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Último año de Berger ¿la tormenta perfecta?
Por Fundadesc - Guatemala, 22 de enero de 2007

El presidente Berger encara con notable fatiga política su último año de gestión. Una fatiga que podría llevarle al inmovilismo. En apariencia esa podría convertirse en la mejor estrategia para capear el temporal, pues los factores decisivos de la gobernabilidad salieron enteramente de sus manos. Pero corre el riesgo típico de la política: que otros ocupen el espacio y no siempre en dirección de la estabilidad. Lo cual es particularmente riesgoso cuando el mar político y económico se crispan.

El proceso electoral que debería culminar en septiembre concentrará la energía de todos los partidos, y esa lógica se impondrá sobre un Congreso donde el presidente se quedó en soledad, quizá con un solo aliado (cada día menos) fiable, el frg.

La economía se ha visto muy perturbada por una sucesión de quiebras de bancos, financieras y offshore que exhibe una falla estructural del sistema financiero, pero sobre todo una mala administración de la crisis que está acarreando una salida desordenada y costosa para los usuarios, la confianza en el sistema y el clima de negocios, y que no tardará en resentirse como pérdida de apoyo electoral al partido oficial, la gana.

Así las cosas el gobernante prefiere que los reflectores se dirijan a otros escenarios mientras él trata de flotar sobre una transición incómoda, que ya empezó. Entonces, la perspectiva política de 2007 depende seriamente de la gobernabilidad que procuren los partidos en contienda; que el gobierno no trate de exculparse de sus responsabilidades montando o sobredimensionando otros problemas que, eventualmente, vuelvan mucho más frágil el proceso electoral. De ese manejo político y de la influencia de los grandes actores económicos dependerá en gran medida una salida ordenada a la crisis financiera. Como se ve, son variables que dependen de equilibrios delicados e inestables.

Itinerario de la gestión

El presidente Berger fue el candidato carismático (finalista de las elecciones de 1999), llamado de emergencia en 2003 por las grandes corporaciones y montado sobre una improvisada alianza de jóvenes partidos para recuperar el control del Gobierno, postrar al enemigo común, el frg, y dar cobertura al escarmiento de funcionarios de la saliente administración señalados de actos de corrupción.

Esas metas se cumplieron en buena medida –ganaron la elección en segunda vuelta, llevaron a la cárcel a varios ex funcionarios aunque tras los juicios no lograron retenerlos a todos allí- pero esas expectativas no necesariamente correspondían a las de los electores y el conjunto de actores sobre las funciones de Gobierno y de sus fuerzas políticas.

Adicionalmente valdría anotar el alineamiento de poder tras el Gobierno, que no ocurría en 35 años: voto popular, empresarios, medios, ejército y comunidad internacional. La ausencia de una mayoría en el Congreso no representó hasta ahora un factor de ingobernabilidad, aunque sí de severo desgaste para la administración de Berger.

Las cosas empezaron mal cuando una vieja demanda de inconstitucionalidad contra un impuesto directo a las empresas (el iema, impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias) fue tramitada por la Corte Constitucional, en enero 2004, cuando arrancaba la actual administración. Con esa anulación el Gobierno perdía más del 12% de sus ingresos tributarios, equivalentes al 1% del pib. Por eso el presidente Berger acudió a la casa del general Ríos Montt a fin de lograr un acuerdo.

El acuerdo fue efectivo. A mediados de ese año el Congreso, con el apoyo de la nutrida bancada del frg aprobó un paquete fiscal que le da oxígeno al Gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2007. Entonces cayó un torrente de críticas contra el mandatario y su partido. Así el frg fue negociando con la administración Berger uno a uno los acuerdos. Y a pesar de haber sufrido una fractura importante con la separación de los Integracionistas (ahora aglutinándose en torno a la ucn), el frg se convirtió en el factor de gobernabilidad por el voto disciplinado de sus diputados.

Ambos partidos se necesitaban, pues también el oficial partido gana se fue desmembrando durante todo el periodo: primero perdió a los diputados del partido Patriota, después a los del mr de Jorge Briz, más tarde a varios seguidores del original psn de Ricardo Castillo Sinibaldi, hasta que en enero de 2007 una mezcolanza de unos seis de esos diputados del distrito central se colocó, literalmente, la camisa del partido une, que lidera Álvaro Colom.

La desventaja numérica del Gobierno en el Congreso se compensó también con prebendas a los diputados. A través del pacur, un programa institucionalizado en la Secretaría Ejecutiva bajo Eduardo González, se destinó poco más del 7% de la inversión pública, con baja regulación, decidida por los diputados a través de ong y empresas afines. La legislación más interesante para la administración de Berger se refirió a los megaproyectos; aunque no se aprobara la ley general de concesiones, sí fueron avalados en el Congreso el anillo periférico metropolitano, la franja transversal del norte y –aprobado de urgencia, lo cual faculta al Ejecutivo a entregar las obras sin licitar a una empresa holandesa- el puerto de Champerico.

Salvo las obras del aeropuerto La Aurora y la infraestructura vial contratadas por el Ministerio de Comunicaciones, el Gobierno no alcanzó la capacidad para emprender los megaproyectos previstos. Amigos empresarios de la familia presidencial –y la propia familia del gobernante- hicieron inversiones en la compra de tierra que eventualmente ganará plusvalía con las obras de Champerico o cuando una próxima administración emprenda la ftn. Entre tanto, carteras críticas como Educación y Gobernación, que siempre han reclamado escasez de recursos para cumplir sus metas, transfirieron ambos a obras del aeropuerto y al fideicomiso de covial (civ) 495 millones de quetzales que no pudieron ejecutar en 2006.

En resumen, el Gobierno tuvo que acudir al frg para pasar sus leyes en el Congreso, no pudo ejecutar las grandes obras que se propuso y se le desbarató la entente política que formó originalmente con la gana. Además del frg, su gobernabilidad dependió de que las grandes corporaciones y la comunidad internacional nunca tradujeron su desencanto en crítica abierta, menos en oposición. Los medios mantuvieron también una cobertura en general positiva, muy distante de la crítica incisiva observada durante los pasados cuatro gobiernos democráticos, con más plus algunos. La población, sobre todo en las zonas rurales, le retiró su apoyo, pero su desorganización y carencia de instrumentos de representación y expresión diluyeron la crítica. Algunas encuestas mostraron esa desafección, pero otras la alteraron.

El castillo de naipes bancario

La economía, bajo la gestión Berger, tuvo problemas de alzas de precios (algunas de decreto de facto, no explicadas por leyes del mercado) y otras restricciones derivadas del mercado internacional, como la elevación de la factura petrolera. Una combinación de ambos comenzó a erosionar la credibilidad del Gobierno. Pero la desconfianza sobre las capacidades de los nuevos administradores creció cuando el resto de Latinoamérica se asomaba a la bonanza de precios de venta y crecimiento, y en Guatemala no ocurría nada.

Entonces se dijo que las trancas que dejó el Gobierno anterior eran tan pesadas que llevaría tiempo desmontarlas. En realidad no son otras trancas que las estructurales, que no se desmontaron, y las pocas que estaban sanas se contaminaron (como las incipientes saas y sae, y la tradicionalmente sólida, banguat). Por lo demás, continuaron las prácticas corruptas, el gasto discrecional, el clientelismo y se incrementaron los conflictos de intereses y negocios asignados a base de comisiones.

Una mezcla de prejuicios e intentos de reorientar los programas sociales, más una supuesta moralidad de gasto comprobado, resultó en una constricción del gasto público. Se elevaron los depósitos en la banca central y se interrumpieron programas sociales, sobre todo en educación. Entre tanto, la inversión llegó muy tímidamente. El consumo, gracias a las remesas, aumentó; el crédito bajó su costó y tuvo altas tasas pero no tuvo mayor correspondencia con la producción real ni el empleo.

La reactivación real llegó hasta en 2006, con el crecimiento del 4.6% del pib. Y estaba llamada a crecer en 2007 al 5.2%, pero la crisis bancaria desde octubre –que continúa hoy día- está empañando las expectativas. El capital internacional está viendo con alarma la situación, no obstante que el fmi y las autoridades monetarias se respaldan con estudios e informes que concluyen que, estructuralmente, el sistema está ahora más saneado que hace tres meses.

Los problemas de los bancos vienen desde hace más de una década. La regulación deficiente no permitió corregir sus acomodos insanos, los cuales se incrementaron con el tiempo. La nueva legislación bancaria de 2002 atendió sólo parte de las necesidades de la reforma y adaptación del sistema a la liberalización económica. No pudo conducir un proceso ordenado de reconcentración de capitales financieros en las instituciones ni cortar las fuentes tradicionales de la renta bancaria.

La estabilización económica descansó sobre todo en la administración del tipo de cambio operado por los bancos, que tuvo un costo neto de 1,200 millones de quetzales anuales por casi dos décadas. La debilidad fiscal del Gobierno se compensó también con la contratación de deuda interna y la colocación de bonos que fueron comprados por los banqueros locales, ganando efectivos intereses. Y finalmente a través de la colocación de capitales a plazo de agentes privados que resultaron fraudes millonarios realizados a través de offshore fuera, por tanto, de regulación.

Los bancos hicieron de todo para incrementar sus rentas –en el último periodo, captación de remesas e incluso, en el caso de Banrural, pignoraron salarios de los empleados públicos- y muy tímidamente se arriesgaron en la intermediación financiera –su misión original- no obstante que en los últimos dos años hubo un boom crediticio del 25%. Y continuaron sus prácticas de inversiones riesgosas con alta rentabilidad y préstamos vinculados sin evaluación de riesgos.

Hasta ahí todo era más de los mismo. A fines de 2005 el fmi hizo una evaluación de stress bancaria y concluyó que el sistema aguantaba la caída de Bancafé y de un par de bancos pequeños. Entonces el Gobierno rechazó la intervención del banco propiedad de uno de sus funcionarios conspicuos, y dejó pasar a los demás. Se exploró la alternativa de compra-venta a un banco extranjero que quedó frustrada en el último momento, tras movimientos opacos de banqueros locales. Finalmente, de manera súbita, el 19 de octubre pasado la junta monetaria decidió intervenir el Bancafé. Pero la operación fue mala.

La junta dejó fuera de la sala a los técnicos del banco central y posteriormente la presidenta del Banguat, Antonieta de Bonilla, ordenó cambiar los informes que delataban sus errores y los del superintendente de bancos, Willy Zapata: a) Ignorar el dinero efectivo circulando a fin de año, b) Pagar todos los depósitos de dicho banco en efectivo, c) Dejar que corriera la incertidumbre y el pánico financiero entre el público, que comenzó a retirar frenéticamente sus depósitos y d) No reconstituir la velocidad del circulante.

A eso se sumó la petición de declaratoria de quiebra del Banco de Comercio, tras la repartición entre accionistas de los depósitos disponibles. La autoridad monetaria admite que conoció del desencaje y no hizo nada, hasta que los propios responsables pidieron un mes más tarde la intervención oficial. Como el banco central siguió fuera de juego, un banco comercial, el Industrial, salió al rescate de los depositantes, a cargo posterior del fopa (fondos públicos). Pero nadie responde por los, hasta ahora registrados, 1500 inversionistas defraudados por el banco porque colocaron sus dineros en una offshore.

La anormalidad financiera ha tenido efectos trágicos. Pequeños inversores que perdieron todos sus ahorros y jubilaciones murieron a causa de síncopes cardiacos o suicidios, enfermos graves y depresivos. Medianos inversores que han cerrado empresas y salido del país. La confianza en el sistema se ha perdido. Una cadena muy articulada, en diciembre, contra el banco g&t Continental –a través de los propios empleados de ese banco, taxistas, gente de la calle y mails- exacerbó el pánico y elevó los retiros. Además, el anuncio de la junta monetaria sobre la indefensión de las operaciones offshore disminuyó dramáticamente las inversiones en los bancos más grandes.

El río revuelto despejó el camino a quienes onerosamente blanqueaban dinero producto de la evasión fiscal, operaciones de narcotráfico y corrupción. Llegaron con su efectivo a los bancos, los cuales hasta llegaron a pagarles bonos. En cambio los asalariados que en diciembre recibieron cheques de pago los pudieron cobrar en abarroterías, ferreterías, farmacias de barrio y otros negocios pequeños a cambio de comisiones que iban del 5% al 15%.

Un escenario: sembrar minas mayores

El escenario entonces se convulsionó sin que nadie se propusiera expresamente hacerlo. La ineficacia política debilitó al Gobierno. La mala administración de la caída de bancos se volvió una real tormenta. Al cierre de esta edición el Ministerio de Gobernación dijo, a través de un anuncio pagado en la prensa, que el crimen organizado había planeado esa crisis y que, según sus informes, seguiría operando hasta quebrar al país. Por tanto, anunció, pondría en marcha una fuerza especial que vulneraría las libertades civiles (garantizadas por la Constitución).

¿Dónde están los actores? ¿Cuáles son los escenarios? Por supuesto que el panorama descrito y las torpes actuaciones de las autoridades cierran un cuadro de incertidumbre en el cual florecen las especulaciones tremendistas. Y es que el vicepresidente Eduardo Stein había vaticinado a fines de 2006 que las próximas elecciones concluirían con unos resultados tan cerrados y cuestionados como los de México en julio pasado, al punto que había riesgo de una crisis institucional. Hace pocos días, el ministro de Gobernación, Carlos Vielman, completó el cuadro: “pueden matar a un candidato presidencial”, aseveró. Esos anuncios se suman al diagnóstico del Mirador Electoral que alertan sobre la debilidad logística del Tribunal Supremo Electoral para administrar un crecimiento del ciento por ciento de mesas receptoras de votos.

Así queda,

1. Un ambiente financiero sombrío en el que se exhibe la debilidad de las instituciones bancarias privadas y de la autoridad monetaria,

2. Un clima propicio para el florecimiento de operaciones de blanqueo de dinero de gran escala, y una multiplicación de operaciones de intermediación financiera de baja escala, acompañadas de delincuencia doméstica (“la gente guarda su dinero no en el banco, sino bajo el colchón”) y

3. Respuestas en el ámbito de la seguridad desenfocadas y desproporcionadas, que abonan un clima de miedo entre la población.

Fuente: www.fundadesc.org - Número 59 - 210107


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