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Un derecho conculcado
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 28 de junio de 2007

La alimentación negada a miles de miles.

Un derecho elemental, que nadie cuestiona, es que todo ser humano debe tener una alimentación suficiente, sana y nutritiva. Sin embargo, en Guatemala su cumplimiento dista -con mucho- de ser una realidad concreta. A nadie escapan los datos lacerantes: más del 50 por ciento de los niños del país padeciendo desnutrición crónica, que en el caso de niños indígenas llega al 70 por ciento. “El tesoro más preciado de la Nación”, los niños, no parece importar ni al Gobierno, ni mucho menos al poder económico y militar de este país. El Gobierno, este en particular, es culpable de la violación a este derecho por acción y omisión. Por acción cuando, vergonzosamente, entrega la soberanía alimentaria de la nación al oligopolio que importa alimentos en el país, el cual, en seis meses de aplicación del TLC con Estados Unidos, dejó de pagar aranceles de importación en tres productos, sensibles en la dieta nacional: maíz blanco y amarillo y arroz en granza, por alrededor de US$40 millones, más de Q300 millones, que no ingresan al erario público. Esto es algo así como cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Otra consecuencia de esta política es terminar de destruir la capacidad productiva nacional de alimentos y subsidiar indirectamente al oligopolio que importa alimentos.

La justificación de esta política es la baja de precios al consumidor. Sin embargo, estos en lugar de bajar han subido en los seis meses de aplicación del TLC. Afectando seriamente la seguridad alimentaría de más de ocho millones de guatemaltecos, consumidores de granos básicos. Este Gobierno es responsable por omisión, al no decretar política alguna a favor de los productores de alimentos. Ni restricciones no arancelarias a la importación de granos. Frente a esta grave situación, Jean Ziegler, relator de la ONU, para el Derecho a la Alimentación, recomendó, desde 2005, a este Gobierno dentro de otras acciones: cumplir con el marco jurídico nacional en la materia, facilitar el acceso a tierra productiva a los campesinos, facilitar el derecho al trabajo, atenuar los efectos nocivos del TLC con EE.UU. para la agricultura y el derecho a alimentarse. En síntesis colocar el derecho a la alimentación como una acción prioritaria del Gobierno. A dos años de las recomendaciones de Ziegler, encontramos una SESAN en quiebra social, política y financiera y ninguna acción gubernamental, más a allá de lo asistencial, para resolver la crisis alimentaria. Ingrato recuerdo tendrá la niñez de este Gobierno empresarial.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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