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Una exigencia ciudadana
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 27 de julio de 2005

Las políticas represivas y criminales se cobijaron en el secreto de Estado.

Desde hace más de tres años se han presentado iniciativas para generar una legislación que regule aspectos de importancia capital para la democracia, como los son el derecho de acceso a la información pública, de acceso a datos personales obrantes en archivos estatales y a datos personales en archivos privados, aspectos contenidos en la Constitución, pero que requieren de su desarrollo en una ley ordinaria.

No se trata de modificaciones a la garantía constitucional de la libre emisión del pensamiento, sino que de normar el derecho de la ciudadanía a saber qué información pueda tenerse sobre nosotros, lo cual es una condición básica para la construcción y el fortalecimiento de la democracia.

Las políticas represivas y criminales que condenaron a la ejecución extrajudicial o a la desaparición forzada a miles de personas que nunca tuvieron posibilidad alguna de defensa, se cobijaron en el secreto de Estado, el cual también arropó la impunidad requerida.

Jorge Méndez Herbruger, presidente del Congreso, recientemente recibió una petición de la Asociación de Periodistas de Guatemala, para que se conozca y apruebe la ley de acceso a la información pública y clasificación y desclasificación de información estatal reservada. El dignatario se declaró a favor de esta solicitud.

Hay una iniciativa de ley, presentada por los diputados Nineth Montenegro y Eduardo Zachrisson, que se encuentra en la comisión respectiva, pendiente de recibir el dictamen correspondiente.

Sin embargo, en las prioridades de la agenda legislativa, este tema no está contemplado. Es necesario, por lo tanto, que los diputados lo incorporen urgentemente.

Para fortalecer nuestra incipiente democracia la promulgación de esta ley resulta indispensable, dado los antecedentes autoritarios propios del régimen que durante tantos años sufrimos los y las guatemaltecas, donde el Estado penetró hasta los últimos resquicios de la intimidad ciudadana.

Guatemala tiene compromisos en este sentido en los acuerdos de paz, en la Cumbre de Québec, en la Convención Americana contra la corrupción, donde por cierto, este año, que va a ser evaluado el país, la aprobación de la ley en mención sería una buena señal para combatir la corrupción, ya que no se puede ser transparente sin leyes de acceso a la información.

En lugar de decretos menos importantes, como el tratado de traslado de presos entre Guatemala y España o instituir el 13 de octubre como el día nacional del gerente, emitidas en las tres plenarias extraordinarias de julio, los congresistas deberían conocer y aprobar leyes como ésta, por la que abogamos.

Fuentes: www.prensalibre.com


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