Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 4 - 2007

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

¡El gobierno debe garantizar verdad y justicia!
Por Gerardo Iglesias y Carlos Amorín - Guatemala, 4 de octubre de 2007

Con el paso de los días el asesinato de Marco Tulio Ramírez comienza a tener un contexto que, si bien no señala responsabilidades directamente, aporta datos esenciales para comprender las razones y el propósito del crimen, así como orientaciones claras de hacia dónde debería apuntar la investigación policial y judicial. El gobierno de Guatemala debe tomar claramente cartas en el asunto.

Hoy se sabe, por ejemplo, que la vivienda de Marco Tulio y su familia se encuentra dentro de un predio que es propiedad de la Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala SA, nombre comercial de Bandegua, la subsidiaria guatemalteca de la transnacional bananera Del Monte Fresh Produce. También que ese predio está completamente cerrado, sus entradas y salidas vigiladas por garitas con guardias de una policía privada llamada SERPROP. Se conoce que los únicos vehículos que circulan dentro del predio son los que cuentan con una autorización documentada que debe ser exhibida y es registrada en las entradas y salidas, y como si esto fuese poco, que además hay guardias que patrullan constantemente el lugar.

La investigación deberá aclarar si en el homicidio de Marco Tulio toda esta costosa e importante estructura de seguridad pagada por la empresa Bandegua-Del Monte falló, o si, antes bien, funcionó a la perfección y protegió a los asesinos.

Marco Tulio, que era secretario de Cultura y Deportes del Comité Ejecutivo Central del SITRABI, y secretario general del Comité Sub seccional de Finca Yuma del Sindicato, tenía una vasta experiencia sindical y era uno de los líderes locales. La empresa Bandegua-Del Monte, propietaria de la Finca Yuma, lo acusaba de sabotear la producción y de conducir a los trabajadores a cometer actos ilegales contra la empresa como “por ejemplo paros y huelgas”. Con esos argumentos, Marco Tulio estaba bajo amenaza permanente de despido y era víctima de persecución por parte de Bandegua-Del Monte.

Adicionalmente, Marco Tulio había aceptado integrar las mesas de votación en las elecciones nacionales por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) del socialdemócrata Álvaro Colom, ganador de la primera vuelta de los comicios, y en competencia con la extrema derecha tradicional para la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

¿Bandegua-Del Monte contrató los sicarios?

Los antecedentes de esta empresa la asimilan a una suerte de ejército privado fascista que además produce banano. Además de su permanente y fuerte apoyo a los grupos solidaristas que junto a otras transnacionales instalaron en Centroamérica, Bandegua-Del Monte fue acusada por una Misión de Naciones Unidas por “la peor violación a los derechos humanos cometida en los últimos años en el país”, refiriéndose a una acción armada por la cual en 1999 Bandegua despidió en Izabal a cerca de 1.000 trabajadores sindicalizados que fueron expulsados de sus casas y mantenidos a raya por su ejército privado. Una vez que los dirigentes fueron obligados a renunciar y a abandonar el área, Bandegua usó testaferros locales para reiniciar actividades y recontrató a los trabajadores con salarios más bajos y menores beneficios. En 2000, una campaña internacional de la UITA logró que se restableciera la existencia del SITRABI en la región, así como la firma de un Convenio Colectivo para todos los trabajadores de la zona. No obstante, las relaciones con la empresa han sido casi permanentemente disonantes, y varios ex dirigentes permanecen exiliados.

En la misma época, otros dirigentes del SITRABI fueron víctimas de una campaña de terror mediante reiteradas amenazas de muerte que fueron denunciadas ante el Ministerio Público, sin que nunca se llegara a establecer responsabilidades.

En la noche del 26 de noviembre de 2006, Cesar Humberto Guerra López, secretario de Conflictos 1º del Comité Ejecutivo Central del SITRABI, viajaba en un vehículo del sindicato cuando fue interceptado por varios desconocidos que dispararon armas de fuego al aire y arrojaron piedras contra el automóvil haciendo añicos una ventanilla. La investigación continúa sin resultados hasta ahora.

El pasado 20 de julio, como ya se denunció en esta página (ver artículo), cinco soldados allanaron la sede sindical e interrogaron a José Antonio Cartagena y Selfa Sandoval Carranza, los únicos presentes en ese momento. Decían querer conocer el nombre del presidente del SITRABI, la cantidad de afiliados, cómo se integraba el Comité Ejecutivo y en qué consistía el trabajo de la organización. Se sabe que los soldados se transportaban en un vehículo militar cuya matrícula fue detallada en la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público y durante una audiencia que el SITRABI mantuvo con el Ministro de Defensa. Hasta ahora, no hay ningún resultado de la investigación policial ni del sumario que prometió iniciar el Ministro.

La impunidad llega a tal punto que en la noche del pasado 28 de septiembre, cinco días después del asesinato de Marco Tulio, durante tres horas personas desconocidas armadas con fusiles AK47 recorrieron amenazantes las calles del campamento obrero de la Finca Yumi, el mismo que está permanentemente vigilado y cercado y que es propiedad de Del Monte Fresh. A pesar de que fue llamada, la Policía no acudió al lugar, mucho menos alguna autoridad de la empresa, en una clara demostración del barbarismo fascista que alienta a los responsables de estas acciones crueles e intimidatorias.

La grosera impunidad es la fuerza de los cobardes que se atreven a provocar y mofarse de una familia y una comunidad en duelo. Para que cese este vergonzoso despotismo, el gobierno de Guatemala debe tomar cartas en el asunto y facilitar la investigación que permita establecer qué responsabilidad les cabe en esta muerte tanto a Del Monte Fresh como a sus personeros de Bandegua.

Como lo ha hecho siempre, la UITA se mantendrá firmemente solidarizada con los trabajadores y trabajadoras del SITRABI cuya lucha ejemplar no ha cesado de enfrentar la canalla bananera. La memoria de Marco Tulio Ramírez no hará otra cosa que galvanizarnos codo con codo para levantar su bandera, continuar su ejemplo de lucha y legárselo con orgullo a las generaciones futuras.

Marco Tulio fue asesinado en la calle principal del Barrio Obrero de la Finca Yuma, donde él trabajaba. La Finca y el predio donde están construidas las viviendas de los trabajadores son propiedad de la empresa Del Monte-Bandegua. El Barrio está completamente cercado con garitas de vigilancia en entradas y salidas. Los vehículos no pueden ingresar al predio sin una autorización de la empresa y su pasaje por las garitas queda registrado por los guardias de seguridad. Patrullas de guardias privados rondan las calles del Barrio Obrero las 24 horas del día. ¿Nadie vio ni escuchó a los asesinos de Marco? ¿Cómo pudieron escapar con tanta seguridad privada?

Consternados, pero endurecidos ante el infame crimen, su familia, compañeros y compañeras dieron sepultura a quien permanecerá para siempre en la lucha de su pueblo.

Fuente: www.rel-uita.org - 031007


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.