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La Corrupción como una de las formas principales para el ejercicio del poder
Por Héctor Alfredo Nuila Ericastilla - Guatemala, 2 de octubre de 2017

Introducción

La profundidad y alcances de la corrupción en Guatemala aunque ésta ha estado presente de manera permanente en la vida política nacional desde hace varios siglos (situación que lamentablemente ha determinado que se le vea como parte del paisaje), es hasta los acontecimientos políticos del año que 2015 que la temática ha ocupado el quehacer de la vida política de Guatemala al descubrirse los primeros hechos de la práctica institucionalizada de la misma a partir de los niveles más altos del poder ejecutivo (binomio presidencial) y otras instituciones del Estado, teniendo como constante el uso y abuso de todos los mecanismos de impunidad inimaginables pero existentes y vigentes para la práctica a plenitud de la corrupción pública, así como el involucramiento y participación a gran escala de los grupos del poder económico del país, o sea las clases dominantes integrantes de la llamada iniciativa privada o sector empresarial, situación que hoy de manera axiomática lleva a la conclusión de la existencia enraizada, institucionalizada y ejecutada con plena impunidad de la corrupción pública y la corrupción privada como unidad dialéctica, convirtiéndose esta unidad en la piedra angular de la teoría y la práctica de la corrupción como una de las formas principales para el ejercicio del poder total en Guatemala.

El hecho señalado a su vez se constituye en el factor principal del colapso e ilegitimidad del Estado, así como la aceleración y reproducción del proceso constante y profundo de la descomposición integral en el seno de la sociedad guatemalteca, focalizándose ésta principalmente en el poder económico y sus intermediarios que dentro del sistema se desempeñan como sus operadores políticos (Ejemplo el Sr. Presidente) en la reproducción, profundización y consolidación de los intereses y privilegios del poder económico nacional y transnacional, el cual es sustentado y ejercido no solo por las clases dominantes nacionales y transnacionales secularmente existentes, sino además los que se corresponden a sus nuevos integrantes como la narcoactividad, los grupos delincuenciales y los nuevos ricos a través de la corrupción aglutinadas ahora en el autodenominado sector empresarial.

En documentos previos al presente hemos expresado y sostenido que la corrupción en Guatemala es una de las formas principales establecidas para el ejercicio del poder con carácter clasista, pues ésta no solo tiene raíces coloniales sino que la misma fue perfeccionada a partir de 1871 para la implantación, reproducción, profundización y perpetuidad de los intereses y privilegios de las clases dominantes que se han apropiado del país y su vida económica, política y social (agro exportadores, agro industriales, productores y comercializadores de alimentos indispensables para la vida humana como los vacunos, porcinos, avícolas entre otros, el desempeño impune en el país para la narcoactividad y las plenas garantías para la implantación de empresas nacionales en materia portuaria sobre la base del soborno(el caso TCQ en Puerto Quetzal y las adjudicaciones a empresas privadas para la construcción y mantenimiento infraestructura vial durante el gobierno de OPM), las concesiones sobre minería, los hidrocarburos, el desarrollo energético, la expansión ilegal de la frontera agrícola entre otros.

También se ha señalado que para la imposición de sus intereses y privilegios, las clases dominantes haciendo uso de los recursos del Estado han comprado sobre la base de la corrupción las incondicionalidades de jefes militares, políticos civiles, académicos, tecnócratas y sicarios entre otros, para la implantación y ejecución de la represión contra el pueblo como política de Estado, para que a través de los efectos paralizantes del terror acepte sumisamente la sobre explotación del pueblo, la discriminación racista y la opresión cultural como instrumentos de dominación y aplastamiento de la conciencia histórica y la voluntad política de los pueblos, manteniendo y reproduciendo así las relaciones de producción propias del modelo económico capitalista neoliberal impuesto en Guatemala desde 1871.

En los documentos previos, acerca de la crisis actual se hace mención de una serie de factores que conforman y determinan de manera multicausal la crisis actual, dentro de éstos se destacan los que le corresponden al presidente de la república a partir de los procesos judiciales que envuelven a su familia, los cuales está manejando de manera irresponsable y a su pleno antojo, dentro de lo que se conoce como conflicto de intereses, los cuales a su vez moldean su conducta personal, en donde la solución de ese problema pasa a ser un fin en sí mismo, por lo tanto para resolverlo no le importa comprometer y colocar en situación de alto riesgo político y social al Estado y a la Nación.

Las clases dominantes no se quedan atrás pues de manera semiclandestina y con la doble moral que históricamente las ha caracterizado, le brindan al presidente su pleno respaldo a través del Cacif desde finales del mes de agosto recién pasado hacen la convocatoria a un diálogo nacional eminentemente clasista, racista, excluyente y anti popular, y sin tomar en cuenta que a partir de la coyuntura que se vive, ni al Estado ni a las clases dominantes tienen la legitimidad ni la autoridad moral para convocar y conducir un debate nacional de esa naturaleza.

Los partidos políticos ubicados dentro del ámbito de la derecha y derecha extrema los cuales surgen y-o se desprenden de estos a partir de la implantación del modelo de partidos políticos antidemocráticos y anti populares impuesto por la contrarrevolución de 1954 y perfeccionado en 1963 y 1985, hoy en el Congreso de la República, traicionando a la patria y haciendo a un lado la ética implícita en el quehacer político de los dignatarios de la nación, pretendieron perpetuar la impunidad para continuar con el incremento a gran escala de la corrupción con las características descritas. Afortunadamente La acción del pueblo cortó de un tajo tal aberración.

Sobre esa base, como maniobra de carácter clasista de parte de quienes sustentan el poder económico nacional y transnacional, y por otra parte por quienes luchan por iniciar un proceso transformador del país de carácter pacífico, participativo y representativo de los cuatro pueblos que conforman a la nación guatemalteca, para buscar la erradicación de la corrupción institucionalizada dentro del Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal, así como la transformación del mismo, y la creación de otras formas de convivencia nacional, en el seno de la sociedad hay plena conciencia y claridad de la necesidad de hacer realidad un DEBATE NACIONAL, que además de crear las condiciones nacionales para la erradicación de la corrupción, el mismo sirva para exponer, debatir, confrontar ideas y planteamientos, para así avanzar en la construcción de procesos que creen las condiciones políticas para que Guatemala sea una nación pluricultural, multiétnica, multilingüe, en donde los cuatro pueblos que la integran se rijan por la justicia social, sobre la base de un nuevo modelo económico, político, social y cultural, en donde se garantice la preeminencia y vigencia del respeto pleno a los derechos humanos de quiénes somos y convivimos en la nación guatemalteca.

El Diálogo y-o Debate Nacional

Según las declaraciones públicas del presidente del Cacif y del Presidente de la República el diálogo debe servir fundamentalmente para modificar leyes para el beneficio de sus intereses y privilegios en materia electoral, tributaria, trabajo y previsión social, el fortalecimiento de la privatización de la función pública y la institucionalidad del Estado entre otros. El periplo nacional que actualmente ejecuta el Sr. Jimmy Morales y sus componendas con los empresarios ganaderos y agroindustriales es el mejor ejemplo de lo señalado. En las declaraciones de ambos los intereses nacionales están ausentes.

Por otro lado diferentes expresiones organizadas de la sociedad guatemalteca, acompañadas por diversidad de instituciones académicas como la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC y algunas universidades privadas plantean que el diálogo debe ser totalmente diferente a lo que pretenden los poderosos, para el efecto ya existen propuestas como la de la USAC y no pocas como aportes individuales que reivindican como soportes y contenidos esenciales a la agenda de la paz firme y duradera vigente desde 1996, la cual contiene los acuerdos de paz sustantivos declarados por el Congreso de la República como compromisos de Estado en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz aprobada en el mes de Agosto del año 2005.

Desarrollo y contenido

El diálogo y-o debate expuesto en los párrafos previos puede y debe desarrollarse por etapas, las cuales a manera de propuesta podrían ejecutarse de la siguiente manera.

Primera etapa

En ésta etapa se deben establecer los procesos para la creación de condiciones sociales y políticas, jurídicas e institucionales para conseguir la erradicación de la corrupción como una de las formas principales para el ejercicio del poder de carácter clasista.

Segunda etapa

Rescate y recomposición del Estado y la Sociedad, a partir de la Agenda de la Paz, los aportes de la USACy otros que pudieran surgir a título individual y-o colectivo, con las propuestas que surjan de los aportes del movimiento social y popular y otros grupos sociales y políticos en los diferentes debates preparatorios.

Tercera etapa

Esta etapa debe diseñarse y ejecutarse a partir de la convocatoria nacional para la implementación y concreción de los resultados de las dos etapas previas. Estos resultados según lo que se espera deben llevar al país a crear otro modelo de Estado, o sea un Estado que deje de ser Monoclasista, Etnocéntrico y Patriarcal, para dar paso a la nueva institucionalidad que conduzca la vida económica, social, política y cultural de Guatemala, a partir de una nueva Constitución Política de la República que se corresponda con el gran pacto nacional que surja del debate nacional.

Convocatoria y Conducción

Como ya se señaló el Estado guatemalteco y principalmente el poder ejecutivo no tienen autoridad moral para convocar, participar y mucho menos conducir el debate en referencia, así como el empresariado organizado en las diferentes instancias existentes, tampoco las autoridades eclesiásticas que han cerrado filas en ésta coyuntura con el empresariado organizado están en capacidad moral y política de convocatoria y de conducción, sin embargo pensando en el inicio de una nueva etapa de nuestra historia ydado el carácter incluyente, democrático y participativo de este debate no se puede ni se debe negarles el derecho de participación.

Sobre la base de lo señalado a quienes les corresponde la convocatoria y conducción del debate, por razones históricas, políticas, sociales y culturales es a las AUTORIDADES ANCESTRALES, con la participación, colaboración, aportes y capacidad de iniciativas emanadas de las diferentes expresiones organizadas que hicieron realidad LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO DEL PARO NACIONAL DEL 20 DE Septiembre de 2017.

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