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Arde el vecindario
Por Ileana Alamilla - Guatemala, 25 de abril de 2007

El crimen organizado recurre a esquemas de violencia extrema; busca intimidar a sus adversarios y a las comunidades.

Hace pocos días, se realizó el más grande decomiso de dinero del que se haya tenido conocimiento en el mundo. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron US$205 millones, 17 millones de pesos, una cantidad no determinada de euros y otros valores, producto de acciones de los narcotraficantes. La magnitud de este grave problema está siendo constatada cada vez más por las autoridades y la población, en donde, además, el narcomenudeo se lleva a cabo hasta en las escuelas.

El crimen organizado recurre a esquemas de violencia extrema, tipo terrorista; busca intimidar a sus adversarios y a las comunidades, para garantizar la impunidad. Según fuentes oficiales, en la clasificación por categorías, México casi alcanza el límite máximo, mientras que Colombia observa un leve descenso.

Estos poderes paralelos actúan en grupos, los mueve el ánimo de lucro desmedido, se constituyen en un poder invisible con redes en todas las esferas, gobiernan atrás o por encima de las autoridades, tienen la posibilidad de imponer, cooptar o comprar voluntades, y su influencia es patente y patética en toda la sociedad.

Dadas estas condiciones y el desplazamiento de los carteles hacia diferentes estados, México se ha colocado en una condición de país en guerra para los periodistas, quienes están siendo brutalmente asesinados cuando informan de estos hechos, lo que ha ocasionado una autocensura, que tiene como efecto imponer el silencio sobre la realidad, para evitar reacciones adversas a los intereses de quienes la provocan.

Gobierno y sociedad mexicana están enfrentando una cruenta lucha en contra de este descomunal enemigo, que anula el ejercicio de derechos básicos y provoca enormes sufrimientos, pérdidas humanas y materiales.

Entre estos derechos conculcados está el de libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que, situados en medio de este escenario, se desvanece en la conciencia de las personas lo trágico que resulta el hecho de que ya no se refleje en los medios de comunicación lo que sucede en la realidad nacional.

Otro efecto perverso es que se inhibe la reivindicación del derecho a la libre expresión y a la información, situación que lleva a los trabajadores de la Prensa a la conclusión de que no vale la pena arriesgarse por algo que no es valorado.

En Guatemala, hay peligro de replicar esos escenarios si no se avanza en políticas públicas de seguridad y prevención. Los peligros son latentes y los efectos inconmensurables. Pero la estrategia debe basarse en una alianza Estado-sociedad civil-comunidad internacional, para enfrentar este flagelo. La Cicicg es, entre otros, un paso necesario.

Fuente: www.prensalibre.com


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