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Otra visión es posible
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 12 de abril de 2007

¿Consenso? Más bien, acuerdo previo entre pares.

Ningún sector social, que se precie de políticamente razonable, desestima la idea de que Guatemala necesita planes de Estado, con alcance de mediano y largo plazo, que abarquen los ámbitos necesarios, para lograr el desarrollo económico y social.

Este es uno de los pocos asuntos que no están en cuestión social. Los Acuerdos de Paz representan el sumum de dicha aspiración. Por separado diversos sectores e instituciones, en distintas etapas de la historia nacional, se han esforzado por la elaboración de propuestas que pretenden esta envergadura; mencionaremos algunas de ellas: los partidos políticos elaboraron el documento –que no pasó a más- Agenda Nacional Compartida una de cuyas aspiraciones, era transformarse en un conjunto de compromisos de largo plazo que serían de ineludible ejecución para cualquier Gobierno.

Los campesinos aglutinados en CNOC lanzaron su propuesta de reforma agraria integral y desarrollo rural, que en esencia es una propuesta de política pública, sostenida y transformadora del agro. Las ONG y su propuesta de plan marco para el desarrollo nacional. Recientemente sectores empresariales y “sociales”, suscriben y lanzan una agenda de políticas públicas, cuya estrategia de aplicación se basa en la emisión de varias leyes.

Entonces, la falta de propuestas no es el problema. El problema radica: 1) en la falta de compromiso y visión de largo plazo de sectores oligárquicos, que tienen el poder suficiente para bloquear debates, –verbigracia código agrario–. O la concreción de su cumplimiento, -caso de los Acuerdos de Paz-, cuando no ven sus intereses garantizados absolutamente; y 2) debilidad orgánica del movimiento social, partidos políticos, Estado; y la falta de operadores políticos serios en el Congreso de la República. Pese a lo anterior corresponde ahora al Congreso de la República, y en su caso a la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), facilitar el escenario para una construcción verdaderamente social, de las leyes de desarrollo rural y salud. Lo contrario es imponer a la nación (legalizado por el Congreso de la República) la visión de un sector que se pretende hegemónico, con la argucia del consenso previo. ¡Claro consenso entre pares!, lo cual de nuevo nos condenara al fracaso y a la sempiterna ingobernabilidad.

De hecho ya produjo la vigorosa respuesta del magisterio nacional y los trabajadores de la salud. El movimiento campesino y otros sectores sociales se aprestan a presentar su visión del desarrollo rural en una propuesta de ley. Hagamos de la coyuntura una oportunidad y no un problema.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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