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Legislativo fuerte y digno
Por Gustavo Porras - Guatemala, 12 de diciembre de 2007

El tráfico de niños guatemaltecos representa ya un monto de $200 millones anuales.

No cabe duda que la gobernabilidad del país requiere, entre otros, de un Legislativo fuerte y prestigiado, y no como ocurre ahora, cuando de nuevo se acumulan sobre ese poder del Estado un conjunto de señalamientos que lo debilitan. Aparte de sus vicios internos, el Congreso es el blanco preferido de los medios, que no dan una visión integral de ese organismo ni tratan a todas las instituciones por parejo.

Lo primero porque únicamente señalan lo malo y hacen aparecer al Congreso como un ente superfluo que sólo significa un costo para la población. Luego, cuando surge un Evo Morales que se yergue sobre el descrédito de las instituciones, entonces se dan golpes de pecho tardíos los que diariamente contribuyen a socavarlas y quienes los financian y aplauden.

Lo segundo —no miden a todos con igual rasero— se manifiesta en el caso de la pretendida indemnización para los diputados que, como señala Carlos Castañaza, fue suspendida por una Corte de Constitucionalidad cuyos magistrados, si no resultaren reelectos, serán indemnizados de manera muy jugosa, puesto que sus salarios son muy superiores a los de los diputados. Es cierto que los medios pusieron el tema en el tapete cuando la CC se autorrecetó la indemnización, pero ahí sigue vigente. ¿No sería de elemental decoro que la CC anulara dicha medida, ya que se la anuló al Congreso?

Pero ahora la actual legislatura, antes de despedirse bajo el peso de los últimos acontecimientos negativos, tiene la oportunidad de tomar una decisión de carácter histórico, aprobando la Ley de Adopciones sin desnaturalizarla. Ésta tiene que estar en correspondencia con la Convención de La Haya —por segunda vez ratificada— y garantizar dos cosas, por lo menos: una, que se conforme una autoridad responsable ad hoc y otra, que se suprima el trámite notarial que hace del tema una cuestión privada, permitiendo que la adopción deje de serlo para convertirse en un mercado de niños.

A estas alturas existe documentación de sobra para probar que detrás de los miles de adopciones existen redes de delincuentes organizados que van desde quienes atienden los partos hasta los funcionarios que asientan partidas de nacimiento falsas o, peor aún, personal de hospitales nacionales que roba a los niños y luego le entregan a la madre el cadáver de otro al que rápidamente sepultan. O niñas contratadas para que se embaracen, o que venden al futuro niño aún antes de que nazca, y todo ello sin que el Estado de Guatemala cumpla su obligación elemental de defender y tutelar a la infancia. Para vergüenza de nuestro país, por la red y por otros medios se anuncian paquetes turísticos que incluyen la escogencia de un niño para ser adoptado.

Además de la responsabilidad indeclinable del Estado de Guatemala se necesita una mayor corresponsabilidad internacional, porque en el mercado de niños —al igual que en el de drogas— el poder de los delincuentes se origina en la demanda millonaria de los países ricos, y en particular de Estados Unidos.

En el caso de Guatemala, según cifras de la Fundación Mack, el tráfico de niños guatemaltecos representa ya un monto de 200 millones de dólares anuales. Así que muchos estaremos atentos a lo que resuelva el Congreso, conscientes de que no existe ningún argumento válido para oponerse al fondo de la Ley de Adopciones.

Fuente: www.sigloxxi.com


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