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Desfile de angustias ante la CIDH
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 3 de agosto de 2005

Según cifras oficiales, solamente el 5 por ciento de los casos llevados a los tribunales han terminado con una sentencia.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita oficial al país con el objetivo de verificar las múltiples casos de amenazas y agresiones en contra de defensores de los derechos humanos. La situación es tal, que la Comisión se ve excedida en su capacidad para atender las denuncias recibidas en contra del estado guatemalteco.

Es tan grande y descomunal la tragedia que resulta difícil jerarquizar.

El primer trimestre del año, se reportaron mil 580 personas asesinadas en forma violenta, entre las cuales 89 fueron víctimas menores de 15 años. Se produjeron 11 ejecuciones extrajudiciales.

En el mismo período hubo 323 asesinatos de mujeres, el 67 por ciento de estos femicidios se ejecutaron con armas de fuego. Una constante característica es la brutalidad con que se cometen, la mutilación, la violencia sexual y la tortura. El victimario busca dejar visibilizado en el cuerpo de la fémina su superioridad.

La delegación de la CIDH conoció acerca de los 130 ataques en contra de activistas sociales y de los 18 allanamientos a instituciones que velan por las garantías constitucionales En el caso de la Prensa, se documentaron 26 agresiones, 18 ocurridas en los departamentos. El Colegio de Abogados hizo llegar su preocupación por la situación de violencia e impunidad prevaleciente, señalando el creciente número de asesinados entre sus agremiados.

Susana Villarán, vicepresidenta de la entidad y relatora para el país, encabezó la delegación de la CIDH, que se entrevistó con funcionarios de alto nivel y con entidades sociales.

Uno de los principales problemas detectados por Villarán fue la impunidad. Según cifras oficiales, solamente el cinco por ciento de los casos llevado a los tribunales han terminado con una sentencia, situación que denota la incapacidad del Estado para garantizar el respeto a la integridad y derechos de los y las ciudadanas.

Villarán instó al Gobierno a implementar planes inmediatos que agilicen las diligencias en el sistema de justicia, sin discriminación ni exclusión, a erradicar la impunidad y la corrupción, así como a ejecutar una política de seguridad ciudadana.

Muchas de las quejas recibidas por la relatora giran en torno a la denuncia de que el Estado se ha convertido en un ente tolerante y encubridor, por lo que urgieron la intervención de instancias internacionales.

Lamentablemente, Guatemala se ubica de nuevo en la palestra internacional como un Estado responsable, por acción u omisión, de que se violen flagrantemente los derechos humanos de sus ciudadanos (as), materia en la cual tenemos un macabro historial reconocido mundialmente.

Fuentes: www.prensalibre.com


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