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Probidad a prueba: Las ONG
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 13 de diciembre de 2007

Contra la mácula que se intenta poner a todas.

El buen nombre de un sector social determinado está siempre sujeto a la conducta de sus miembros o a la interpretación que de su actividad hagan otros. Para el caso de las Organizaciones No Gubernamentales, sin embargo, las acusaciones que ahora se hacen parten de una falacia por generalización imperfecta. Referimos acá la reciente ola de sindicaciones al sector, a partir del hecho de que los diputados aprobaron en el Presupuesto Nacional 2008 asignaciones a entidades de acción benéfica o asistencial que suplen tareas que el Gobierno es incapaz de cumplir. Esto ha sido así en los presupuestos de la nación desde aquellos años en que las hermanas de la caridad se hacían cargo del cuidado de los enfermos, y por tal razón administraban fondos del erario nacional y donaciones del público. Sin embargo, por alguna razón, que algunos sitúan en “primeros ataques” a la gestión Colom, se alborota el cotarro y sin mayor análisis se señala a todo el sector de ONG, con el viejo e irreal argumento de que nadie las fiscaliza. Sorprende, eso sí, que nadie objeta el cúmulo de ONG –incluyendo las fundaciones que se autodenominan brazo social de la iniciativa privada–, que viven en buena medida gracias a la ejecución de proyectos del Ministerio de Educación. Es loable, que se trate de saber quién integra las ONG que reciben fondos públicos, quiénes son sus directivos, y qué capacidades reales poseen para realizar tareas como las que se han propuesto. Y una vez llenos estrictos requisitos es procedente su gestión de un servicio público. Efectivamente somos parte de quienes exigen transparencia y efectividad en el funcionamiento de los entes no gubernamentales, provengan sus fondos del Estado, del público o de la Cooperación Internacional. Estamos, sin embargo, en vehemente desacuerdo con la mácula que pretende imponer a un sector de organizaciones sociales, cuyo fin primordial ha sido la atención de sectores excluidos y que con su concurso generan cambios en su nivel de vida; ONG que buscan provocar cambios en el modelo concentrador y excluyente que rige al país. La generalización que se pretende hacer a partir de una acción política fuera del alcance del sector es deleznable y carece de fundamento. Nadie podría afirmar, por ejemplo, que todos los empresarios del agro han usurpado tierras, evaden impuestos, no pagan el salario mínimo y esquilman a los campesinos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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