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¿Estado laico? ¡Naaaaa!
Por Gustavo Berganza - Guatemala, 13 de diciembre de 2005

La separación entre Iglesia y Estado es un mito.

La reciente aprobación de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y las presiones que ejercen los obispos católicos y sus contrapartes evangélicos para vetarla, ha sacado a relucir nuevamente el tema de la separación entre el Estado y las Iglesias. Las que exigen que el Presidente refrende esa ley, resista las presiones religiosas y le piden hacerlo basados en la idea de que Guatemala es un Estado laico.

Con perdón, pero no puede haber argumento más endeble. En Guatemala, la relación entre Estado e Iglesias nunca ha tenido fronteras tan definidas como las que existen por ejemplo en Francia. Con excepción del breve período en que Justo Rufino Barrios persiguió a obispos y curas católicos, los gobiernos siempre han sido muy complacientes con las religiones y sus representantes.

Sin ir muy lejos, luego del arranque de macho viejo por el que Justo Rufino Barrios expropió las propiedades de la Iglesia católica y exilió al arzobispo José Piñol y Aycinena, firmó un concordato con León XIII, en el cual no sólo ofreció indemnizar a la Iglesia católica sino, encima, prometió un subsidio estatal para el funcionamiento del seminario arquidiocesano.

El sucesor de Barrios, Manuel Lisandro Barillas, liberal también, tuvo como ministro de Relaciones Exteriores al cura Ángel, Arroyo, quien había sido ya diputado y presidente de la Asamblea Legislativa en 1883. Los gobiernos liberales, a la vez de mantener ese amantazgo con la Iglesia católica, apoyaron activamente el establecimiento de iglesias protestantes. No olvidemos que gracias al presidente José María Reyna Barrios la Iglesia presbiteriana pudo construir el templo que todavía conserva en la 5a. calle zona 1, atrás del Palacio Presidencial. El entonces mandatario les regaló ese terreno que antes formaba parte del expropiado convento de Concepción.

En la década de los 80, vimos cómo la estrategia contrainsurgente de los gobiernos militares fomentó el desarrollo de iglesias neopentecostales. Y durante el presente periodo constitucional, no debemos olvidar la enorme influencia del Opus Dei sobre el gobierno de Álvaro Arzú y el fervor que Óscar Berger manifiesta por los íconos católicos, en particular pertenecientes a la orden dominica. Este Presidente condecoró ¡dos veces! con la Orden del Quetzal a la imagen de Santo Domingo de Guzmán: una en el templo de Xenacoj y otra en la capital, en la basílica del Rosario.

Así que no se extrañen si al final este gobierno da el piojo ante el berrinche de los obispos católicos y el chantaje de los ministros evangélicos y termina vetando la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar. En un Estado para-religioso como el que vivimos, eso es lo previsible.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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