Lo que parece obvio, oculta la realidad
Por Gustavo Porras - Guatemala, 10 de marzo de 2009
La conjura para atentar contra la vida de la diputada Nineth Montenegro, develada por la CICIG y el ministro de Gobernación, significa por sí misma el más grave deterioro de la convivencia democrática que, a pesar de todo, se ha instaurado a partir de la firma de la paz. Como bien lo plantearon las entidades citadas, se trataría de crear un cisma, al atacar a una persona que despierte conmoción, y con ello generar problemas al Gobierno.
Esto último es muy importante: identificar el objetivo de la conjura, sin caer en la trampa burda de lo que parece evidente, es decir, que las amenazas derivarían de la labor fiscalizadora de la diputada, lo que en las actuales circunstancias significa sospechar de la Primera Dama y de su entorno.
A raíz del asesinato de monseñor Gerardi, conversábamos con Leonel Gómez – lobista salvadoreño recientemente fallecido – acerca de cómo evitar los magnicidios. Él decía, con toda razón, que la única forma era que la opinión pública no cayera en la maniobra de los conspiradores, es decir, que no actuara ni pensara en la dirección de lo que ellos pretendían.
El caso Gerardi es un penoso ejemplo de lo anterior: le fue muy fácil a los conspiradores hacer creer que el asesinato del Obispo era una represalia por la elaboración y publicación de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), argumento que sonaba obvio pero que no resiste la menor reflexión. Asesinar a Monseñor luego de haberlo hecho carecía de sentido. En cambio, el verdadero motivo de los que manipularon esto era socavar al gobierno Arzú, fortalecer la candidatura de Alfonso Portillo y, quizá, tomar represalias por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la visita presidencial a ese país.
El impactante video grabado por el abogado Rodrigo Rosenberg, acusando de su muerte al Presidente de la República y su esposa, ilustra también lo que puede derivar de las reacciones precipitadas y hepáticas de quienes, en el fondo, quieren creer lo que escuchan, y no se detienen a examinar los posibles daños, en primer lugar para el país. Porque mucho se ha comentado sobre el esclarecimiento del caso Rosenberg y sus implicaciones, pero poco se ha dicho sobre el inmenso daño que le produjo a Guatemala. Ese video recorrió el mundo, mientras la aclaración sobre lo sucedido tuvo una difusión mucho menor. La imagen de nuestro país quizá llegó en ese momento a su punto más bajo.
La conjura en contra de la diputada Montenegro demanda, en primer lugar, la más profunda solidaridad con ella. Afortunadamente se cuenta ahora con la CICIG y su creciente trabajo conjunto con la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación: dadas las experiencias recientes (el caso Rosenberg, una de ellas), es razonable esperar que se pueda identificar a los conjurados. En el caso de las organizaciones cívicas y la opinión pública, quizá lo más eficaz sea evitar los juicios apresurados que abonan a la situación de caos que los autores seguramente tratan de incrementar. Porque bien vistas las cosas, lo que tienen en común las diversas acciones emprendidas por poderes ocultos es profundizar el caos, y especialmente acentuar la desconfianza de la gente en las instituciones, en vez de que procuren su fortalecimiento. Porque en última instancia lo que estamos viviendo son las consecuencias de un Estado frágil, desfinanciado, infiltrado por los poderes ocultos y mal administrado y estructurado. Para colmo, enfrentado a un movimiento contestatario que no termina de abandonar la estridencia, y a una ideología destructiva que no cesa de pregonar la reducción del poder público.
Fuente: www.sigloxxi.com |
