulación, actos de corrupción o crímenes políticos impunes, que habían sido comunes a todas las administraciones.

La no implantación de un liderazgo político amplio y de una institucionalidad que le diera sustento y continuidad dejó libres a los grupos corporativos que creían tener ganada la carta de estadistas desde mayo de 1993. Al revés de lo que creyeron Arzú y sus asesores: los Acuerdos de Paz no eran una mampara para los negocios de las privatizaciones sino el ancla que reforzaría viejas relaciones oligarcas negando en la economía lo que la política ofrecía como oportunidades de participación.

Quiere decir que en la práctica no hubo autoridad qué respetar ni movimiento social orientado en el escenario para hacer contrapeso. Ese desequilibrio de poder real fue una várice para el fluido de unos acuerdos que siguen siendo lógicos y necesarios, además de viables desde una visión histórica y panorámica.

Entonces, ¿qué se ha ganado? Y por tanto, ¿qué expectativas puede haber? Se han ganado ciertas condiciones favorables de reconstitución del tejido social, suficientes para atisbar los retos de estos tiempos. Aunque esa reconstitución, ciertamente, es desigual, y está afectada por las emigraciones económicas, como síntoma del fracaso de integración del modelo económico que cobró forma desde mediados de los 80. Se han ganado varios temas de la modernización democrática en la agenda del Estado de derecho, las instituciones y lo que podría denominarse “economía social de mercado”, que, sin embargo, pueden pasar a la irrelevancia –o volverse reversibles a las épocas del autoritarismo- si acaso no se les da sustento ni se muestra su eficacia.

Esta década de paz tiene, a la vez, otra coincidencia: el fin declarado del Consenso de Washington y la emergencia de movimientos reformistas con vocación de Estado en Latinoamérica. Salvo la ruidosa e irreflexiva paranoia sobre el llamado populismo, todo indicaría, otra vez, que la balanza comienza a inclinarse a favor de las políticas democráticas, la reconstitución del Estado fuerte (que no de fuerza) y eficaz (no necesariamente grande, menos burocrático) para cumplir las tareas pospuestas y los deberes de una nación civilizada en el nuevo siglo.

No cabe la menor duda que en esta nueva etapa a los dirigentes mayas les cabrá una enorme responsabilidad de conducción de procesos sociales y políticos; las mujeres constituirán una fuerza indispensable que puede transformar también una parte necesaria de la cultura social y política; a las comunidades que defienden el manejo equilibrado de los recursos naturales –junto a los movimientos ecologistas- les cabrá una enorme beligerancia, y los partidos políticos estarán compelidos a realizar una ejecutoria más comprometida con sus comunidades y más responsables con el futuro de su nación y del planeta. A través de esos actores, entre otros (como los empresarios medianos globalizados que hacen política local y los emigrantes) los postulados, permanentemente revisados, de los Acuerdos de Paz –aunque con bajo desempeño- serán sin duda un punto de referencia inmediato de otras metas y utopías.

Fuente: www.fundadesc.org - Número 58 - 010107


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