El acuerdo socioeconómico y agro
Por Gustavo Porras - Guatemala, 21 de mayo de 2008
El 6 de mayo pasado se cumplieron 12 años de la firma del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el primero de los suscritos durante la administración Arzú. El hecho sorprendió a quienes habían vaticinado que bajo ese gobierno el proceso de paz se estancaría. A raíz de la firma de tal Acuerdo cambió el discurso de los escépticos, señalando de ahí en adelante lo contrario, es decir, que se iba muy de prisa y con ello se corría el riesgo de que los Acuerdos perdieran contenido.
El Acuerdo Socioeconómico contiene un conjunto de medidas de muy diverso tipo, algunas de las cuales han suscitado intensa polémica y oposición, tal el caso de la propuesta de incrementar la carga tributaria al 12% del PIB, tasa que debía ser alcanzada en el año 2000 y que hasta 2007 se pudo lograr. Hoy, esa carga tributaria resulta a todas luces insuficiente y a partir de ahí –aunque no sólo por eso– tenemos un Estado frágil, cuyas instituciones no tienen la capacidad de responder adecuadamente a las necesidades del país, y mucho menos en un período de crisis como el actual.
Pero además de medidas concretas, el Acuerdo Socioeconómico contiene una propuesta metodológica que nunca se ha analizado, y la cual tiene cada vez mayor relevancia. Esta propuesta combina al menos cinco factores cruciales para lograr el desarrollo integral: buen gobierno, crecimiento económico, sistema tributario como mecanismo básico de redistribución de la riqueza, y los compromisos de inversión social y reforma del Estado. Hoy se dice con toda razón que el combate a la pobreza no puede reducirse a la aplicación de políticas específicas (que son necesarias), sino debe ser el resultado de una acción global debidamente concebida para tal fin. Efectivamente, el desarrollo no es producto de un solo factor sino de la articulación adecuada de factores fundamentales, y entre ellos los antes señalados. El buen gobierno es clave para el crecimiento económico; el crecimiento económico es una base indispensable de las políticas sociales; el sistema tributario permite el incremento de la inversión social, y la reforma del Estado es necesaria para que éste sea un aparato eficiente y no un barril sin fondo que depreda sus recursos humanos cada cuatro años.
Además, el Acuerdo Socioeconómico y Agrario evoca principios como el de justicia social (contenido en la Constitución vigente), al cual considera “como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional”, y señala que “tanto para el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la sociedad guatemalteca como para el logro de una mayor justicia social, es fundamental la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades”, y que “el Estado debe fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos”.
En síntesis, esto empalma con el concepto de “capital social” desarrollado por Bernardo Kliksberg: “Se entiende por tal un conjunto de aspectos como, entre otros, la capacidad de una sociedad para producir concertaciones sociales amplias en su interior, para generar redes articuladoras de los esfuerzos de sus diversos sectores; su cultura y la presencia de valores éticos orientados hacia la solidaridad, la construcción positiva, la cooperación, la equidad. Según las evidencias, estos factores no son abstracciones ajenas al desarrollo económico y social. Tienen, por el contrario, un peso estratégico en que se produzca un desarrollo sostenido”.
Fuente: www.sigloxxi.com |
