Viejo discurso
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 15 de junio de 2008
El poder político a merced de los señores.
Sostener hegemónica y herméticamente la gran propiedad agraria, sobre las tierras más productivas del país, en cantidades de las cuales sus detentadores no llegaran a conocer los linderos, salvo por avioneta; y mantenerla ociosa e improductiva, nos ha hecho conocer en el mundo como una sociedad feudal, en donde como corresponde, el poder político está en buena medida a merced de los señores. Y es que cómo puede explicarse la actitud del sector empresarial del agro, que exige respeto al estado de derecho, aplicación irrestricta de la ley y persecución al que atenta contra la propiedad, –aún y cuando esta sea ilegítima–, lo cual cambia de forma radical cuando a su juicio la ley afecta sus intereses pecuniarios, en cuyo caso su visión e interpretación del estado de derecho desaparece y se recurre a artificios más bien leguleyos y a un abuso argumental atiborrado de falacias, que busca sorprender al conglomerado social. Algunos ejemplos de esta actitud: el boicot a la aplicación del Artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que otorga al Estado la facultad de expropiar tierras por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público –pese a la claridad del artículo, se argumenta que solamente debe aplicarse para hacer carreteras–. Bloqueo a la formulación de un Código Agrario: situación que se presentó cuando durante el gobierno anterior, en cumplimiento de lo prescrito en la Ley de Registro e Información Catastral, la Corte Suprema de Justicia inició el proceso del cual se retiró por presiones directas de este mismo sector. Ahora estamos exactamente frente a la misma situación, cuando de manera abierta el mismo sector se opone a la aplicación del Decreto 40-70, que busca conseguir el autoabastecimiento alimentario popular. Argumentos: exactamente los mismos: Violación a la Constitución, irrespeto a la propiedad privada, transgresión al principio de libertad empresarial.
Viejo pero efectivo discurso “que convence” gobiernos y otorga de facto un derecho de veto sobre decisiones públicas. Frente a esta actitud recurrente, indolente y nada solidaria, corresponde al Estado aplicar el principio de que el interés social prevalece sobre el interés particular. Y es que más allá de la letra muerta de la Ley, estamos en el centro de una grave crisis humanitaria, cuyo abordaje no debe darse sobre las bases de la ideologización impertinente con que cúpulas conservadoras asumen cualquier propuesta vinculada al agro. El Decreto 40-70, cuya aplicación ha solicitado la FAO desde hace buen tiempo, es una opción parcial de solución, y sin embargo… se muere.
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