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Superior al de la Constitución
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 15 de junio de 2005

Ellas constituyen más del 52 por ciento de la población.

El ordenamiento jurídico guatemalteco, del cual la Constitución ocupa la prioridad en la pirámide respectiva, determina que la pena de muerte no podrá imponérsele a las mujeres.

Sin embargo, hay poderes superiores al Estado que han condenado a las féminas a la muerte con violencia, tortura, saña, brutalidad, ventaja, alevosía, crueldad, bestialidad y cualquier otra forma irracional, posible e imaginable.

Aquí en Guatemala, la lucha de las mujeres está anclada en una reivindicación primaria: ¡No ser asesinadas!

No está bien que las mujeres no ocupen los espacios que legítimamente les corresponden, no está bien que no se reconozcan los derechos inherentes a las mujeres y su inmenso aporte al desarrollo.

Es incorrecta la discriminación contra las mujeres. Se debe combatir la falta de equilibrio y equidad. Pero lo que es absoluta y extremadamente inaceptable es que la violencia contra la mujer haya alcanzado grados inimaginables en un país civilizado.

Estamos conscientes de que la violencia contra la mujer se enmarca en la realidad de un país donde prevalece la impunidad, tanto sobre el pasado represivo de un Estado que se definió contrainsurgente, como sobre la contemporaneidad del reino del crimen organizado.

En este círculo de violencia e impunidad, las víctimas son diversas, niños, hombres y mujeres de todas las edades.

Sin embargo, las mil 188 mujeres y niñas asesinadas brutalmente entre 2001 y 2004, según datos de Amnistía Internacional (AI), constituyen una afrenta para la sociedad, agravada porque este feminicidio lleva implícito violencia sexual y formas aterradoras de atormentar a la víctima.

El sistema de justicia es sumamente débil y complaciente, está más preocupado de obtener recursos para su propia seguridad que de atender sus funciones con eficacia. Por su parte, el Ministerio Público apenas ha atendido al nueve por ciento de los casos ocurridos.

También es preciso denunciar la falta de interés y de respeto con que se aborda este grave problema. Se califican de crímenes pasionales y problemas personales los hechos cometidos, lo que permite asumir posturas cómodas y evadir el tratamiento urgente que el problema reclama.

El gobierno tiene la responsabilidad de atender estos llamados a frenar el femicidio, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Ellas constituyen más del 52 por ciento de la población.

AI ha visibilizado el problema a nivel mundial y ha formulado recomendaciones. El Gobierno y, en general el Estado, debe intervenir con urgencia para proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Fuentes: www.prensalibre.com


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