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El colapso de lo público
Por Gustavo Porras Castejón - Guatemala, 22 de febrero de 2007
gupocas@hotmail.com

Es difícil entrarle a fondo a la infraestructura vial sin recurrir a la expropiación.

La debilidad extrema del sector público, cuya raíz está en la baja carga tributaria, ha perpetuado la marginalidad del Estado de Guatemala, manteniendo crónicamente deprimida su capacidad de ofrecerle servicios básicos a la población, como educación y salud. Pero eso no les ha quitado el sueño a los poderosos que abogan por el enanismo estatal con tal de no pagar impuestos, y que no terminan de entender que la bancarrota de lo público asfixia la expansión de lo privado y complica los conflictos sociales.

Sin embargo, el tema de la seguridad ciudadana ya les puso los pelos de punta a unos cuantos pues toca directamente a su puerta, y además, porque no hay vuelta de hoja, ya que el ministro Carlos Vielman ha manejado bien su cartera y el presupuesto respectivo, pero los recursos con que cuenta son insignificantes frente al desafío del crimen.

Ahora lo público suena a sapo en un tema inesperado: el transporte. Efectivamente, la infraestructura vial de la ciudad de Guatemala ya colapsó, y el tiro de gracia se lo dio el Transmetro, pero el problema de fondo no es ese sino que, a un ritmo de 10 mil automotores más cada mes, en la capital urge emprender un desarrollo cualitativo de esa infraestructura vial con proyectos de gran envergadura pero, con qué ojos, si del exiguo presupuesto municipal queda menos de un 10% para inversión.

A la escasez de recursos se suman las consecuencias de un concepto constitucional de propiedad privada y de la forma de expropiarla, que sencillamente hace imposible esto último. Como sabemos, la Carta Magna le deja en última instancia al “mercado” la fijación del precio de los bienes a expropiar, además de establecer que dicho precio se debe cancelar de inmediato y al contado. Resultado: la necesidad pública, en vez de moderar el precio de los bienes que se requieren, lo que hace es inflarlo.

Todo esto se justificó con las calenturas del decreto 900, Ley de Reforma Agraria del presidente Árbenz, el cual tomó como base de la indemnización el valor fiscal que los dueños de la tierra habían declarado, y estableció que el pago debía ser por medio de bonos del Estado. En la legislación actual esto es al revés: el precio declarado de los bienes para efectos fiscales es ridículo, y por ello sus propietarios pagan un impuesto casi simbólico, pero a la hora de la necesidad pública hay que darles lo que pidan, y al contado.

Así las cosas, sencillamente no hay salida alguna para el caos vial. El tema del Transmetro podría solucionarse si se amplía la calzada Aguilar Batres, para lo cual se requiere expropiar terrenos a sus orillas. Igualmente, es muy difícil entrarle a fondo a la infraestructura vial sin recurrir a procedimientos de expropiación.

Esta rigidez derivada de la defensa a ultranza de la propiedad privada, tampoco permite políticas de ordenamiento territorial a fondo, y la liebre ha comenzado a saltar por lo menos esperado, como son las colonias residenciales de lujo.

En La Cañada, por ejemplo, los sistemas de drenaje profundo han colapsado debido a la construcción de decenas de edificios de departamentos en un área concebida para residencias unifamiliares. Ahora, dichas casas se encuentran a la sombra de los edificios, el área entera comienza a apestar a aguas negras y el tráfico de lo que fue una apacible zona residencial se parece cada vez más al de la 18 calle. Pero, ¡viva el individualismo, la indiferencia y la hostilidad hacia lo público, y que cada quien se rasque sus pulgas como pueda!

Fuente: www.sigloxxi.com - 210207


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