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De la tolerancia a la indolencia
Por Walter Guillermo del Cid R. - Guatemala, 3 de marzo de 2005
walterdelcid@lahora.com.gt

LOS ACONTECIMIENTOS ALREDEDOR DEL CONGRESO de la República acaecidos el martes último, posibilita el hacer "lecturas" sobre el verdadero desempeño de los actuales conductores de la cosa pública y hasta dónde les llega a ellos el orden de prioridades que verdaderamente les preocupa. La gobernabilidad se debilita de manera constante. La notoria ausencia de planes de trabajo se está traduciendo en una manifiesta incapacidad que también amenaza con ser constante. Un peligro más se cierne sobre la sociedad, y este es que la crisis social en la que permanentemente nos encontramos, se traduzca en un estado de anarquía.

EN MI COMENTARIO DEL MARTES PASADO y a la luz de los acontecimientos que hoy comento, cometí un error de apreciación. Asumí que el tema de los integrantes de las que fueron las Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC), habrían de ejercer "presión" después de Semana Santa. Evidentemente no ocurrió hasta entonces, se produjo el mismo martes. Bloquearon la 8ª Avenida y al final obtuvieron un compromiso legislativo de mediación entre ellos y el Organismo Ejecutivo. Ese mismo día, sobre la 9ª Avenida, siempre en los alrededores del Congreso, se pronunciaban varios miles de maestros, sindicalistas y otras expresiones populares organizadas de la sociedad. Aquí la demanda se centraba en la oposición al TLC, a la discusión y eventual aprobación de la Ley General de Concesiones y el rechazo a las autorizaciones de la minería a cielo abierto. En primera instancia dos temas legislativos y uno evidentemente del Ejecutivo.

TOLERANCIA ES ANUENCIA, PERMISO, INDULGENCIA, respeto y consideración, entre los sinónimos más congruentes. Y un régimen democrático de derecho debe ser tolerante. Pero lo permisible, la anuencia, el respeto y la consideración que se debe evidenciar hacia los gobernados, debe estar regido por un marco de legalidad. En el ámbito del derecho privado, la propia Constitución Política de la República, en cuanto a la libertad de acción nos dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe (artículo 5 constitucional). En cuanto al ejercicio del poder público, este se sujeta a las limitaciones que señalan la propia Constitución y las leyes (artículo 152). Y en este ámbito, nótese lo consignado en el artículo 138 constitucional en cuanto al imperativo del Estado y de las autoridades de mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la constitución garantiza.

ENTONCES ES VALEDERO PREGUNTARSE ¿Qué pasó con la libertad de locomoción garantizada en el artículo 26 constitucional y que fuera vulnerado en cuanto a la limitación de accesibilidad al recinto legislativo? El derecho de petición (artículo 28 constitucional) nos dice que en cuanto a las peticiones, que la autoridad está obligada a tramitarlas y que deberá resolverlas conforme a la ley. Y, finalmente en cuanto al derecho de manifestación pública, se destaca en el artículo 33 constitucional que no puede ser restringido, disminuido y coartado y que se habrá de garantizar el orden público. El orden público fue lo que no se garantizó al permitir que la sede del Organismo Legislativo fuera sitiada más allá de las concesiones obtenidas por la vía de la presión.

LO ANTES DESCRITO ILUSTRA CUÁN distorsionado está el papel de los partidos políticos y su carencia de mediación entre los gobernantes y los gobernados. También revela (y aquí una lección que pone en riesgo el desenvolvimiento del propio gobierno) que la población sólo se puede hacer escuchar cuando ejerce presión. Que la autoridad escucha, sólo cuando está condicionada. El martes fue notoria la indolencia entendida como la negligencia, apatía y flojera con la que se manejó la situación desde el ámbito de la seguridad pública.

PARECE SER QUE UN CILINDRO A SER UTILIZADO en la minera auspiciada y consentida por familiares en primer grado del gobernante, merece más aprecio que los dos ministros de su propio "equipo" que estuvieron cautivos en la sede legislativa. ¿Hubo riesgos? Sí los hubo. Ante todo cuando las arengas de unos fueron estimuladas por el alcohol que se ingería por sus integrantes. En estas manifestaciones no se recurrió a la "preeminencia" del Estado de Derecho que fuera cacareado y aplaudido por la Cámara de Industria. Lo bueno es que tampoco se criminalizó el rechazo popular y que va en aumento hacia el TLC y la pretensión de estimular las concesiones hasta el punto de menoscabar al Estado. ¿Están las autoridades jugando con fuego? Estimo que sí. Y ese juego es otro peligro que no se quiere ver.

Fuente: www.lahora.com.gt


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