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Violentos, cada vez más violentos
Por Gustavo Berganza - Guatemala, 24 de mayo de 2005

El problema es llevar hasta sentencia casos que pueden costarle la vida a jueces.

El ataque va en dos direcciones: una hacia jueces y fiscales y la otra en contra de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos que critican y se oponen a la política social y económica del Gobierno. En el primer caso, el Estado guatemalteco sigue siendo desafiado e intimidado por entidades que tienen tanto o más poder que él. En una situación como la que se vive en Guatemala en estos días, no se trasluce mucha esperanza de que el actual Gobierno pueda desarmar y perseguir al crimen organizado. Simplemente, no tiene los recursos y, según se colige de la manera en que los jueces y fiscales describen el ambiente de temor constante en el que deben realizar sus actividades, tampoco muestra mucha voluntad política para proteger a operadores judiciales y testigos.

El problema en el sistema de justicia no es solo que los casos se acumulen sin que el Ministerio Público realice las investigaciones para llevarlos a juicio, ni que los tribunales tengan más procesos que los que pueden atender… El problema es el de la disposición anímica para llevar hasta sentencia casos que pueden costarle la vida a jueces, fiscales y testigos sino también de grupos paramilitares que dan la impresión de estar vinculados a organismos de seguridad del Estado. En una coyuntura en la cual entidades defensoras de los derechos humanos cuestionan la manera como el Gobierno afronta los desalojos de fincas, pone oídos sordos a las demandas sobre el CAFTA, afronta las críticas a la Ley de Concesiones y desestima las demandas de organizaciones campesinas, uno no puede menos que sospechar que los ataques contra sus críticos vengan precisamente, si no del actual régimen, por lo menos de grupos que simpatizan con sus políticas.

La semana pasada, el Gabinete de Seguridad canceló una entrevista con grupos defensores de los derechos humanos. A esta cancelación ha precedido el tortuguismo de la Policía para investigar los recientes allanamientos a la sede del Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP) y a la oficina del grupo de derechos humanos Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). En el primer caso, ocurrido el 8 de mayo, los intrusos cargaron con 17 computadoras. En el segundo caso, acontecido 4 días después, los agresores se llevaron dos computadoras y varias fotografías de actividades de este grupo.

Ojalá que la cancelación de la entrevista no sea un mal augurio para los grupos campesinos y defensores de los derechos humanos.

Y ojalá que la denuncia hecha el domingo por el Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación no quede en el aire. Porque solo en lo que va del año ya son 73 los casos en los que los grupos defensores de los derechos humanos han sido atacados. A este ritmo, los casos durante el gobierno de Berger superarán a los acontecidos durante la administración Portillo.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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