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En manos del Congreso
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 24 de mayo de 2007

Existen seis propuestas de ley sobre desarrollo rural.

Como hemos comentado en columnas anteriores, existen seis propuestas de ley sobre desarrollo rural, cuya autoría corresponde: tres a partidos políticos, otra al Gabinete de desarrollo rural (Ejecutivo), una más a empresarios aglutinados en Visión de País, y la generada en consenso por una amplia gama de organizaciones campesinas y sociales. La elaboración de la ley en referencia aparece en la agenda prioritaria del Congreso para el presente año; sin embargo, están cerradas la plenarias, y el debate sobre este cardinal tema no llegó. No creemos que se trate simplemente de irresponsabilidad parlamentaria; es una cuestión más bien de prioridades y de cuidar no entrar en contradicciones con los tradicionales financistas de las campañas electorales. Ahora bien, esta situación aún puede rectificarse con voluntad y acción política. Instamos a partidos políticos y cuerpos sociales a que abramos el debate de fondo sobre, por ejemplo, ¿cuál es el mercado prioritario para nuestra producción agrícola y cuáles las medidas para protegerla? ¿Cuáles son las medidas de corto plazo para dotar al campesino de tierra productiva? ¿Cuáles son las medidas para el fomento de la producción familiar campesina? ¿Cuál es la modalidad y el vehículo para canalizar el crédito? ¿Qué institucionalidad requiere el desarrollo rural desde una perspectiva de fomento a la pequeña producción? Son apenas cinco cuestionamientos, de un marco mayor que los guatemaltecos debemos responder, y el Congreso transformar en legislación. No es rehuyéndole al debate como se arreglan las cuestiones, mucho menos con negociaciones en “cuarto oscuro” para hacer una ley a la medida de los empresarios de siempre. Esto no resolverá, más bien empeorará la grave situación de los campesinos empobrecidos del país. Es responsabilidad del Congreso democratizar las oportunidades en el campo y para eso debe escuchar la voz campesina.

Ahora bien, de las propuestas de ley de desarrollo rural, la elaborada por las organizaciones campesinas y sociales todavía no tiene carácter de iniciativa de ley por carecer de legalidad para tal fin, aun cuando está legitimada socialmente. Esta singular situación presenta una oportunidad y un reto histórico para los partidos políticos democráticos: asumir la propuesta de los sectores campesinos y sociales y darle carácter de iniciativa de ley. Esto evitará la desventaja frente a la propuesta de los empresarios, acogida y respaldada por diputados del partido oficial, dándole carácter de iniciativa de ley. El Congreso está de nuevo bajo la lupa de la Historia, y debe actuar como corresponde: legislar para el largo plazo sobre principios de justicia social.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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