Agro inequitativo
Por Helmer Velásquez - Guatemala, 19 de junio de 2008
Un Estado que se hace inviable.
La política de apertura comercial, a la que Guatemala se adhiere siguiendo la corriente dominante y las presiones de las instituciones financieras internacionales, ha traído aparejada una serie de sucesos –lícitos e ilícitos–, para los cuales el país carece de defensa institucional y ciudadana. Uno de los hechos más graves, está vinculado a la tenencia y uso de la tierra. Grandes extensiones del territorio pasan de manos de poseedores campesinos, “con o sin papeles”, a hacendados adquirientes, de buena o mala fe.
Existe –como es lógico–, preferencia por las parcelas legalizadas. Esto debido a que de diez años para acá los gobiernos han impulsado, con vehemencia y prioridad, programas de regularización de tierras –financiados en buena medida por el Banco Mundial–. Este proceso de regularización acelerado, lejos de asegurar la propiedad campesina, la ha expuesto a los medradores. Las familias pobres del campo –sin crédito, asistencia técnica, ni posibilidades reales de mercado– son presa fácil de los compradores del momento y cuando se resisten son amenazados.
Este proceso de concentración de la tierra, desencadena fenómenos inquietantes: más exclusión de las familias del campo al perder su medio de producción; desplazamiento de los cultivos de alimentos, arrasados por siembras para el mercado internacional: azúcar, palma aceitera, hule; depredación boscosa a manos de ganaderos y grandes extensiones de tierra dedicadas al trasiego de ilícitos.
Este, es el caso de comunidades de Izabal, quienes carecen de documentación que soporte su posesión.
El Estado permanece impasible frente a estas acciones denunciadas por las organizaciones: Encuentro Campesino y Frente Campesino Organizado, quienes mantienen litigios, cuyo destino parece irresoluble –por la debilidad del Estado y la inacción de sus instituciones–. La gravedad de la situación es tal, que Estado se asocia a fuerza pública, que llega luego de prolongadas ausencias para aplicar la ley…¡en su contra!
Cómo esperar entonces que campesinos e indígenas; testigos y dolientes de calamidades e injusticias, puedan esperar futuro y respetar un Estado, por ser víctimas de una injusticia. Esta “ruta de futuro” nos aleja cada vez más del camino de construir un Estado democrático de derecho.
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