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Hay que reformar la ley
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 6 de febrero de 2007

En el 2003, cuando se elaboró el marco legal de las ONG, se dejó espacio para el lucro.

Las ONG surgen en la década del sesenta, elevando su número en 1976, en la labor de reconstrucción.

Durante el conflicto armado acompañamos a la población campesina e indígena, ajustando nuestra estrategia y recursos al acompañamiento humanitario. Se trata entonces de entidades nobles de servicio social.

En la paz estamos abocadas a la lucha contra la pobreza, promoviendo desarrollo y una sociedad justa, equitativa y democrática.

¿Qué es una ONG: “a) organizaciones establecidas fuera del marco del Estado, aunque su quehacer es de interés público; b) su finalidad no es el lucro; c) los destinatarios principales de sus acciones son sujetos externos y distintos a los miembros de la organización; son entidades con fisonomía e institucionalidad propia; e) replican sus acciones en distintos ámbitos geográficos, con una temporalidad mayor, y sus recursos tienden a ser estables”.

Nuestros principales programas: educación, salud, democratización y derechos humanos, producción y servicios.

¿Qué ha pasado en la coyuntura? La Ley de ONG, decreto número 02-2003, fue elaborada de forma tal que facilitara a políticos y ciudadanos inescrupulosos esquilmar los fondos del Estado; una ley con dedicatoria. La trampa estaba pensada.

Esto lo denunciamos en su oportunidad las ONG aglutinadas en el Foro de ONG y el Consejo de Fundaciones Privadas, quienes propusimos un articulado –que no fue tomado en cuenta– y que buscaba resolver la cuestión fiscal vinculada a las ONG, su FISCALIZACIÓN y otros elementos importantes.

Lo que ahora se publicita sobre actos corruptos utilizando la figura jurídica de ONG merece no sólo la sanción pública, sino FUNDAMENTALMENTE JUDICIAL.

Cómo resolver el problema. Primero: revertir la política de adelgazamiento del Estado, que ha debilitado su capacidad de ejecución, obligándose a recurrir a terceros; segundo: reformar la Ley de ONG, garantizando el fomento de su actividad, con fiscalización de ente, autónomo integrado con representación gubernamental y del sector, y tercero: que la Contraloría cumpla con lo establecido en el artículo 2 de su Ley Orgánica, que reza “…función fiscalizadora… de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas”. El mandato es claro, que la Contraloría no tenga capacidad es otro problema.

Fuente: www.prensalibre.com.gt - 040207


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