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¡Están sabidos!
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 8 de febrero de 2007

Son numerosos los llamados hechos a las autoridades centrales para que intervengan en la problemática.

En El Estor, Izabal, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, en coordinación con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), concesionaria de Sky Resources, han ejecutado desalojos violentos de campesinos asentado en tierras concesionadas por el Estado a dicha transnacional, según denuncias reiteradas de los afectados y de la Defensoría Queqchí, que infructuosamente ha acudido a instancias legales para obtener algún apoyo, pero, como suele suceder en estos casos, sin ningún resultado.

En noviembre de 2006, ya habían sido expulsadas de estas tierras aproximadamente 400 familias. El pasado 17 de enero, las fuerzas de seguridad dispersaron con gas lacrimógeno a dirigentes comunitarios que se encontraban reunidos en la zona, acción que causó afecciones de la vista y garganta en niños y personas de la tercera edad de comunidades aledañas.

Según varias estimaciones, a la fecha son mil 200 familias las desalojadas en estas áreas concesionadas a la transnacional referida. Waldemar Barrera, representante del procurador de los Derechos Humanos en Izabal, ha informado que esa empresa cuenta con áreas que ni siquiera utiliza.

Esa compañía también ha iniciado procesos judiciales en contra de ambientalistas, quienes cuestionan la contaminación que sufren las áreas protegidas. Barrera ha denunciado que en algunos de los desalojos efectuados, el MP ni siquiera ha presentado la orden judicial correspondiente, o la que lleva no corresponde a la finca en donde la acción represiva se ejecuta.

Son numerosos los llamados hechos a las autoridades centrales para que intervengan en la problemática, buscando generar el entendimiento entre los afectados; pero, sobre todo, para que se respeten los derechos de la población.

Es cierto que la empresa está entregando entre Q500 y Q1 mil a las familias afectadas, pero esta suma no compensa el daño causado, ni resuelve la situación de desamparo en que queda la población. En un video hecho circular internacionalmente, se muestra la destrucción de bienes y cultivos de los comunitarios, infligida por cientos de agentes de la Policía y efectivos del Ejército.

También la desesperada protesta de una joven mujer intentando que los intrusos comprendan que ellos están en sus tierras, que la compañía es extranjera, que ofreció trabajo y lo que trajo fue injusticia. “¡Sientan lástima!”, clamaba la indefensa y valiente campesina.

En esa ocasión, el fiscal leyó impávido la orden; “¡están sabidos!”, terminó diciendo. Y así, todos estamos sabidos de a quién sirve la justicia, y cómo nuestros recursos naturales se van y nos dejan depredación, violencia y más pobreza.

Fuente: www.prensalibre.com


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