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En fase terminal
Por Fundadesc - Guatemala, 16 de marzo de 2007

En su cuarto y último año de gestión, el gobierno de Berger está dando muestras de agotamiento que hacen pensar que el escenario de administración de la crisis está en fase terminal, especialmente en materia de seguridad.

Si bien la visita de George W. Bush redujo temporalmente la atención pública a los escándalos en las fuerzas de seguridad, también reforzó las preocupaciones que sobre el mismo tema son inherentes a las relaciones entre ambos países, además del migratorio que coincidentemente tuvo un balde de agua helada por las continuadas deportaciones y especialmente por la ocurrida en Massachussets, en donde decenas de niños guatemaltecos quedaron alejados de sus progenitores. En ese tema el mandatario estadounidense confirmó la continuación de dichas políticas.

El encuentro entre Bush y Berger fue una suma de debilidades al término de sus mandatos, el primero señalado por la guerra en Irak, pero especialmente en América Latina por su política antiinmigrantes, de franco distanciamiento de los intereses latinoamericanos, pero además por el ascenso de regímenes que irrumpieron en los planes norteamericanos de expansión de mercados a través del alca, ante lo que éstos gobiernos emergentes consideraron como prioridad consolidar procesos integracionistas desde el sur. El segundo, caído del 85 al 16% en la percepción aprobatoria de su gestión, a pesar del beneficio de los grandes poderes económicos, del tratamiento desde auspicioso hasta prudente de los grandes medios de comunicación y de la comunidad internacional, pero aceleradamente distante de las angustias socioeconómicas de las grandes mayorías en pobreza, sometidos además a una creciente violencia delincuencial y ante el crimen organizado.

Las indicaciones públicas de Bush sobre el tema de seguridad y narcotráfico fueron breves, aunque en privado insistentes en la insatisfacción por la reducción en la captura de drogas y estructuras del narcotráfico, se revistieron de promesas de ayuda para los aparatos policiales y de seguridad, virtualmente desplazados por los agentes estadounidenses quienes tomaron el control total de su movilización, rutas, tráfico aéreo, logística, estancia, accesos, incluso aislando la custodia de Berger quien compareció así a la cita privada con Bush, asignándole la seguridad periférica de choque contra manifestantes a las autoridades locales, en una obvia actitud de desconfianza por los recientes acontecimientos.


La zaga de El Boquerón sigue arrojando mar de fondo sobre un sistema de seguridad colapsado que ya no soporta ningún remedio superficial más, pero que tampoco es permitida de aplicarse una cirugía mayor.

Los hechos ocurridos el 19 de febrero de 2007 con el secuestro, tortura y asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, representantes de Arena, partido conservador que hace gobierno en su cuarto período consecutivo en aquel país, han derivado en una cadena de acontecimientos que evidencian la profunda crisis de los aparatos de seguridad en Guatemala.

La captura de cuatro de siete agentes especiales de la División de Investigación Criminal (DINC), implicados en el crimen de los parlamentarios según las primeras investigaciones, entre ellos, Luis Herrera López, jefe de la unidad contra el crimen organizado, así como su ejecución extrajudicial por parte de un comando de alto nivel que actuó impunemente en el centro penal de alta seguridad conocido como “El Boquerón”, el 25 de febrero, apenas dos días después de su detención, siguen aportando más indicios sobre las estructuras paralelas, consentidas y amparadas por los aparatos del Estado para ejecutar los operativos de “limpieza social”, reiteradamente denunciados pero hoy claramente evidentes.

En un parangón a que “todos los caminos conducen a Roma”, los rastros inequívocamente apuntan a las altas autoridades de la cartera de Gobernación. En cualquier país del mundo un hecho de estas dimensiones hubiera requerido la remoción inmediata de quienes por acción u omisión estuvieron detrás del magnicidio contra los parlamentarios salvadoreños. La esquizofrenia de este Estado radica precisamente en que los poderes políticos y económicos se afanan en ocultar el sol con un dedo. Cabe preguntarse ¿por qué? He aquí algunas razones.

Las hoy llamadas estructuras paralelas o aparatos clandestinos, son tan antiguos como prácticas desde los regímenes autoritarios, en los que los dictadores mostraban en público un rostro atemorizante, pero cuyas acciones brutales se amparaban en la oscuridad. El conflicto armado interno de casi cuatro décadas profundizó tales formas dicotómicas y ya en la democracia de posguerra no hay rostros atemorizantes, sino por el contrario hasta lucen bonachones, pero desde la oscuridad siguen operando con las mismas crueles conductas. El pretexto es el mismo: en la salvaguarda del sistema, el fin justifica los medios.

Y en la calle, el ciudadano común, afortunadamente sin ser la opinión mayoritaria, pero si considerable, suele expresarse en apoyo a las prácticas de hecho contra la delincuencia o contra aquello que lo parezca, así se alientan los linchamientos, las acciones de “limpieza social”, las ejecuciones extrajudiciales. Otra porción no se pronuncia por temor, por el miedo que dejaron más de 200 mil víctimas en esos 40 años, y ahora por la constante amenaza en las calles bañadas de violencia. Pocos van quedando para nadar contracorriente, para expresarse y menos aún para luchar por el rescate de la humanidad por vías de derecho. Esta es una enraizada condición sociocultural.

La democracia y la paz se construyeron con tremendas falencias. Su déficit se origina en una mezcla donde el pasado logró vencer al futuro. Las instituciones cambiaron algunos textos, discursos y algunos procedimientos, pero los actores siguieron siendo los mismos en esencia. En el invento de la Policía Nacional Civil se recicló a los antiguos jefes y agentes tachados de violaciones a derechos humanos y actos delincuenciales, se redujo el tiempo de la academia de los nuevos aspirantes, se saltaron las pruebas de admisión. El ejército se redujo pero sus expulsados quedaron con la única habilidad de empuñar y usar las armas. Las autoridades del aparato de justicia, tanto en la investigación como en la aplicación de la misma siguen limitadas de recursos, pero además son fácil presa de la inercia, la inacción, de la amenaza y la cooptación de las organizaciones criminales.


En enero de 2004, la seguridad de este gobierno fue delegada en Otto Pérez Molina bajo la figura de comisionado presidencial. El experimento se quebró a mediados de 2004 al no haberse concretado su control sobre los cuatro aparatos de seguridad del Estado: Defensa, Inteligencia Militar, Gobernación y sae. Pérez salió del gobierno y su partido Patriota de la alianza gana. Las figuras de comisionados presidenciales no pudieron convertirse en entes de poder sobre la institucionalidad de los ministros y secretarios.

En julio de 2004 fue nombrado como ministro de Gobernación el ingeniero Carlos Roberto Vielmann Montes, hijo del coronel Carlos Vielmann, cercano al dictador Jorge Ubico. Vielmann hijo fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional, denominado por su líder Mario Sandoval Alarcón como el partido de la violencia organizada, desde donde se estructuraron grupos armados clandestinos (escuadrones de la muerte), entre ellos: la Mano Blanca. Fue encargado de tramitar los carnés de los comisionados militares, una estructura paramilitar de control sobre los civiles que llegó a tener 25 mil miembros en todo el país. Vielmann fue directivo de las cámaras empresariales de industria, cacif y fecaica. Cercano colaborador de Juan Luis Bosch Gutiérrez, presidente del grupo empresarial Multi-inversiones.

El ministro se hizo acompañar, como su asesor principal, del venezolano Víctor Rivera, ex director de inteligencia nacional en el gobierno demócrata cristiano (copei) de Venezuela y ex asesor de seguridad del ex presidente, también demócrata cristiano, de El Salvador, José Napoleón Duarte. Tras prestar servicios de asistencia en actividades de inteligencia en Guatemala Rivera volvió para asesorar en cuestiones de seguridad desde una empresa privada, a empresarios pero también a los gobiernos de Arzú, Portillo y Berger, especialmente en la investigación en casos de secuestro.

El director de la Policía Nacional Civil, Edwin Sperisen, llegó al cargo con la única experiencia de haber sido jefe de la Policía Municipal durante la administración del pan. Conocido con el apodo de “El Vikingo”, por su físico (1.90mts. y 220 lbs), por su temperamento agresivo y su filiación a una secta fundamentalista evangélica, ha sido señalado de participar en las razias antidelincuenciales en los bares de la “zona viva”, lugares exclusivos de los hijos de familias adineradas.

Según informaciones de prensa (especialmente elPeriódico de Guatemala y elfaro de El Salvador -ver la sección Temas de este número de Informe Guatemala-), los perfiles de otros personajes complementan estas estructuras. Javier Figueroa, ginecólogo que laboró en el Hospital Militar, amigo de infancia de Sperisen, ingresó a la pnc como asesor ad honórem y ascendió como director de la sgic (inteligencia y análisis policial). Víctor Hugo Soto Diéguez, inició su carrera policíaca en 1986 en el Departamento de Investigaciones Técnicas (dit), posteriormente en la Brigada de Investigación Especial Antinarcótica (bien). En 2002 fue jefe de operaciones del Servicio de Investigación Criminal (sic). Ese año Soto fue vinculado a un enfrentamiento armado entre policías y soldados en una transacción por secuestro. En septiembre del año pasado Soto encabezó el operativo en el cual las investigaciones de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (pdh) señalan la ejecución extrajudicial de siete reos en la cárcel de “Pavón”. Los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, figuran como asesores ad honórem de inteligencia, contrainteligencia, análisis de situación e interpretaciones antropológicas de temas policíacos, según el contrato por sus servicios aparentemente firmado el 1 de noviembre de 2006. Los hermanos Benítez aparecieron también en las investigaciones de la pdh sobre los sucesos en septiembre en Pavón, quienes sin ser empleados participaron en el operativo vistiendo trajes policiales, gorros pasamontañas y fusiles m-16. El 9 de marzo, dos días después de la publicación periodística sufrieron un atentado. El vehículo en el que se transportaban recibió 35 impactos de bala disparados desde dos autos en el kilómetro 26 de la carretera que conduce a El Salvador.

Tanto en el operativo de Pavón (Operación Pavo Real) como en el de El Boquerón, las investigaciones apuntan a la intervención de comandos especiales de alto nivel y posteriores montajes (limpieza de la escena del crimen, desinformación, ocultamiento de testigos, etc.). En el tintero sigue la duda respecto a las motivaciones del asesinato de los diputados salvadoreños, pues es posiblemente el trasfondo que complica altos intereses políticos en ambas administraciones. Desde Guatemala el director policial Sperisen asegura tener los nombres de los autores intelectuales de personas vinculadas al narcotráfico. En El Salvador, aunque no niegan esta posibilidad, dan por descontada la participación de los parlamentarios.


La pelota está en el campo de Guatemala, pero aquí no parece haber ninguna intención de romper el muro de silencio e impunidad. Las altas esferas económicas dominan las expectativas políticas electorales y los liderazgos prefieren no “hacer olas”. En este sentido comienza a cobrar efecto el cambio en la estrategia electoral de dichos poderes al no repetir la experiencia de 2003 de “poner todos los huevos en una sola canasta”. En aquella ocasion se aglutinaron alrededor de Berger y la gana, hoy las encuestas colocan a la cabeza a Alvaro Colom, quien se acompañará del Dr. Rafael Espada, hermano del actual ministro Vielmann. El segundo en la intención del voto según las encuestas, Otto Pérez, parece confluir con los otros dos partidos que se retiraron de la gana: el Partido Solidaridad Nacional del industrial y banquero Ricardo Castillo Sinibaldi (posible candidato a la vicepresidencia) y el Movimiento Reformador que dirige Jorge Briz de la Cámara de Comercio. En el partido de gobierno el candidato Alejandro Giammatei se acompaña del azucarero Alfredo Vila.

La primera intención tras la interpelación al ministro Vielmann parece quedará sin eco, rodeada de opciones como las planteadas a Bush quien anticipó discursivamente apoyar materialmente el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el combate al narcotráfico en una visión regional. El gobierno propone medidas de largo plazo: el sistema de seguridad nacional y el Congreso envía al congelador la cicig, ya de por sí un proyecto recortado de la ciciacs.

Al respiro brindado por la visita de Bush le seguirá la semana santa en las proximidades de la convocatoria electoral con anuncios de violencia política amparados en la intocable impunidad.

¿Qué harán los programas políticos en materia de seguridad? ¿Habrá voluntad política para una cirugía mayor o se continuará el lema de que el fin justifica los medios, hasta que este país reviente como inviable?

Fuente: www.fundadesc.org - Número 63


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