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Represión sindical y campesina
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 11 de octubre de 2007

Esto ocurre en un Gobierno civil.

Aún tenemos graves problemas de represión y violaciones a los derechos humanos de los agentes sociales en nuestro país. Cito tres ejemplos: el asesinato de Pedro Zamora Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, 2006. El Asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela, secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, el 23 de septiembre de 2007. El intento de asesinato del dirigente campesino Estanislao Calel Tzic, presidente de la Junta Directiva del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el 25 de septiembre de este año. De estos actos criminales, ninguno ha sido esclarecido. Como siempre en Guatemala, fueron ejecutados por “hombres armados, vestidos de particular, sobre cuya pista” se encuentra la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Los casos precedentes han tenido cierta repercusión nacional e internacional por tratarse de dirigentes de organizaciones nacionales. De los crímenes cotidianos nadie da cuenta, ni preocupa más que a la familia. ¿Cómo es posible que esto suceda dentro de un régimen de legalidad? Se habla sobradamente de la infiltración del crimen organizado, en el aparato de Estado. Sin embargo, en los casos referidos, –al margen de la proveniencia de los sicarios– se trata, a nuestro juicio, de intolerancia patronal y empresarial. La resolución de conflictos por la vía negociada judicial o extrajudicial no es aún moneda corriente en los sectores empresariales nacionales. “La tentación” de la mano dura para dirimir los naturales conflictos de intereses entre patronos y trabajadores, campesinos y terratenientes, sigue vigente. Aún en el advenimiento del siglo XXI y la inserción en la dinámica de la globalización económica perviven viejas prácticas represivas. Lo grave del caso es que con una institucionalidad debilucha y un sistema de justicia complaciente las investigaciones no tienen futuro. De lo anterior son testimonio las masacres de las fincas Nueva Linda, Corozo y la Moca en Retalhuleu y Alta Verapaz.

Frente a tal situación y por tratarse de casos emblemáticos, estos deben aparecer en la Agenda de la CICIG, habida cuenta de la incapacidad perniciosa de nuestros entes de investigación. Sin embargo, en tanto esta situación se concreta, la voz de denuncia y condena de la Iglesia Católica, PDH y Usac –entre otros– debe de subir de tono. Estamos frente a una nueva ronda represiva, altamente peligrosa y destructiva. Epílogo al oído ciudadano: si esto sucede en un Gobierno civil, ¿qué más podemos esperar de un Gobierno militarizado? El efecto de “envalentonamiento” en las estructuras represivas y la reactivación de los aparatos de control tendrán una cauda social grave. La ciudadanía tiene la decisión.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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