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Represión sorda
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 2 de junio de 2007

La Fiscalía nunca ha enderezado acciones.

¿Hasta dónde llega el crimen organizado y en dónde empiezan las fuerzas de “seguridad” del Estado? Es la pregunta que dio inicio a la exposición de la analista y defensora de los Derechos Humanos, con la cual evidenciaba la colusión existente entre crimen organizado y seguridad del Estado.

La diferencia entre unos y otros es tan fina que es casi imposible identificar con precisión a quién responden determinadas estructuras y hechos. Lo cierto es que ambos aparatos y su perfecta coordinación han generado la situación de inseguridad en la cual se debate la nación.

¿Qué diferencia existe entre un crimen cometido bajo la mascarada de “limpieza social” y una vendetta por cuentas no saldadas entre criminales? Ninguna. Ambos son condenables e impactan a la sociedad.

Ahora bien, la campaña que se ha desatado en contra de organizaciones y dirigentes sociales parece ser un elemento catalizador de las “aprehensiones” de ambos grupos: que no se rompa el muro de la impunidad ni se afecten sus negocios. Para lograr esto ambos colaboran entre sí para “golpear organizaciones sociales” robando vehículos de trabajo, secuestrando personas, allanando sedes, hasta el asesinato de dirigentes campesinos, todo realizado de forma sistemática. La Fiscalía específica para defensores de derechos humanos nunca ha enderezado acciones en contra de los responsables materiales ni mucho menos intelectuales de estos deleznables hechos. Otra actividad en donde estos grupos criminales coordinan acciones es el caso de testigos en juicio, en donde protegidos o no, han sido asesinados. Esto a implicado de nuevo el exilio o desplazamiento interno de víctimas y testigos, según ha sido denunciado por organizaciones de Derechos Humanos. Esta situación está conduciendo a un peligro grave, justicia por propia mano, vía linchamiento o “contratando” agentes criminales para consumar la venganza; esto alienta de nuevo el auge del “paramilitarismo”, que no es novedad en Guatemala ni en América Latina, sus resultados están a la vuelta de la esquina: son una medicina peor que la enfermedad, sintetiza un personero de las Naciones Unidas. Entonces, la sociedad entera debe rechazar esta aberrante situación, no pedimos mano dura, –ya tuvimos suficiente–, exigimos un Ministerio Público y una Policía Nacional Civil eficientes y eficaces, y un Presidente de la República capaz de conducir la seguridad para la defensa y no contra los ciudadanos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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