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El Estado enjaulado
Por Gustavo Porras Castejón - Guatemala, 20 de junio de 2007
gupocas@hotmail.com

La Constitución hizo de la propiedad privada un derecho absoluto, sin límite alguno.

La limitación de los poderes del Estado diseñada por la actual Constitución no se redujo a la construcción de contrapoderes políticos, sino también implicó dejar al poder público en situación de indefensión frente a los poderes privados.

Como es sabido, el texto constitucional le amarra las manos al poder público en materia tributaria y fiscal, limitando la capacidad de imponer tributos y comprometiendo el uso de los recursos fiscales en alto porcentaje. De los 39 mil millones del presupuesto vigente, 31 mil están amarrados a destinos específicos, de manera que se reduce cualitativamente la capacidad de programación del Ejecutivo.

Pero el asunto no queda ahí. La Constitución hizo de la propiedad privada un derecho absoluto, sin limitación alguna, y sobre todo legisló de manera que la expropiación por razones de interés público fuera prácticamente imposible, o en todo caso, onerosa en extremo. Por primera providencia suprimió el concepto de función social de la propiedad que estaba en los textos anteriores, a partir de la Constitución de 1945, y lo sustituyó por un galimatías que en esencia quiere decir lo mismo: el propietario tiene el derecho al uso y disfrute de sus bienes, “de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”.

No obstante, lo de la función social es retórico si no se corresponde con las normas sobre expropiación, y en esta materia el texto establece que en caso de expropiación, “el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual” y “la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal”.

En la práctica, esto ha significado que el propietario fija el precio que le da la gana, y en los pocos casos en que la expropiación se ha intentado, el precio que se pide es muy superior al del mercado, usando la necesidad pública como un elemento para inflarlo, y no para moderarlo. Para colmo, el Estado tiene que pagar ese precio echando mano de los impuestos, y en particular de los que gravan las propiedades, las cuales están debidamente subvaluadas en los registros. En suma, hecha la ley, hecha la trampa.

Esta graciosa ocurrencia para curarse en salud ante eventuales expropiaciones es un grueso candado para los gobiernos, pero cada vez más se convierte en motivo de asfixia para los particulares, incluidos los grandes propietarios y empresarios, y es que una limitante cada vez mayor para el desarrollo de Guatemala la constituye que el Estado no tiene la capacidad para acompañar —ni menos impulsar— el desarrollo privado.

Tal vez lo más obvio en este momento es el virtual colapso de la infraestructura vial, sobre todo de la región metropolitana. El congestionamiento vehicular que padecemos —que crece en progresión geométrica — no sólo significa una colosal pérdida de recursos (tiempo y dinero). También es fuente de violencia y de enfermedades nerviosas.

¿Cómo ampliar esa infraestructura sin expropiar? y si se intenta, ¿de dónde se obtendrán los recursos que esto supondría bajo la legislación actual? ¿Cómo resolver los congestionamientos en las carreteras de la costa sur durante el período de zafra? ¿Cuánto pagan de impuestos los ingenios azucareros? ¿Tienen esos impuestos alguna proporción con el hecho de que la industria azucarera es el quinto exportador mundial del dulce? ¿Cuánto afecta a la competitividad de Guatemala que, pese a la inversión en carreteras para reducir los tiempos de transporte, esas carreteras se congestionan por el motivo señalado?

Fuente: www.sigloxxi.com


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