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La nueva ola represiva
Por la redacción del Boletín gAZeta - Guatemala, 2 de junio de 2021

Editorial


Estamos en el umbral de una nueva etapa oscura y sin rumbo para el desarrollo social, económico y político de Guatemala.

El Estado está siendo cooptado por sectores que no solo representan al capital oligárquico, sino que también se ven pincelazos de otros grupos cuyos intereses no concuerdan con el desarrollo social.

Se está llevando a cabo una serie de maniobras planificadas que responden a un proyecto elaborado metódicamente, de la misma manera como, en tiempos anteriores, se pusieron en marcha los proyectos anticomunistas de aniquilación del movimiento social, destrucción de partidos políticos opositores, desprestigio de organizaciones sociales, cooptación de la universidad estatal, etcétera.

Nos encontramos ante una situación similar o peor que la de antes, ya que ahora se intenta que la represión vaya con el aval de las instituciones, como el sector justicia, para, de esta forma, legitimar un Estado cooptado. Se ha planificado y ejecutado una serie de actividades represivas contra diversos movimientos sociales con el fin de establecer un estado de miedo, de terror, para así ejercer un dominio absoluto de la población.

La detención de Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Argüello Mayén y al menos otras 15 personas más por la elaboración de un acta notarial para la constitución de un partido político en la cual se encontraron algunas incongruencias, lo demuestra. Se les acusa de errores o faltas en el cumplimiento de las normas establecidas para la formación de un partido político, sin embargo, a Solórzano Foppa lo han detenido con automóviles sin placas y, violentando sus derechos, lo han conducido a los tribunales. Luego, lo han encarcelado en una prisión en la que se encuentran presos comunes y mareros, lugar en donde ha recibido amenazas de muerte.

El caso, que podría subsanarse con medidas administrativas, más parece una puesta en marcha del plan de aniquilamiento del movimiento social. Esto se hace más evidente cuando hay pruebas que otros dos partidos han incurrido en faltas más graves, como el financiamiento electoral ilícito, pero, como son partidos allegdos al Pacto de Corruptos y a la propuesta de la cooptación del Estado, no se han girado órdenes de captura y los casos no han avanzado.

¿Por qué esta vez se han ensañado con Solórzano Foppa, Argüello Mayén y otros miembros del movimiento ambientalista en Guatemala?

Con Solórzano Foppa, los oligarcas y dueños del capital en Guatemala tenían una deuda pendiente, pues, además de venir de una familia de intelectuales y comprometida con las reivindicaciones sociales, cuando fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) obligó a muchos empresarios evasores a pagar los impuestos establecidos en los diferentes aranceles tributarios.

Caso similar sucede contra Aníbal Argüello Mayén, exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ya que su detención más parece ser una venganza contra una persona que también tocó los intereses de los grandes empresarios y políticos del Pacto de Corruptos. Luego de que la Cicig se disolviera, muchos de sus miembros han sido objeto de intimidación y algunos han tenido que optar por el exilio, sin embargo, ahora vemos una nueva modalidad de persecusión y represión, en la cual, mediante acusaciones antojadizas, se priva de libertad a quienes han trabajado en la lucha contra la corrupción.

Además de estos dos casos, otras de las personas capturadas son dos mujeres que permanecen privadas de libertad, pero que no han sido presentadas ante un juez competente.

Estamos frente a un hecho sin precedentes, el Estado guatemalteco ha sido cooptado por un grupo criminal que ha retorcido las leyes y la Constitución para que sirvan a sus oscuros intereses. Con la ley a su favor, han empezado perseguir a aquellas personas que han trabajado para que prevalezca el verdadero Estado de derecho y que han luchado contra la corrupción y la impunidad.

Siguiendo el camino de los gobiernos fascistas y tiránicos, este grupo criminal trata de justificar jurídicamente los hechos de represión que realiza en contra de la oposición, con lo cual está amedrentando y sometiendo a la sociedad, creando caos interno y desetabilizando las pocas instituciones que todavía tienen algún prestigio dentro del país. Poco a poco, el Gobierno se torna más intolerante, represivo y autoritario, mientras los del Pacto de Corruptos desfalcan las arcas públicas a sus anchas y con toda tranquilidad.

La única esperanza de la sociedad guatemalteca es la organización y la unión de los grupos de oposición, para exigir que sus derechos sean respetados, además de hacer planteamientos propositivos para una reestructuración del Estado de Guatemala que permita un verdadero desarrollo y que, finalmente, reine la justicia y la paz.

 

Fuente: gazeta.gt


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