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Sistema de impunidad
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 20 de diciembre de 2007

El reciente fallo Constitucional no es más que la evidencia institucional de la complicidad del andamiaje político, social y económico con los opresores y violadores de los derechos humanos.

Pese a este convencimiento, siempre se abrigan esperanzas en que los fallos judiciales serán imparciales y oportunos. Ni lo uno ni lo otro. Ya vimos la deplorable actitud de una mayoría de los jerarcas de la justicia en relación con el Código Agrario, agachando la cerviz al gran capital.

Ahora, las cortes están de nuevo en la mente popular; “la Ley es la Ley y se hizo para cumplirla” es solamente aplicable a quienes carecen de poder político y/o económico. Esto sucede desde tiempos inmemoriales. Existen dignas excepciones, pero solamente son eso, excepciones. Es una institucionalidad diseñada al servicio del avasallamiento y el despojo histórico y reciente.

¿Que los militares no pueden ser juzgados? Claro que no. Si no hay delito que perseguir. Sí, técnicamente no han realizado atrocidades genocidas. A lo más que llegaron fue a masacrar y a borrar del mapa a 400 aldeas, con sus habitantes incluidos; a asesinar a más de 100 mil guatemaltecos y desaparecer forzadamente a más de 50 mil ciudadanos y ciudadanas. No fue más que el fruto del celo desmedido en el cumplimiento del deber. No es cierto que tuvieran la intención de destruir a un pueblo entero, fuera este el k’iché’, o el kaqchikel, o el k’eqchi’. Simplemente cumplían con el mandato de salvar nobles almas del comunismo. Tarea iniciada por los castellanos, al evangelizarlos y salvarlos del politeísmo. Y nadie ha iniciado procesos penales contra ellos y sus “capitanes” generales.

Entonces, técnicamente está comprobado que no existió genocidio, además de que no está documentada ni individualizada la responsabilidad de cada uno de los generales en el proceso que se les endilga. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico no es prueba en juicio, pues carece de firmas autenticadas y de los timbres de ley. Es casi un apócrifo.

Entonces, estando certificado judicialmente que no existe delito qué perseguir, ¿estarán las “fuerzas vivas” de conformidad con el tecnicismo? O más bien, la complicidad con los hechos de financistas y directores “técnicos” de la tragedia hace callar. A los jueces, tal como reza su juramento, que la patria os lo demande. A las víctimas y sus familiares, la conciencia de una vida dedicada a la búsqueda de la justicia.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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