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De poderes ocultos a paralelos
Por Gabriel Aguilera Peralta - Guatemala, 22 de mayo de 2007

No se puede poner en duda la existencia de esa fuerza negativa.

Me gustó el debate en el paraninfo sobre “Poderes Ocultos. Quién gobierna en Guatemala” que abordó un tema que es ahora percibido con mayor claridad a raíz del asesinato de los parlamentarios salvadoreños. Efectivamente, en el foro se dijo que si antes hablábamos de “poderes ocultos”, ahora la denominación apropiada es “poderes paralelos” porque ya no se puede poner en duda la existencia de esa fuerza negativa.

Cierto, no es novedoso. Las ejecuciones extrajudiciales y la comisión de violaciones a los derechos humanos fueron llevadas a cabo por el Estado durante la guerra interna y se mantuvieron aún después de la transición a la democracia.

Se suponía que los compromisos de los Acuerdos de Paz, en especial el Acuerdo sobre Derechos Humanos, pondrían fin a esas prácticas.

No ha sido así. Mafias criminales reconvertidas del tiempo de la guerra y potencializadas por la globalización, han penetrado espacios del Estado y resistido los esfuerzos para erradicarlas, constituyendo un poder paralelo cuya existencia se conoce, pero que el Estado ha sido impotente para controlarlo.

Dado que entre los supuestos del Estado democrático se cuentan la garantía de los derechos de libertad y de primacía de la ley, la situación descrita evidencia una gravísima anomalía, que ha sido percibida por la comunidad internacional.

Los informes recientes del Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, del mismo organismo, son durísimos y; al leerlos, uno piensa que está ante textos similares que se emitían en tiempo del gobierno de Lucas García en los años ochenta. En el Parlamento Europeo, en ocasión de la Conferencia Internacional sobre los diez años de la paz en Guatemala, se registraron manifestaciones de fuerte preocupación sobre nuestro país.

En atención a esa grave situación se viene insistiendo, desde la sociedad civil y de sectores gubernamentales, en la creación de una autoridad de Naciones Unidas que apoye los esfuerzos para erradicar el poder paralelo.

Ese proyecto, antes llamado CICIACS y ahora CICIG, contempla una autoridad con representación del Secretario General de Naciones Unidas, con la fuerza y respaldo necesarios para apoyar las investigaciones que tiendan a confrontar las mafias criminales dentro del Estado. Sin embargo, aunque el proyecto que le daría vida legal se encuentra en el Congreso, no ha sido aprobado aún.

A beneficio del Legislativo debe reconocerse la forma responsable en que se ha manejado el proyecto de Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Pero se requieren otras leyes, como la reforma al régimen de policías privadas y al de armas y municiones. Y, sobre todo, la aprobación de la CICIG. Aunque el Poder Legislativo está por entrar en su receso parlamentario y al concluir el mismo estaremos en lo más intenso de la campaña electoral, este Congreso tiene el deber de dejar como parte de su legado el instrumento que quizás nos permita avanzar en desmantelar al poder paralelo.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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