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Los Acuerdo de Paz y el ejército
Por Gustavo Porras Castejón - Guatemala, 22 de agosto de 2007
gupocas@hotmail.com

Lejos de los prejuicios y presunciones infundadas, los Acuerdos de Paz no son antiejército.

Uno de los destinos de los Acuerdos de Paz ha sido su tergiversación. Muy pocos se han ocupado de analizarlos, y la mayoría de quienes se refieren a ellos ni siquiera los han leído, pero eso no ha impedido falsificarlos y hacerlos decir lo que no dicen, o atribuirles objetivos que nunca tuvieron. Y en esta materia el tema del Ejército ha sido pródigo en adulteraciones e interpretaciones caprichosas.

En algunas de sus intervenciones, por ejemplo, el candidato Eduardo Suger se ha referido a la firma de la paz como el inicio de una especie de conjura destinada a desmantelar la institución armada e instaurar la CICIG. Dijo, en el programa Libre Encuentro, que luego de esa firma el Ejército se había reducido al 33%, en vez de lo correcto, que es una reducción del 33%, la cual fue pactada con la absoluta anuencia del Ejército de Guatemala, siendo una propuesta de esa institución ante el planteamiento de URNG, que era reducir la fuerza a la mitad.

Caía de su peso que una de las consecuencias del fin del enfrentamiento armado era que se redujera el número de efectivos, el cual se había incrementado en razón de ese conflicto. La reducción se pactó sobre la Tabla de Operación y Equipo (TOE), que para 1996 sumaba unos 52 mil efectivos, y también se acordó que el presupuesto se redujera en la misma proporción. Ocurrido esto, lo acordado se cumplió, y así lo verificó en su momento Minugua.

Pero en Minugua se pasaron de listos, y lo pactado por una sola vez lo quisieron convertir en regla permanente. Así se sacaron de la manga un coeficiente, resultado de medir qué porcentaje del Presupuesto General de la Nación representaba el del Ejército ya reducido, y planteando que el gasto militar debía tener como tope ese porcentaje.

En materia del número de efectivos, el presidente Óscar Berger dispuso a fines de 2004 reducirlo drásticamente, en lo que él considera una de las medidas más acertadas de su gobierno, y que a mi juicio ha sido su mayor error, porque incrementó cualitativamente la vulnerabilidad del gobierno frente al caos de los poderes ocultos, desguarneció las fronteras y puso en la calle a centenares de oficiales, muchos de ellos desmoralizados e indignados por la medida, en un contexto en el cual el crimen organizado está ávido de profesionales en logística, inteligencia, operaciones y demás. Esta medida del Presidente acentuó en las filas militares el rechazo a los Acuerdos de Paz, puesto que el hecho se presentó como cumplimiento de los mismos, cuando no tiene nada que ver.

¿Qué dicen realmente los Acuerdos? Su texto no deja duda. La reducción del Ejército y de su presupuesto aparece al final del Acuerdo respectivo bajo el acápite: “Aspectos operativos derivados de la finalización del enfrentamiento armado”, con lo que se enfatiza que dicha disposición es por una única vez. Por el contrario, bajo el título “Ejército”, el numeral 39 establece: “El tamaño y recursos del Ejército de Guatemala estarán acordes con las necesidades del cumplimiento de sus funciones de defensa de la soberanía y de la integridad del territorio, y con las posibilidades económicas del país”.

Queda claro con esto que los Acuerdos, como era lo correcto, no sujetaron mecánicamente ni la dimensión ni los recursos de la institución. Lejos de los prejuicios y las percepciones infundadas que flotan en el ambiente, los Acuerdos de Paz no son antiejército. Por ejemplo, en uno de sus contenidos, jamás citado, las partes le piden a la Comisión de Reforma Electoral que “analice la conveniencia de otorgar en el futuro a los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, el derecho político de ejercer el voto en los procesos electorales guatemaltecos”.

Fuente: www.sigloxxi.com


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