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Unidad productiva campesina
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 19 de abril de 2007

Desde el gobierno de Álvaro Arzú se priorizó el “agrobissnes”.

El desarrollo rural no se agota con políticas, programas y proyectos agropecuarios, sin embargo, esta actividad de lo rural es la que por un lado aglutina la mayor cantidad de pobres en el país, y por el otro, –en las actuales condiciones–, es el segmento con mayor potencial para apuntalar el desarrollo nacional, si se le dan las condiciones adecuadas. En tal sentido, uno de los problemas de las políticas dirigidas al campo ha sido la orientación de estas, desde el Gobierno de Arzú a la fecha, se priorizó la atención al “agrobissnes”, a la gran empresa, a la tendencia agro exportadora.

Para los pobres del campo, “donaciones” de abono químico para continuar deteriorando su tierra y ambiente, aunado a la “acción compensatoria” de los fondos sociales. En todas estas políticas subyace la idea perversa de “descampesinar” al campesino atrayéndolo hacia la maquila, conservando únicamente la necesaria reserva de mano de obra barata para el azúcar y la palma africana.

Estos 12 años de Gobierno han demostrado que tal política es errada, que la pobreza se profundizó, la migración creció exponencialmente y las ciudades del país continuaron “engrandeciéndose” con cinturones de miseria. Ahora es tiempo de cambiar, de revertir esa política y la ley de desarrollo rural es una oportunidad.

Hay que partir de la premisa de que el sujeto de la ley debe ser la pequeña unidad productiva campesina, la necesaria redistribución de activos productivos y el papel rector del Estado, para transformar a la pequeña unidad productiva en motor del desarrollo. Es de elemental sabiduría que sin la tierra, crédito y tecnología –entre otros–, la producción rural es inexistente. También lo es que el minifundio no promueve agentes económicos, genera a lo sumo sobrevivientes.

La ley, entonces, debe prever las medidas necesarías de organización de la producción y la comercialización que eviten tanto la “microparcelación de la tierra” como su concentración latifundista. Otro elemento clave es la gestión descentralizada, que dentro de otras cosas implica una activa y efectiva participación ciudadana. La suma de estos elementos generará desarrollo incluyente en el mediano y largo plazo. Son ahora de inusitada actualidad las tesis del economista guatemalteco Elmer Alvarado Cano en torno a la unidad popular productiva.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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